23 de febrero de 2021

CARPETAZO DEFINITIVO A LA MINA DE URANIO DE RETORTILLO (SALAMANCA)

Congreso acuerda que no se autorizarán más hidrocarburos ni minería de uranio tras la ley de cambio climático.

Podemos asegura que con este cambio podría darse carpetazo definitivamente a la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).


La entrada en vigor de la futura Ley de Cambio Climático y Transición energética pondrá fin a la posibilidad de nuevas autorizaciones de exploración o explotación de hidrocarburos así como de minería de materiales radiactivos, según ha acordado este martes la Ponencia del Congreso que negocia el citado proyecto legislativo.

La enmienda transaccional al artículo 8, propuesta de PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha salido adelante con el apoyo del PP, EH-Bildu, Teruel Existe y ERC; la abstención de PNV y Cs y el voto en contra de Más País y Vox.

De este modo, el texto propuesto por la ponencia establece que cuando entre en vigor la ley "no se admitirán nuevas solicitudes" para otorgar permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.

Además, añade que a la entrada en vigor de la ley ya no se admitirán "nuevas solicitudes" para la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para procesar esos minerales radiactivos". Se refiere en particular a las que están "definidas como tal en el Reglamento de Instalaciones nucleares y radiactivas".



En la actualidad la empresa australiana Berkeley Minera ha solicitado autorización para extraer uranio en la mina de Retortillo (Salamanca). El expediente está pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que es preceptivo --aunque no vinculante de ser favorable-- para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico autorice o no la concesión minera.

En ese sentido, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha explicado a Europa Press que en caso de que este permiso no esté concedido antes de que la ley de cambio climático entre en vigor, supondría dar el carpetazo definitivo al proyecto de minería de uranio a cielo abierto en la localidad salmantina.

Recientemente la empresa ha urgido al CSN que evacue a la mayor brevedad el informe definitivo sobre el proyecto minero, de acuerdo con la solicitud planteada, y ha lamentado que el retraso de más de dos años en la terminación del expediente por parte del regulador basándose en criterios exclusivamente técnicos.

Este informe es necesario para completar la tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sin embargo, desde el regulador se ha interpretado que la expresión de esta urgencia por carta al presidente del CSN como un intento de presión que ha sido puesta en conocimiento de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El presidente del CSN, José María Serena i Sender comparecerá ante la citada comisión el próximo 8 de marzo.

22 de febrero de 2021

LA MINA DE URANIO CONLLEVA "RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SALUD QUE SON INACEPTABLES".

Las principales organizaciones ecologistas del país rechazan los argumentos de Berkeley para abrir la mina de uranio de Retortillo

Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF  alertan sobre la argumentación que la multinacional australiana Berkeley defiende para llevar a cabo la apertura de la mina, aduciendo un aumento de la inversión económica y creación de puestos de trabajo, y piden en su lugar fomentar empleos "estables, duraderos y sostenibles en la zona" y no contraponer desarrollo y empleo a la conservación de la naturaleza.

Las cinco organizaciones reiteran que el proyecto de mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada conllevan riesgos ambientales, sociales y sobre la salud que son inaceptables. "La multinacional emplea argumentos de inversión económica como una oportunidad de futuro, vulnerando la seguridad, la salud y un futuro para los habitantes de la zona", critican.

Asimismo, recuerdan que, desde un principio, la autorización de este proyecto de alto riesgo ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local. Así, el proyecto obtuvo "inexplicablemente" una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 8 de octubre de 2013) pese a que la Evaluación de Impacto Ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni, aún más grave, los impactos sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos.

Hace unas semanas, el Consejo de Seguridad Nuclear denunció presiones de la Junta de Castilla y León y de Berkeley para autorizar la que sería la única mina a cielo abierto de la Unión Europea. En concreto, fue el entonces director de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, quien envió una carta al CSN que su presidente considera contenía "solicitudes e insinuaciones impropias”. Estas asociaciones rechazan las amenazas de emprender acciones judiciales si el Parlamento, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir la minería de uranio en el país.

