D. Jorge Rodríguez Martín alcalde de Villavieja de Yeltes presentó ayer 08 de marzo de 2022 en Madrid, una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por los derechos mineros otorgados a Berkeley Minera España S.L. en exclusiva y excluyente de los derechos de explotación de las reservas definitivas de uranio denominadas Salamanca 28 y Salamanca 29, al no haberse seguido los procedimientos establecidos para la explotación de las RESERVAS DEFINITIVAS del ESTADO, tanto en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, como en el Reglamento General para el Régimen de la Minería (Real Decreto 2857/1978).
Jorge Rodríguez Martín ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid.
En la amplia información aportada con la denuncia, el Ayuntamiento de Villavieja demuestra que hay "indicios sólidos" más que suficientes para establecer que la irregular situación sobre los derechos de las mencionadas reservas ha sido fruto de un intento parcialmente logrado de privatización encubierta e ilegal de los recursos de uranio, pudiéndose haber cometido en esta compleja operación delitos contra la Administración pública.
La presentación de esta solicitud ante la Fiscalía Especial contra
la Corrupción y la Criminalidad Organizada da cumplimiento al
acuerdo plenario del 1 de octubre de 2021 para poner en
conocimiento de la Fiscalía la información recabada tras las
investigaciones y los trámites realizados por el ayuntamiento,
atendiendo a la legitimación del Acuerdo Plenario del 13 de junio
de 2014 en el que se determinó la ejecución de las acciones
municipales necesarias para esclarecer el objeto de las
instalaciones mineras proyectadas por Berkeley.
Demostraremos que a partir de 2005 la empresa junior australiana BERKELEY
RESOURCES LTD, (en adelante Berkeley) formó parte de una estrategia empresarial
plagada de ramificaciones, CUYO OBJETIVO ORIGINAL ERA HACERSE CON LOS
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS RESERVAS DEFINITIVAS DE URANIO A
FAVOR DEL ESTADO, PARA REANUDAR SU EXTRACCIÓN EN ESPAÑA O PARA
ESPECULAR CON DICHOS ACTIVOS EN DIFERENTES BOLSAS. En aquellas fechas
los derechos de investigación y explotación de las reservas definitivas obraban en
poder de la empresa pública española ENUSA Industrias Avanzadas SA, (en adelante
Enusa) quien puso en marcha “un proceso de selección” presuntamente al margen de
los procedimientos administrativos regulados por el Reglamento General para el
régimen de la Minería (Real Decreto 2857/1978), al objeto de explotar, mediante un
consorcio, buena parte de sus derechos mineros sobre las reservas del estado, en el que
Berkeley se quedaría con el 90% de los beneficios. A pesar de que la start-up contaba
con escasa o nula experiencia y de que su capacidad técnica solo estaba avalada por la
participación de Areva, con un 14% de las acciones de la australiana, Berkeley fue la
empresa “seleccionada” para la constitución del consorcio, aprobado por el Consejo
de Ministros el 29 de abril de 2009. Pero en marzo de 2012, tras el rechazo de Enusa
de los estudios de viabilidad que Berkeley presentó al consorcio para la reanudación de
la explotación de las reservas, Berkeley anunció una demanda contra Enusa ante la
corte de arbitraje de París, por la que reclamaría a la nacional una indemnización de
150.000.000 €. El 17 de julio del 2012, Enusa y Berkeley zanjaron sus desencuentros
firmando una “ADENDA QUE MODIFICABA EL ACUERDO INICIAL” ante notario, por la que Enusa cedía a Berkeley los derechos de investigación y explotación de las
reservas definitivas nº 6362 y nº 6363, conocidas como “Salamanca 28” y
“Salamanca 29”, localizadas en Alameda de Gardón, provincia de Salamanca.
Según los datos derivados de los trabajos de investigación realizados por la Junta de
Energía Nuclear y Enusa, las reservas nº 6362 y nº 6363, presuntamente cedidas de
forma irregular a Berkeley, mediante la citada ADENDA, sin contraprestaciones
para el Estado, podrían albergar un total de 30,6 millones de libras de óxido de
uranio (𝑼𝟑𝑶𝟖), que valoradas con los precios de referencia de la fecha de la cesión
(40 $/𝒍𝒃), alcanzarían un valor aproximado de 1.224.000.000$, cifra más que
suficiente para prestar atención a la presente solicitud, que se interpone tras un
exhaustivo proceso de investigación y análisis.
A pesar de la total falta de transparencia en torno a la mencionada Adenda, que
constataremos en la documentación adjunta, resulta obvio que los derechos de
investigación y explotación fueron cedidos por ENUSA, tal y como lo demuestra el
hecho de que Berkeley presentó ante la Dirección General de Política Energética y
Minas una solicitud de autorización previa de la Planta Alameda como instalación
radiactiva de 1ª categoría, el 7 de mayo de 2021, que fue inadmitida según la Orden
TED/1438/2021, de 10 de diciembre.
Tras lo expuesto,
A la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,
SOLICITO: Que tenga por recibido este escrito, y cuanta documentación lo
acompaña, y en su virtud INICIE ESTA FISCALÍA LA CORRESPONDIENTE
INVESTIGACIÓN en defensa de los intereses generales del Estado. Es justo.
En MADRID, a 8 de marzo de 2022.
Firmado: Jorge Rodríguez Martín
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