Las principales organizaciones ecologistas del país rechazan los argumentos de Berkeley para abrir la mina de uranio de Retortillo
Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF alertan sobre la argumentación que la multinacional australiana Berkeley defiende para llevar a cabo la apertura de la mina, aduciendo un aumento de la inversión económica y creación de puestos de trabajo, y piden en su lugar fomentar empleos "estables, duraderos y sostenibles en la zona" y no contraponer desarrollo y empleo a la conservación de la naturaleza.
Las cinco organizaciones reiteran que el proyecto de mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada conllevan riesgos ambientales, sociales y sobre la salud que son inaceptables. "La multinacional emplea argumentos de inversión económica como una oportunidad de futuro, vulnerando la seguridad, la salud y un futuro para los habitantes de la zona", critican.
Asimismo, recuerdan que, desde un principio, la autorización de este proyecto de alto riesgo ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local. Así, el proyecto obtuvo "inexplicablemente" una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 8 de octubre de 2013) pese a que la Evaluación de Impacto Ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni, aún más grave, los impactos sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos.
Hace unas semanas, el Consejo de Seguridad Nuclear denunció presiones de la Junta de Castilla y León y de Berkeley para autorizar la que sería la única mina a cielo abierto de la Unión Europea. En concreto, fue el entonces director de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, quien envió una carta al CSN que su presidente considera contenía "solicitudes e insinuaciones impropias”. Estas asociaciones rechazan las amenazas de emprender acciones judiciales si el Parlamento, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir la minería de uranio en el país.
Impacto en el medio.
Las organizaciones señalan que, hasta el momento, la empresa ha destrozado 40 hectáreas de arbolado y ha enfrentado a la población local. Las entidades ambientales recuerdan que lo único que posee la empresa son unas pequeñas instalaciones prefabricadas que rompen la belleza paisajística del entorno del río Yeltes, espacio incluido en la Red Natura 2000 al ser considerado una Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Ante lo que consideran una "nueva jugada" de la multinacional para argumentar el desarrollo del proyecto, las ONG ambientales ponen de manifiesto que la única salida viable a medio plazo de la actual crisis social, ambiental y económica "pasa por tomar medidas valientes y de forma urgente, que se ajusten a los objetivos de reducción de emisiones y descarbonización y a las estrategias para mejorar la biodiversidad y reducir la contaminación. Y todo ello, en el marco de una transición justa, que no deje a nadie atrás".
Las OG creen que lejos de promover el desarrollo sostenible y la creación de empleo de calidad, este proyecto minero pondría en riesgo la economía y la salud local, acabando de forma inmediata con actividades tradicionales como la ganadería de vacuno o el turismo rural y termal que hay en la zona.
Fase final del proyecto minero después de diez años
ResponderEliminarBerkeley ofrece hasta 400 millones para salvar la mina de uranio de Salamanca
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) inicia el estudio de la propuesta de dictamen técnico (PDT) que determinará el futuro de la explotación.
Santiago Carcar NOTICIA23.02.2021 - 04:30h
El grupo Berkeley ha puesto sobre la mesa dos nuevas cartas para defender el proyecto de mina de uranio que planea en Retortillo (Salamanca) desde hace una década. La compañía australiana asegura que ha invertido ya 94 millones de euros en el plan. Pero ese dinero es solo la cuarta parte de la inversión total -400 millones- que estima ahora para el proyecto, con un horizonte temporal de 14 años. La segunda gran baza en la defensa de la mina es el empleo. El grupo dice haber recibido 25.000 solicitudes de trabajo. Un caramelo atractivo para el Gobierno en un momento de crisis económica y destrucción de empleo.
"En relación con la inversión" asegura la compañía "el Gobierno de España reclama la necesidad de fomentar la inversión extranjera y aportar seguridad jurídica. De este modo, Berkeley garantiza inversión procedente, mayoritariamente, de países como Reino Unido y Australia". "Berkeley" prosigue "ha generado hasta la fecha más de 60 puestos de trabajo y espera alcanzar los 1.000 empleos, entre directos e indirectos. Además, el proyecto ha generado un gran interés en la región y la compañía ha recibido más de 25.000 solicitudes de empleo".