Impacto en el medio.

Las organizaciones señalan que, hasta el momento, la empresa ha destrozado 40 hectáreas de arbolado y ha enfrentado a la población local. Las entidades ambientales recuerdan que lo único que posee la empresa son unas pequeñas instalaciones prefabricadas que rompen la belleza paisajística del entorno del río Yeltes, espacio incluido en la Red Natura 2000 al ser considerado una Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Ante lo que consideran una "nueva jugada" de la multinacional para argumentar el desarrollo del proyecto, las ONG ambientales ponen de manifiesto que la única salida viable a medio plazo de la actual crisis social, ambiental y económica "pasa por tomar medidas valientes y de forma urgente, que se ajusten a los objetivos de reducción de emisiones y descarbonización y a las estrategias para mejorar la biodiversidad y reducir la contaminación. Y todo ello, en el marco de una transición justa, que no deje a nadie atrás".

Las OG creen que lejos de promover el desarrollo sostenible y la creación de empleo de calidad, este proyecto minero pondría en riesgo la economía y la salud local, acabando de forma inmediata con actividades tradicionales como la ganadería de vacuno o el turismo rural y termal que hay en la zona.

Las principales organizaciones ecologistas del país rechazan los argumentos de Berkeley para abrir la mina de uranio de Retortillo (eldiario.es)  

21 de febrero de 2021

LA HORA DE LA VERDAD PARA LA MINA DE URANIO QUE AMENAZA LA DEHESA DE RETORTILLO

Tras más de una década de polémicas, el Consejo de Seguridad Nuclear y la nueva ley de cambio climático pueden enterrar el proyecto minero de Berkeley, que dejaría un legado de residuos radiactivos para las generaciones futuras. La empresa amenaza con una demanda de 500 millones si se frena su aventura.


La bola de nieve en la que se ha convertido la mina de uranio de Retortillo es gigante después de rodar casi una década. Pero, tras años en los que las Administraciones no han frenado su marcha, se acerca la hora de la verdad para este polémico proyecto que amenaza la dehesa salmantina y que dejaría tras de sí un rastro perpetuo en forma de residuos radiactivos de los que deberán hacerse cargo las futuras generaciones. 

Por un lado, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está terminando el análisis del permiso clave para la construcción de la planta de procesamiento del uranio; si no se concede esa autorización, todo el proyecto de la mina sería inviable económicamente. Por otro, PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda a la futura ley de cambio climático que cierra la puerta en España a esta mina en concreto y a la minería del uranio en general. La empresa promotora, Berkeley, amenaza con reclamar 500 millones de euros al Estado si la ley climática frena sus intenciones. 

“Desde el 14 de marzo por aquí no viene nadie”, se lamentan al borde de la carretera Eugenia González (73 años) y Tomás Romo (68). Tienen cuatro hijos, un perro llamado Pipo y un bar junto al Balneario de Retortillo, uno de los principales motores económicos de la zona. A ellos, como a todos, la crisis de la covid les ha golpeado fuerte el bolsillo porque el hotel lleva desde la primavera del año pasado cerrado. Esperan que la pandemia pase, y lo que más les preocupa es que la mina salga adelante. La explotación estaría pegada al balneario, que tiene más de un siglo de vida y 140 habitaciones. “Que nos dejen tranquilos, que se marchen”, pide Romo a Berkeley. “Esto es un paraíso”, añade sobre la belleza de este lugar sembrado de encinas centenarias y granito. 

“Explotación minera”, se lee en un cartel amarillo a unos cientos de metros del bar de este matrimonio. “Peligro, materias explosivas”, avisa otro a pesar de que el sonido más fuerte que se puede oír aquí es el mugido de la vaca que pasta frente a la valla en la que está colgado el letrero. Un poco más allá, una pancarta descolorida y medio caída defiende el proyecto: “Sí a la mina, al trabajo, al futuro”. Estos avisos amarillos y los cartelones están colocados en las parcelas que Berkeley ha ido adquiriendo en los últimos años para desarrollar un proyecto de más de 680 hectáreas. “No a la mina, sí a la vida”, responden otras pintadas contra la explotación diseminadas por fachadas y señales de tráfico. 

