Carta abierta a Teresa Ribera Rodríguez
Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.
Buenas Noches señora ministra, Soy Jorge Rodríguez Martín, el actual alcalde de Villavieja de
Yeltes, uno de los municipios de la provincia de Salamanca directamente afectados por el
proyecto minero y nuclear, que pretende desarrolla la empresa Berkeley Minera España.
Y ya que los vecinos de esta comarca nos estamos jugando mucho con esta nefasta propuesta
de la filial autraliana, voy a permitirme la licencia de exponerle de forma muy breve cuatro
argumentos sólidos para que usted deniegue la prórroga de la Autorización Previa, concedida
por la Orden EIT/1944/2015, del 17 de septiembre y que ni siquiera se plantee la posibilidad de
conceder la Autorización de Construcción de la fábrica de concentrados de uranio, como
instalación radiactiva de primera categoría, más allá de los informes favorables que pueda
emitir el Consejo de Seguridad Nuclear.
Tres de los argumentos que voy a exponerle serán de carácter jurídico y no me cabe la más
mínima duda de que la Abogacía del Estado podrá desarrollarlos, documentarlos, exponerlos y
defenderlos de forma excelsa, si es que esta fuese su voluntad política.
El cuarto y último argumento, no menos importante será de carácter político, ideológico y
ético.
Vamos con el primer argumento jurídico…
En la mencionada Autorización Previa, cuya prórroga ha solicitado Berkeley, se recoge y cito
textualmente, el siguiente extremo:
“Esta autorización se ajustará a las condiciones establecidas en la Declaración de
Impacto Ambiental formulada por la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León”
Las graves deficiencias en el proceso de tramitación de la mencionada declaración de
impacto y las modificaciones sustanciales del proyecto inicial, promovidas por la
empresa son motivo más que suficientes para requerir una nueva tramitación del
Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente Declaración, como recoge el
Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León en su Resolución nº de
expediente: 20151242, del 23 de agosto, de 2017.
Por si fuera poco, ya ha finalizado el periodo de vigencia de la mencionada
Declaración de Impacto Ambiental, sin que se haya iniciado el proyecto.
No debería prorrogarse una Autorización Previa vinculada a una Declaración de
Impacto Ambiental, nula de pleno derecho, o en el mejor de los casos, caduca.
El segundo argumento jurídico que podría el Ministerio utilizar para denegar la prórroga de la
Autorización previa, también emana de la propia Autorización, que recoge el siguiente tenor
literal:
“Esta autorización podrá dejarse sin efecto, en cualquier momento, si se comprobase la
existencia de inexactitudes en los datos aportados y discrepancias fundamentales con los
criterios en que se basa su concesión.”
Nos consta la existencia de al menos dos fuentes de discrepancias fundamentales con
los criterios en los que se basa la concesión de la Autorización Previa:
La primera de estas fuentes se encontraría en el estudio económico previo relativo a las
inversiones financieras y costes previstos, que presentó el promotor, junto con la solicitud de
Autorización, atendiendo a los requisitos exigidos en el artículo 14 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
O mucho me equivoco, o en dicho estudio económico relativo a las inversiones y los costes
podrá el Ministerio encontrar “inexactitudes en los datos aportados y discrepancias
fundamentales con los criterios en que se basa su concesión” más que suficientes, no solo para
justificar la denegación de la prórroga de la Autorización Previa, sino para haber dejado sin
efecto la propia Autorización.
Transcurridos estos cinco años, bien se puede constatar de forma fehaciente que las
estimaciones que viene realizando la empresa para el corto y el medio plazo, en sus estudios
de viabilidad, gastos y abales de restauración, no se han aproximado ni de lejos a la realidad,
sino que han rayado sistemáticamente la especulación, al solo objeto de atraer financiación.
En el propio PARECER DE LA COMISIÓN EUROPEA, del 21 de mayo de 2015
conforme al artículo 43 del Tratado Euratom, se recogía el siguiente literal:
c) El inversor calcula un coste de funcionamiento de alrededor de 28,8 USD/lb de producto de
uranio, cifra que está en consonancia con el coste de producción de las minas más eficientes
del mundo. Para atraer financiación, se considera que el precio del uranio en el mercado que
se puede obtener para este proyecto es de 56,4 USD/lb, con el cual la empresa resultaría
viable desde un punto de vista comercial. No obstante, si el precio del uranio natural a largo
plazo se aproximara el precio al contado en vigor recientemente, los argumentos
económicos para la explotación de la mina serían menos convincentes.
Ni que decir tiene que los precios reales del uranio en el mercado internacional a lo largo de
este último lustro en el que ha permanecido vigente la Autorización Previa que nos ocupa, han
distado mucho de las previsiones que vaticinaba el promotor de este proyecto, porque el
precio del uranio a largo plazo, lejos de mantenerse en el precio al contado en vigor del 2015,
ha sufrido un descenso casi continuo que lo ha mantenido durante cinco años por debajo de la
mitad del precio estimado por el promotor.