Los 400 millones de inversión y las miles de solicitudes de empleo forman parte de la línea de defensa del grupo que cotiza en la Bolsa española desde 2018 y que ve amenazado su proyecto por la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos en la futura Ley del Clima para prohibir la minería del uranio en España. El otro punto de riesgo para los planes de la compañía está en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyo pleno ha comenzado a analizar los informes técnicos para autorizar o rechazar la planta de procesado de mineral que solicitó la empresa.
Autorización renovada
El Ministerio de Transición Ecológica renovó en diciembre pasado la autorización previa de la mina como instalación radiactiva de primera categoría que le concedió el Gobierno del PP en 2015 por cinco años y que había expirado. Pero es un permiso temporal, hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear resuelva el expediente. El último informe del CSN sobre la renovación de permisos contó con el voto favorable de las consejeras propuestas por el PSOE Elvira Romera y Pilar Lucio y también con el voto del ecologista Francisco Castejón, propuesto por UP. No hubo votos particulares. La razón es que en diez años, el grupo minero australiano ha conseguido armar una telaraña de solicitudes, permisos y autorizaciones que involucran a diferentes administraciones y que es difícil de desmontar.
ResponderEliminarLa compañía explica que su proyecto está avalado por más de 120 permisos e informes favorables, entre los que se encuentran nueve del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). "Entre las Administraciones Públicas e instituciones que han emitido informes y permisos favorables sobre el proyecto de Retortillo se encuentran la Unión Europea, la Junta de Castilla y León, corporaciones locales como los Ayuntamientos de Retortillo, Villavieja, Villares de Yeltes y de Vitigudino y de la Confederación Hidrográfica del Duero" remacha la compañía.
Esa trabazón administrativa ha mantenido a flote los planes de la minera a pesar del recelo del Gobierno y también de la oposición de la mayoría de los partidos políticos con representación el Congreso. El cepo legal impide, al menos de momento, que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, el mismo que ha conseguido un pacto para cerrar todas las nucleares en 2035, haya dado los pasos necesarios para clausurar el proyecto. El CSN tiene en sus manos una patata caliente. La propuesta de dictamen técnico (PDT) se compone de múltiples informes de diferentes unidades del Consejo. El examen llevará semanas hasta que la Dirección de Protección Radiológica eleve una propuesta, positiva o negativa, sobre la que el pleno dirá la última palabra.
Cuerpo a cuerpo
Por si acaso llega el cuerpo a cuerpo, la compañía ha elegido al bufete Herbert Smith Freehills para la estrategia de defensa. Se trata de un bufete anglo australiano, que se ha fajado en grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, financiaciones y en el asesoramiento integral de proyectos de sectores de energía, infraestructuras, minas o inmobiliario, entre otros. El despacho ha llevado a cabo una notable política de fichajes en España. Entre otros, incorporó al equipo al exministro de Justicia Rafael Catalá y al jefe de la Abogacía del Estado en el área de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, José Ramón Mourenza.
La defensa de Berkeley es múltiple. También juega la baza de la despoblación. Así, explica que según el INE, el 89 % de los municipios de Salamanca han perdido habitantes en los últimos 20 años. Por ese motivo, Berkeley Minera España está comprometida con la región para paralizar la despoblación. De este modo, la compañía cuantifica que el proyecto aportará riqueza a la zona durante al menos 14 años, teniendo en cuenta las fases de construcción, producción y clausura, y que el 80 % de la inversión recalará en la provincia de Salamanca.
que pena Berkley no sabes que hacer, ofreceis dinero acosta de salud y destruir el medioambiente,
ResponderEliminarNo a la mina.
Como andan de desesperados los barquearíamos que hasta se justifican y manifiestan en este blog al que tanto repudian.......
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