Esta discusión muda entre carteles y pintadas resume bien la división que hay respecto a los planes de Berkeley, una empresa que se dice minera pero que ni explota ni ha explotado nunca un yacimiento de uranio ni de ningún tipo, según admite el presidente de la compañía, Francisco Bellón. “Aquí hay gente de los dos bandos”, dice Eustaquio Martín (PP), alcalde de Retortillo, de 200 habitantes. “Los que tienen la vida resuelta están en contra de la mina”, describe el regidor con una brocha muy gorda. Él está a favor y reconoce que su empresa de servicios forestales ha trabajado para Berkeley en los últimos años.

La empresa Berkeley ha comprado varias parcelas en el municipio salmantino de Retortillo para extraer uranio en una explotación a cielo abierto. El proyecto contempla también una planta de procesado y el almacenamiento de residuos radiactivos.

Pese a no contar con todos los permisos, Berkeley ya ha realizado varios desmontes —que han implicado la eliminación de cientos de encinas—, ha horadado la tierra para crear una gran balsa e, incluso, inició una carretera cuya construcción está ahora paralizada. Esas son las cicatrices que se ven. Pero hay otras más profundas: “El mal que nos han hecho ya no nos lo quita nadie, yo no me hablo con mis hermanos”, dice Jesús Cruz, miembro de la plataforma Stop Uranio, que lleva años batallando contra el proyecto. “En todas las familias hay alguien a favor y en contra, las relaciones ya no son iguales que antes”, añade Juan Matías Garzón, el alcalde socialista del municipio vecino de Boada y contrario también a la mina. Este regidor hizo un referéndum entre los 300 habitantes de su pueblo. “Y el 98% de la gente está en contra”.

Pero, ¿en qué consiste este proyecto? Lo que pretende hacer Berkeley desde hace una década sin éxito es explotar una veta de uranio que hay bajo los pies del municipio de Retortillo y del vecino Villavieja de Yeltes (800 habitantes). Para ello se abrirían cinco cortas para extraer el mineral a cielo abierto. Sería la única mina de uranio operativa en Europa.

Pero el proyecto no se queda ahí: también se contempla la construcción de una planta de tratamiento para la fabricación de concentrados de uranio. Y, lo que resulta aún más conflictivo, en dos de esas cortas (una en Retortillo y otra en Villavieja) se enterrarán los residuos radiactivos que generarían los procesos llevados a cabo en esa planta. “Son residuos radiactivos de muy baja intensidad de vida larga, pero necesitan una vigilancia perpetua”, explican fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear.


La zona en la que se pretende llevar a cabo el proyecto está salpicada de encinas centenarias bajo las que pasta el ganado, una de las fuentes de sustento de los vecinos

Los planes de la empresa son operar estos yacimientos durante 10 años, aunque Bellón asegura que se podría llegar incluso hasta los 15. Luego, su programa económico prevé un plan de vigilancia con “un coste anual de 185.000 euros durante los cinco años posteriores a la finalización de la restauración”, es decir, 925.000 euros en total. La duda es qué ocurrirá después, a partir del sexto año, y quién asumirá las “obligaciones de vigilancia radiológica perpetuas”, como las ha definido el CSN en varios informes relativos al proyecto. En esos documentos técnicos ya se advierte de la carga que supondrá “para las generaciones futuras” este almacenaje de desechos radiactivos.

En España existió entre 1948 y 2000 una minería de uranio en yacimientos de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Pero a finales del siglo pasado Enusa, la empresa pública que ha operado todas esas minas del país, decidió cerrar la última de sus explotaciones al considerar que ya no era rentable. De la restauración y el control de los residuos radiactivos generados durante medio siglo con esta actividad se encarga Enusa y otra empresa pública: Enresa.