La segunda fuente de discrepancias fundamentales con los criterios en los que se basa la
concesión de Autorización Previa, se encontraría en el documento de descripción de las
actividades y obras preliminares de infraestructura que pretendía realizar el promotor una vez
concedida la autorización previa y antes de solicitar la autorización de construcción, exigido en
el artículo 14 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
Le resultará extremadamente fácil constatar al Ministerio que el desvío de la carretera SA-322
contemplado en el proyecto inicial y, a buen seguro incluido entre las obras preliminares de
infraestructura que pretendía realizar el promotor, no solo han sido totalmente desestimadas
por la empresa, sino que la alternativa que persigue en la actualidad contempla la
fragmentación de un depósito temporal de residuos radiactivos, alterando sustancialmente el
proyecto objeto de la Autorización previa y aportando “discrepancias fundamentales con los
criterios en que se basa su concesión” más que suficientes, no solo para justificar la denegación
de la prórroga de la Autorización Previa, sino para haber dejado sin efecto la propia
Autorización.
El tercer argumento jurídico que nosotros proponemos al Ministerio para denegar la prórroga,
también emana del propio texto de la Autorización Previa, y cito textualmente:
“Esta autorización podrá dejarse sin efecto, en cualquier momento, si se comprobase la
existencia de factores desfavorables desde el punto de vista de seguridad nuclear y de
protección radiológica que no se conozcan en el momento presente.”
En Septiembre de 2015, fecha en la que se concedía la Autorización Previa que pretende prorrogarse, no
se conocían los factores desfavorables de protección radiológica que aportaría el nuevo yacimiento y la
nueva instalación radiactiva de primera categoría, correspondientes a la denominada Zona 7, en el
término municipal de Villavieja de Yeltes, que la propia empresa decidió incorporar al proyecto inicial
contemplado en la Autorización Previa, cuya prórroga nos ocupa. Así lo reconocía con su voto particular
el consejero D. Jorge Fabra Utray en su voto particular del pleno del CSN nº 1464 del 19 de diciembre de
2018:
Que el 7 de mayo de 2018, el CSN recibió por parte del MINETAD solicitud de informe
sobre la justificación radiológica de una práctica que pretende llevar a cabo BME,
consistente en el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en el hueco minero de
una nueva explotación minera denominada Zona 7.
De acuerdo al informe aprobado por unanimidad por el Pleno del CSN en julio de 2018, la
modificación que conlleva la Zona 7 " ... tendrá unos resultados diferentes y no deseables
al crear un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos con obligaciones de
vigilancia perpetua, a 9 kilómetros de otro [almacenamiento definitivo en Retortillo] en
proceso de licenciamiento, lo que representa una carga adicional para las generaciones
futuras que debe ser tenida en cuenta conforme a lo establecido en la legislación vigente".
Incluso en el PARECER DE LA COMISIÓN EUROPEA, del 21 de mayo de 2015 conforme al
artículo 43 del Tratado Euratom, se recogía el siguiente literal:
“El proyecto de Retortillo también procesará el uranio con contenido de resina
procedente del emplazamiento de Alameda para la extracción y procesamiento
finales.”
De este modo, queda claro que la fragmentación de este proyecto y la existencia de factores
desfavorables desde el punto de vista de la protección radiológica son patentes y se
desconocían en el momento de la Autorización previa, por lo que no solo serían suficientes
para justificar la denegación de la prórroga de la Autorización Previa, sino que hubieran sido
suficientes para haber dejado sin efecto la propia Autorización.
Como cuarto y último argumento, en este caso de carácter político, ideológico y ético… no
podemos olvidar, señora ministra que este proyecto nació en realidad como un intento de
privatización encubierta de los derechos de explotación de las reservas definitivas de uranio
declaradas a favor del Estado.
En 2005, los fondos de inversión que hoy sustentan el proyecto de Berkeley enfocaron sus
insaciables intereses sobre estas reservas estatales y sobre los recursos de uranio que las
Administraciones públicas deberían haber protegido adecuadamente, tal y como recoge
nuestra Constitución en el apartado 2 de su artículo 45: “Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.”
Sin embargo, A tenor de la documentación que obra en poder del Ayuntamiento que tengo el
honor de presidir, podemos afirmar de forma resumida, que la empresa BERKELEY
RESOURCES, matriz de le empresa Berkeley Minera España orquestó una estrategia
empresarial para tratar de explotar a título privado las RESERVAS DEFINITIVAS DE
URANIO, cuyos derechos de explotación estaban en poder de ENUSA, o de conseguir
al menos esos derechos de explotación, para especular en los mercados de valores con
dichos activos.
La puesta en marcha, allá por el 2005, corrió a cargo de la empresa Minera del Río
Alagón y los llamados “socios fundadores” cuyos primeros pasos consistieron en
interponer un recurso contencioso Administrativo ante la Dirección General de Política
Energética y Minas por rechazar su petición de que se declarasen levantadas nueve
Reservas Definitivas del Estado de uranio en la provincia de Salamanca. Los
acontecimientos trascurridos desde aquellos primeros pasos, hasta mediados del año
2012, arrojan no pocas dudas sobre la ética y la idoneidad de las decisiones que se
fueron tomando y que acabaron de un modo u otro llevando a las manos privadas de
Berkeley los derechos de explotación de las reservas “Salamanca 29” y “Salamanca 30”
Para no extenderme demasiado, voy a concluir solicitando, una vez más, que tenga a
bien recibirme personalmente, para que pueda trasladarle los detalles de esta
información tan sensible y recordarle a su vez que las decisiones que usted haya de tomar deberán ser coherentes con la declaración de intenciones que tan elegantemente
emanan de la denominación concreta del ministerio que preside.
Jorge Rodríguez Martín
Alcalde de Villavieja de Yeltes.
