DENUNCIAMOS la opacidad del Ayuntamiento de Retortillo tras incumplir reiteradamente las resoluciones del Comisionado de Transparencia y del Defensor del Pueblo sobre la minera Berkeley.
Ante la continua negativa del equipo de gobierno local a acatar las resoluciones de obligado cumplimiento y las recomendaciones emitidas tanto por el Comisionado de Transparencia de Castilla y León como por el Defensor del Pueblo. Ambas instituciones independientes nos han dado reiteradamente la razón frente a la opacidad municipal en torno a las relaciones económicas y administrativas del consistorio con la empresa Berkeley Minera.
El origen del conflicto se remonta a las solicitudes de información pública presentadas para arrojar luz sobre las actuaciones municipales sobre dos asuntos de alto interés público. En concreto, el consistorio mantiene bloqueada y oculta la documentación relativa a un expediente sancionador abierto a Berkeley Minera en febrero de 2017 y aún sin resolver. Del mismo modo, el Ayuntamiento se niega a facilitar los movimientos bancarios de ingresos y gastos registrados entre el Ayuntamiento de Retortillo y la empresa minera desde el año 2011 hasta la actualidad.
Es una burla a las instituciones democráticas de Castilla y León y al Defensor del Pueblo. «Si no hay nada que esconder en las cuentas y los expedientes de Berkeley desde 2011, ¿por qué prefieren ponerse al margen de la ley antes que enseñar los extractos bancarios y los documentos existentes en el expediente sancionador?».
Ante la situación de absoluta indefensión y el bloqueo institucional deliberado por parte del equipo de gobierno de Retortillo, hemos presentado recientemente una denuncia ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León para que tenga conocimiento de la opacidad contable en el ayuntamiento y verifique el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, contratación, convenios y control interno del citado ayuntamiento e incluya la fiscalización específica de sus ingresos, gastos y operaciones vinculadas con Berkeley Minera España.
Valoramos también, para que el ayuntamiento cumpla las resoluciones, emprender acciones legales interponiendo un recurso contencioso-administrativo en el juzgado, además de trasladar formalmente este desacato continuado a la Fiscalía para que evalúe las posibles responsabilidades derivadas de ignorar las resoluciones de las autoridades supervisoras.



















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