En el caso de Retortillo la situación es distinta. “Sería la primera vez que se concedería una autorización que generaría un volumen de residuos de minería del uranio a una empresa cuyo capital es 100% privado”, señala Nieves Gaitán, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. El temor de muchos es que, al final, una empresa privada explote este yacimiento salmantino (y obtenga sus beneficios) pero los costes de la vigilancia de los residuos los acaben pagando todos los españoles durante muchas generaciones.

“Que nos dejen tranquilos, que se marchen”, dice Tomás Romo, que posa junto a su esposa Eugenia González delante del bar que regentan junto al Balneario de Retortillo. Temen que la mina acabe con su negocio si finalmente sale adelante.

“A nosotros nos ofrecieron acabar la residencia de ancianos, construirnos un colegio nuevo”, dice Jorge Rodríguez, alcalde socialista de Villavieja de Yelves. Una llamada de teléfono interrumpe las explicaciones del regidor. “Yo no metería mi dinero ahí”, le dice a su interlocutor al cabo del rato. Al otro lado del teléfono una persona que se identifica como inversor le pregunta si su Consistorio tiene previsto conceder algún permiso nuevo a la mina y si cree que saldrá adelante. “Suele ocurrir”, explica el alcalde después de colgar. “Algunos inversores llaman al Ayuntamiento, le dan mi móvil y me preguntan sobre el proyecto”, apunta Rodríguez, quien también se opone a la mina.

Pese a no explotar ningún yacimiento y no contar con todos los permisos para empezar a operar, Berkeley cotiza en la Bolsa de Madrid. Y sus acciones tan pronto bajan un 50% un día como suben un 65% una semana después para volver a caer con fuerza al poco. Como una “burbuja de especulación” ha definido este proyecto el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde en varias ocasiones.

La llamada que ha recibido Rodríguez mientras hablaba con los reporteros de EL PAÍS tiene una explicación. En los últimos días, las acciones de esta empresa, que también tiene sede en Londres y Australia, están subiendo entre rumores. Hace dos semanas, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear comenzó el análisis del informe final para la autorización de la construcción de la planta de procesado del proyecto. De momento, los cinco consejeros del CSN (tres nombrados a propuesta del PSOE, uno de Podemos y otro de PP) han empezado a estudiar los informes sectoriales de la decena larga de áreas de este supervisor que se tienen que pronunciar. Las fuentes del organismo consultadas apuntan a que existen dudas técnicas respecto al proyecto, como las referidas a la hidrogeología de la zona y las posibles filtraciones de materiales peligros a los acuíferos. El trabajo de análisis de los informes técnicos tomará semanas, según estas fuentes, y la última palabra la tendrán los cinco consejeros del CSN. Luego, el Ministerio para la Transición Ecológica tendría que validar la autorización de construcción.

Este no sería el último permiso. Aún se necesitaría, entre otros, una autorización de explotación, que también dependería del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero Bellón admite que este es un “momento muy importante” para su proyecto. Y no encuentra razones técnicas para que no se le conceda el visto bueno. “No se pueden obviar los permisos ya otorgados”, añade sobre los pronunciamientos que ha hecho el organismo en todo el proceso de licenciamiento.

El centenario Balneario de Retortillo, a orillas del río Yeltes, era hasta la pandemia el motor económico de la zona. Su viabilidad peligra si abre la mina, que se ubicaría justo detrás de este hotel de 140 habitaciones.

Berkeley tiene dos mantras: los más de 120 permisos que dice que ya tiene en su poder y los más de 1.000 empleos que dice que creará. Esas 120 autorizaciones (la empresa incluye ahí muchos trámites menores con las Administraciones) retratan muy bien uno de los principales problemas de esta aventura minera: la fragmentación del proyecto realizada por la empresa. “Han troceado el proyecto”, advierte Jorge Fabra, que fue consejero del CSN hasta 2019. “Debería agruparse todo en un solo expediente”, añade este economista, que en su etapa en el supervisor se mostró muy crítico con la tramitación que se estaba realizando.

