Cristina Narbona (Presidenta del PSOE): “El proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal”
La exministra de Medio Ambiente y exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear habla para El Salto sobre los peligros de la mina de uranio de Salamanca, sobre la crisis de la energía nuclear y sobre la minera Berkeley, “especializada en comprar y vender derechos mineros más que en explotarlos”.
Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista
Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente (2004-2008) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De conocida vocación antinuclear se convirtió en consejera del Consejo de Seguridad Nuclear en 2013, puesto que ocupó hasta 2017. En 2015, fue la única consejera que se abstuvo en la votación del CSN que aprobó la mina de Salamanca. “Reanudar la minería de uranio en Salamanca me repugna desde el punto de vista moral”, dijo entonces entonces Narbona. En 2012, fue coautora del libro La energía después de Fukushima (Ediciones Turpial) en el que habla de la crisis de la energía nuclear tras el accidente en esta central japonesa. Actualmente es la presidenta del PSOE.
¿Por qué ese interés de Berkeley para explotar unas minas que la empresa pública del uranio, Enusa, ha dicho que no son rentables?
No quiero teorizar sobre los intereses reales de la empresa, pero los hechos están ahí, a la vista de todos. Sabemos que la empresa pública Enusa renunció en 2012 a explotar la mina de Retortillo porque el precio del uranio era tan bajo que no había posibilidad de hacer rentables las inversiones. Cuando repuntó el precio de este mineral, la empresa australiana Berkeley, especializada en comprar y vender derechos mineros más que en explotarlos, decidió reactivar el proyecto.
Berkeley está interesada en tres asuntos: por un lado, en la mina (extracción de mineral) y, por otro lado, en la planta de fabricación de concentrados de uranio, ambas situadas a 30 kilómetros de la frontera con Portugal. Y, finalmente, también quiere obtener permisos de investigación minera. Busca rentabilidades, por lo tanto, en esas tres direcciones.
¿Hay perspectivas a corto o medio plazo de un aumento en el precio del uranio que justifique el proyecto minero de la Berkeley?
Para entender el tablero del combustible nuclear hay que tener una perspectiva global. Su precio tocó mínimos históricos en diciembre de 2016.
La cuestión es que, como vemos, estamos ante un mercado de precios volátiles, muy inestable, ya que la tecnología nuclear cada vez está más cuestionada dados los riesgos que supone y el problema añadido que implica la gestión de los peligrosos y duraderos residuos nucleares.
Así, aunque mañana el precio del uranio pudiera estar a 60 dólares la libra, en cuestión de meses podría descender rápidamente su precio, especialmente en caso de que hubiera un accidente nuclear en algún lugar del mundo, como así sucedió cuando en marzo de 2011 sucedió la catástrofe de Fukushima.
¿Se han cumplido los requisitos ambientales para abrirla?
La concesión minera está atravesada por el río Yeltes, paraje sobre el que se han definido dos espacios de especial protección a nivel europeo (Red Natura 2000): la Zona de Especial Protección para las Aves de las Riberas de los ríos Huebra y Yeltes (ZEPA ES0000247) y el Lugar de Interés Comunitario de las Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes.
El proyecto de mina en Retortillo está siendo investigado por las fiscalías de Salamanca y de Medio Ambiente por acometer obras sin permiso y por los presuntos daños a zonas con protección medioambiental de la Red Natura 2000. Además, el proceso administrativo está siendo instruido por la Audiencia Nacional.
En julio de 2015 el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó positivamente —pero sin unanimidad, ya que no contó con mi voto favorable— el emplazamiento de la planta de fabricación de concentrados de uranio. El CSN, eso sí, impuso algunas importantes exigencias, como, por ejemplo, que la empresa no pudiera realizar ninguna actividad que altere de manera significativa el fondo radiológico natural del emplazamiento.
Por otra parte, la planta de Retortillo tiene aún dos temas pendientes de cumplimiento: por un lado, está aún pendiente de aprobación por parte del CSN el Programa de Vigilancia Radiológica Pre-operacional. Y, por otro lado, falta que Berkeley presente al Consejo el Plan de Vigilancia de Aguas Subterráneas. Esto significa que hasta que ambos programas no estén aprobados por el CSN, bajo ningún concepto Berkeley contará con la autorización de construcción de la planta.
También sabemos que la Comisión Europea abrió el año pasado una investigación a España sobre esta mina de uranio. Bruselas investiga si el proyecto cumple con varias disposiciones de la normativa de la Unión Europea, entre ellas la directiva de repercusiones medioambientales y la directiva Hábitats. La Comisión Europea también ha reprochado a España (el 26 de julio de 2016, mediante carta escrita) que no esté cumpliendo con su obligación de informar correctamente a Bruselas de un proyecto de estas características. La minería de uranio es una operación que entra en el ámbito de aplicación del artículo 37 del tratado Euratom y, por tanto, obliga al Estado miembro que concede la licencia a presentar toda la información pertinente.
Tampoco podemos perder de vista que el proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal, como el que se dio con el almacén de residuos de la central nuclear de Almaraz. El Gobierno portugués ha afirmado estar preocupado por la cercanía de la explotación a su frontera y, más concretamente, al río Duero. Lisboa reclamó a España información detallada sobre el proyecto el año pasado.
De hecho, la agencia medioambiental portuguesa ha elaborado un informe en el que afirma que la mina es susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal, tanto por la proximidad a la frontera (40 kilómetros desde la ubicación de la mina) y la dirección de los vientos, como por los efectos de la explotación en el río Yeltes, afluente del Huebra que a su vez desemboca en el río Duero. La preocupación se centra en la contaminación radiológica y por metales pesados, y en la calidad del agua, debido a la importancia del río Duero para la disponibilidad de agua para el abastecimiento público de aproximadamente dos millones de personas y para el riego de todo el Duero Vinícola.
Por este motivo, hace apenas un mes, en febrero de 2018, el Gobierno de Portugal reclamó a España una evaluación de impacto ambiental transfronteriza, que tenga en cuenta también las repercusiones del proyecto para el territorio luso. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, visitó recientemente Retortillo (con una delegación de parlamentarios lusos) para recabar información de primera mano sobre el proyecto.
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