Respecto al empleo, el plan de explotación contempla que los yacimientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes supondrían la creación de 350 empleos en la fase de construcción y de 196 durante la explotación. El resto, hasta llegar al millar, serían indirectos, asegura en su documentación Berkeley.

“Estoy totalmente en contra”, dice junto a sus vacas Julián Sánchez. La empresa ha intentado comprarle las tierras a este ganadero, que hasta ahora ha resistido las presiones. “Yo como de la ganadería y mi familia trabaja en el balneario”, explica sobre la afección que tendría la mina sobre el empleo ya existente en esta zona muy castigada por la despoblación. “Me han ofrecido mucho por las tierras, pero no es cuestión de dinero”. Sánchez sabe que si la explotación lograra todos los permisos le podrían expropiar la parcela. Sin embargo, este ganadero opina como la mayoría de detractores del proyecto: “Esto no se va a hacer, no es rentable. El uranio es de baja calidad y hay poca cantidad”.

Julián Sánchez es ganadero y tiene 50 vacas. Su parcela es una de las que Berkeley intentó comprar. Aunque él se ha negado sabe que si finalmente se autorizara el proyecto, le podrían expropiar sus tierras. "Estoy totalmente en contra".

Rodríguez, el alcalde de Villavieja, recuerda que Berkeley y la empresa pública Enusa tenían un acuerdo de colaboración para explotar los yacimientos de uranio de Salamanca. Pero, según comunicó en 2012 Enusa, los estudios de viabilidad de Berkeley no acreditaban que la explotación de los recursos salmantinos “resulte viable y sostenible en el tiempo”. Berkeley presentó entonces una demanda contra Enusa en la Corte de Arbitraje Internacional, con sede en París, y valoró en 200 millones de dólares la compensación que reclamaba. “La demanda duró tres días”, sostiene Bellón, que explica que se llegó a un acuerdo por el que se le cedieron las dos reservas de uranio que ahora quieren operar. “El proyecto es económicamente viable”, insiste el presidente de Berkeley pese a las serías dudas que expresó Enusa.

La posibilidad de una demanda vuelve a sobrevolar esta polémica mina casi una década después. Ahora lo reclamado ascendería a 500 millones de euros. Los representantes de Berkeley han amenazado con esa demanda públicamente y también en varias cartas enviadas al CSN. En esos escritos, que el órgano supervisor ha interpretado como presiones, Bellón, sus abogados e, incluso, asociaciones de inversores, han advertido de que la aprobación de la enmienda de la ley de cambio climático llevaría a un pleito si frena su proyecto. El presidente de Berkeley confirma que su intención es acudir a los tribunales si con esa ley se les “expropian” los “derechos adquiridos” que tienen. 

“Yo creo que este proyecto no va a salir adelante”, insiste el alcalde de Villavieja de Yeltes. Rodríguez y su Ayuntamiento no se oponían al principio a la mina. Pero el regidor explica que todo cambió a partir de 2012, cuando se retiró Enusa y el proyecto cambió con la inclusión de una planta de tratamiento nueva y el almacenamiento de residuos radiactivos que esta aventura dejará como legado a las generaciones futuras. Una herencia muy distinta de las encinas centenarias que los habitantes de esta comarca recibieron en su día y que ahora están en peligro.

                       Pintada contra la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-02-20/la-hora-de-la-verdad-para-la-mina-de-uranio-que-amenaza-la-dehesa-de-retortillo.html


7 de febrero de 2021

¿MINA DE URANIO EN RETORTILLO, SALAMANCA?

"En conclusión, la construcción de una mina a cielo abierto puede suponer un perjuicio medioambiental irreparable o cuya reparación es costosa en términos temporales y económicos además de provocar la pérdida de los medios de vida de los lugareños afectados, vulnerando derechos humanos y de carácter social fundamentales. Todo ello para el beneficio de un número reducido de personas con consecuencias que afectan a la multitud. Por tanto, es necesario paralizar la construcción de dicha mina y optar por un modelo económico ecológicamente sostenible que respete tanto la naturaleza como los derechos de la población autóctona".



Traigo, íntegro, para el recuerdo esta investigación realizada por Miriam Ruiz Arias (Investigadora en Formación, Becaria Predoctoral del Programa de la Universidad de Salamanca, cofinanciado por el Banco Santander) y que publicó en marzo de 2017. 

Desde el año 2012, la empresa Berkeley Minera desea abrir una mina de uranio a cielo abierto en el campo charro, concretamente en las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes, uno de los pocos casos de mina abierta al cielo de Europa.

¿Qué supone una mina a cielo abierto? En primer lugar, con carácter meramente indicativo, debemos saber que existen tres técnicas para extraer uranio: minas abiertas, minas bajo tierra y lixiviación sobre el terreno, me centraré en esta última, considerando que es la que realmente se quiere aplicar en Salamanca.

El método de lixiviación implica inyectar las soluciones de lixiviación, con el empleo de carbono o ácido sulfúrico, en los depósitos de mineral bajo tierra a través de unos agujeros creados por el ser humano, disolviendo la solución y el uranio y siendo inyectada hacia la superficie para posteriormente ser procesada, con la amenaza de contaminar el agua subterránea.

Después de su extracción se procede a un intercambio de iones y a un proceso de secado para obtener uranio concentrado, después se transporta y se somete a otros procesos de purificación y a veces se enriquece para obtener U-235 (tal y como nos explican en el texto “Uranium mining. Unveiling the impacts of the nuclear industry. EJOLT (Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade)”, Report No. 15, 2014, págs. 7 – 15).

Igualmente, debe considerarse que, en toda la corteza terrestre, es decir, en el suelo, agua, aire, también en la fauna y flora se da radiación de uranio natural, pudiendo emplearse este metal con fines beneficiosos para la salud en hospitales para combatir el cáncer, por ejemplo.

A contrario sensu, la explotación de uranio en minas, más aún con el método de lixiviación, puede dar lugar a que el agua subterránea y terrestre quede más contaminada por radiaciones de uranio. La biodiversidad también se ve afectada por la contaminación acuática, e, igualmente, el aire puede transportar partículas de polvo de uranio y también gas radón 222.

No se debe olvidar que la radiación de uranio también tiene efectos sobre la salud de los trabajadores y de los habitantes de las poblaciones colindantes, recordando que la exposición al gas radón o al polvo radiactivo genera cáncer de pulmón; mientras que la exposición a uranio y polonio aumenta la probabilidad de tener leucemia.

Exponerse a pequeñas dosis puede traer como consecuencia enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos o problemas cerebrales o anomalías genéticas.

Una vez indicadas las consecuencias generales y reconocidas que tiene la extracción de uranio en minas, es necesario destacar que dicha mina se encontraría apenas a un kilómetro del balneario de Retortillo, en un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y medio ambiental. Parte del paisaje está protegido por las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en las riberas de los ríos Huebra y Yeltes; así como, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) a las riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uce y afluentes.

Del mismo modo, también es obligatorio recordar que de acuerdo a la Ley de Impacto Ambiental española y de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, era necesario que el proyecto obtuviese una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Además, también es ineludible que obtenga todas aquellas licencias y autorizaciones de contenido urbanístico exigidas por ley.

Sin olvidar que, en virtud del Convenio Aarhus, vigente en España desde marzo de 2005, la normativa europea que lo desarrolla y la Ley 27/2006 que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la vulneración de determinados derechos medio ambientales es denunciable. Concretamente, la Ley 27/2006 recoge los derechos de acceso a información y participación pública en materia ambiental además del acceso a la justicia para las asociaciones ambientales que cumplan determinados requisitos.

Es cierto que en los años 2013 y 2015 Berkeley consiguió el dictamen de una DIA favorable y la autorización previa de la instalación radioactiva, esto es, de la mina. Sin embargo, dicha autorización señala también unas condiciones técnicas y legales que se han de cumplir, considerando que el área afectada pertenece a la red Natura 2000 por ser zonas LIC y ZEPA.

En todo caso, desde el año 2013, la sociedad civil, bien los ciudadanos a título particular o perteneciendo a una organización defensora del medio ambiente o contra la energía nuclear, y el alcalde de alguno de los municipios afectados, han comenzado a movilizarse, queriendo demostrar con ello su oposición a la construcción de dicha mina de uranio.

Entre las múltiples razones alegadas, entre otras, se pueden citar: el perjuicio ambiental como contaminación acústica sobre la atmósfera, contaminación del suelo, afección de hábitats de interés comunitario, perturbaciones y molestias a la fauna.

Además, también fundamentan que una mina de uranio conlleva el riesgo de diferentes enfermedades, tal y como se ha citado en párrafos anteriores, tanto para la población como para los propios trabajadores.

 Los ciudadanos también entienden que, frente a las promesas de creación de empleo, la mina puede llegar a impedir comercializar el ganado como el cerdo o la morucha, tal y como se hace en la actualidad, o que los bosques de alcornoques, encinas y robles se vean afectados y ello a su vez repercuta en su medio de vida.

En definitiva, la ciudadanía, ejerciendo los derechos recogidos en el Convenio Aarhus y en otras leyes españolas, está denunciando todas aquellas conductas que consideran no respeten la legalidad vigente respecto a la protección de la naturaleza, flora y fauna.

Al mismo tiempo, recientemente, la Fiscalía medio ambiental de Salamanca ha admitido a trámite una denuncia sobre la falta de permisos necesarios para iniciar la construcción del proyecto de la mina y la Fiscalía medio ambiental de Madrid ha recibido una denuncia por la tala ilegal de 30000 encinas protegidas por la Red Natura 2000 en la zona donde se quiere realizar la mina.

La empresa minera, por su parte, también ha sometido a presión a algunos miembros de la plataforma ciudadana que se opone a la mina acusándoles de delitos contra el honor sencillamente por ejercer la libertad de expresión, el derecho de asociacionismo y el derecho a informar, todos ellos considerados fundamentales de acuerdo a la Constitución Española.

En conclusión, la construcción de una mina a cielo abierto puede suponer un perjuicio medioambiental irreparable o cuya reparación es costosa en términos temporales y económicos además de provocar la pérdida de los medios de vida de los lugareños afectados, vulnerando derechos humanos y de carácter social fundamentales. Todo ello para el beneficio de un número reducido de personas con consecuencias que afectan a la multitud. Por tanto, es necesario paralizar la construcción de dicha mina y optar por un modelo económico ecológicamente sostenible que respete tanto la naturaleza como los derechos de la población autóctona.


3 de febrero de 2021

CUATRO AÑOS DEL EXPEDIENTE Y EL AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO SIGUE SIN SANCIONAR A BERKELEY

 Ahora salen a la luz las "presiones denunciables" de Berkeley Minera España al máximo estamento del Estado en energía nuclear CSN, quien debe decidir sobre el proyecto de uranio en Retortillo.

A los que conocemos y hemos sufrido la forma de actuar de Berkeley, no nos han extrañado. Pregunten a los propietarios de terrenos que se opusieron a vender o permitir el paso a Berkeley Minera lo que han tenido que aguantar, padecer e incluso gastar en pleitos,

Reciente vídeo de como se encuentra actualmente el pretendido, paralizado e ilegal desvío de la carretera.

Otros propietarios que sí vendieron o permutaron, una vez realizada la operación, se han sentido engañados y manipulados.

Hasta tres veces me han llevado a mí al juzgado con el único objetivo de presionarme para que no se contara en este blog las noticias sobre Berkeley y su mina que a ellos no les interesaban. Resistí gracias al apoyo de muchos y al convencimiento de que el proyecto es malísimo y muy dañino para el medio ambiente y las personas, desde su comienzo hasta miles de años después. 

Ahora pido os trasladéis, con estos antecedentes, al Ayuntamiento de Retortillo que siempre lo hemos considerado "su segunda casa" y cuyos concejales surtían la plantilla de Berkeley Minera. 

¡Qué presiones habrán sentido las distintas secretarias de la Corporación!. (Recordar que en un año ocuparon cuatro el puesto y lo fueron dejando).

Pancarta que lleva años colgada de la fachada del Ayuntamiento de Retortillo, la misma luce también en las instalaciones y propiedades de Berkeley. Por eso lo de "segunda casa".

Por poner solo un ejemplo. Vamos a Febrero de 2017 que debió ser el mes que más informes, escritos y acuerdos se hayan realizado en toda la historia del ayuntamiento. (La secretaria que ocupaba entonces la plaza lo llevaba haciendo unos años y renunció a ella ese mismo mes).

El 14 de febrero de 2017 el alcalde de Retortillo mediante Providencia fechada ese mismo día, ordena a la secretaria realice informe sobre la legislación aplicable en materia de infracciones urbanísticas en la comunidad de Castilla y León.  

El mismo día 14 de febrero de 2017 la secretaria del ayuntamiento emite el Informe de Secretaría sobre infracción urbanística que consta de 12 folios y donde deja constancia a la Corporación de la legislación vigente y proceder. Entre otras muchas consideraciones dice bien claro que la competencia para incoar y resolver el procedimiento sancionador por infracción urbanística CORRESPONDE AL ALCALDE y que el plazo de prescripción es de 10 años para la infracciones muy graves, 8 años para la infracciones graves y 4 años para la infracciones leves.

El 17 de Febrero de 2017 el Ayuntamiento de Retortillo recibe dos informes de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León (el 118/2016 y el 120/2016) donde le dicen que las obras promovidas por Berkeley Minera España: Variante carretera SA-322 y Cata para extraer material para las obras de la variante, NECESITAN  la autorización de uso en suelo rústico y licencia municipal. Ambas autorizaciones no estaban concedidas y el ayuntamiento y Berkeley lo sabían, pero unos cerraron los ojos mientras trabajaban en las obras y la empresa siguió adelante a sabiendas.

El 17 de febrero de 2017 se firma la Resolución de Alcaldía donde se ordena PARALIZAR las obras que está ejecutando Berkeley Minera España: Variante carretera SA-322 y Cata para extraer material para las obras de la variante, INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR A BERKELEY por infracción urbanística y notificar el acuerdo de incoación y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD a Berkeley Minera España S.L..

El 17 de febrero de 2017 el ayuntamiento de Retortillo envía escrito notificando a Berkeley Minera España S.L. la Resolución de Alcaldía sobre LA RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA DE OBRAS EN EJECUCIÓN, PARALIZACIÓN DE OBRAS E INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Imagen de Berkeley para presumir de obras a nivel internacional, aunque nada decía de que las estaba realizando sin los permisos y licencias.

Hoy 3 de febrero de 2021, día de San Blas Fiesta local en Retortillo, cuatro años después este expediente no está resuelto y la legalidad sigue sin restaurarse. Ni a Berkeley ni al alcalde de Retortillo les interesa finalizar este expediente que conlleva una falta urbanística muy grave y eso mermaría mucho en bolsa las acciones de Berkeley Minera España S.L. y su reputación ante la opinión pública quedaría por los suelos. Berkeley Minera España, S.L. repite hasta la saciedad y promociona que SU PROYECTO ES RIGUROSO Y CUMPLE CON TODA LA NORMATIVA APLICABLE.

Este vídeo representa y refleja de manera inequívoca las obras ilegales que Berkeley Minera España, S.L. ha realizado en Retortillo para desvío de la carretera actual SA-322 y cata para extraer material y construcción de balsa. Todo abandonado y sin tocar desde febrero de 2017.

También el vídeo muestra gran parte del terreno donde Berkeley taló más de 2.000 encinas para vender la leña.