CARTA ABIERTA A LA VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

Carta abierta a Teresa Ribera Rodríguez

 

Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.

 

 

Buenas Noches señora ministra, Soy Jorge Rodríguez Martín, el actual alcalde de Villavieja de Yeltes, uno de los municipios de la provincia de Salamanca directamente afectados por el proyecto minero y nuclear, que pretende desarrolla la empresa Berkeley Minera España.

 

Y ya que los vecinos de esta comarca nos estamos jugando mucho con esta nefasta propuesta de la filial autraliana, voy a permitirme la licencia de exponerle de forma muy breve cuatro argumentos sólidos para que usted deniegue la prórroga de la Autorización Previa, concedida por la Orden EIT/1944/2015, del 17 de septiembre y que ni siquiera se plantee la posibilidad de conceder la Autorización de Construcción de la fábrica de concentrados de uranio, como instalación radiactiva de primera categoría, más allá de los informes favorables que pueda emitir el Consejo de Seguridad Nuclear.

 

Tres de los argumentos que voy a exponerle serán de carácter jurídico y no me cabe la más mínima duda de que la Abogacía del Estado podrá desarrollarlos, documentarlos, exponerlos y defenderlos de forma excelsa, si es que esta fuese su voluntad política.

 

El cuarto y último argumento, no menos importante será de carácter político, ideológico y ético.

 

Vamos con el primer argumento jurídico…

 

En la mencionada Autorización Previa, cuya prórroga ha solicitado Berkeley, se recoge y cito textualmente, el siguiente extremo:

 

“Esta autorización se ajustará a las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental formulada por la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León”

 

Las graves deficiencias en el proceso de tramitación de la mencionada declaración de impacto y las modificaciones sustanciales del proyecto inicial, promovidas por la empresa son motivo más que suficientes para requerir una nueva tramitación del Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente Declaración, como recoge el Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León en su Resolución nº de expediente: 20151242, del 23 de agosto, de 2017.

 

Por si fuera poco, ya ha finalizado el periodo de vigencia de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, sin que se haya iniciado el proyecto.

 

No debería prorrogarse una Autorización Previa vinculada a una Declaración de Impacto Ambiental, nula de pleno derecho, o en el mejor de los casos, caduca.

 

El segundo argumento jurídico que podría el Ministerio utilizar para denegar la prórroga de la Autorización previa, también emana de la propia Autorización, que recoge el siguiente tenor literal:

 

“Esta autorización podrá dejarse sin efecto, en cualquier momento, si se comprobase la existencia de inexactitudes en los datos aportados y discrepancias fundamentales con los criterios en que se basa su concesión.”

 

Nos consta la existencia de al menos dos fuentes de discrepancias fundamentales con los criterios en los que se basa la concesión de la Autorización Previa:

 

La primera de estas fuentes se encontraría en el estudio económico previo relativo a las inversiones financieras y costes previstos, que presentó el promotor, junto con la solicitud de Autorización, atendiendo a los requisitos exigidos en el artículo 14 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

O mucho me equivoco, o en dicho estudio económico relativo a las inversiones y los costes podrá el Ministerio encontrar “inexactitudes en los datos aportados y discrepancias fundamentales con los criterios en que se basa su concesión” más que suficientes, no solo para justificar la denegación de la prórroga de la Autorización Previa, sino para haber dejado sin efecto la propia Autorización.

 

Transcurridos estos cinco años, bien se puede constatar de forma fehaciente que las estimaciones que viene realizando la empresa para el corto y el medio plazo, en sus estudios de viabilidad, gastos y abales de restauración, no se han aproximado ni de lejos a la realidad, sino que han rayado sistemáticamente la especulación, al solo objeto de atraer financiación.

 

En el propio PARECER DE LA COMISIÓN EUROPEA, del 21 de mayo de 2015 conforme al artículo 43 del Tratado Euratom, se recogía el siguiente literal:

 

c) El inversor calcula un coste de funcionamiento de alrededor de 28,8 USD/lb de producto de uranio, cifra que está en consonancia con el coste de producción de las minas más eficientes del mundo. Para atraer financiación, se considera que el precio del uranio en el mercado que se puede obtener para este proyecto es de 56,4 USD/lb, con el cual la empresa resultaría viable desde un punto de vista comercial. No obstante, si el precio del uranio natural a largo plazo se aproximara el precio al contado en vigor recientemente, los argumentos económicos para la explotación de la mina serían menos convincentes.

 

Ni que decir tiene que los precios reales del uranio en el mercado internacional a lo largo de este último lustro en el que ha permanecido vigente la Autorización Previa que nos ocupa, han distado mucho de las previsiones que vaticinaba el promotor de este proyecto, porque el precio del uranio a largo plazo, lejos de mantenerse en el precio al contado en vigor del 2015, ha sufrido un descenso casi continuo que lo ha mantenido durante cinco años por debajo de la mitad del precio estimado por el promotor.

 

La segunda fuente de discrepancias fundamentales con los criterios en los que se basa la concesión de Autorización Previa, se encontraría en el documento de descripción de las actividades y obras preliminares de infraestructura que pretendía realizar el promotor una vez concedida la autorización previa y antes de solicitar la autorización de construcción, exigido en el artículo 14 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

 

Le resultará extremadamente fácil constatar al Ministerio que el desvío de la carretera SA-322 contemplado en el proyecto inicial y, a buen seguro incluido entre las obras preliminares de infraestructura que pretendía realizar el promotor, no solo han sido totalmente desestimadas por la empresa, sino que la alternativa que persigue en la actualidad contempla la fragmentación de un depósito temporal de residuos radiactivos, alterando sustancialmente el proyecto objeto de la Autorización previa y aportando “discrepancias fundamentales con los criterios en que se basa su concesión” más que suficientes, no solo para justificar la denegación de la prórroga de la Autorización Previa, sino para haber dejado sin efecto la propia Autorización.

 

El tercer argumento jurídico que nosotros proponemos al Ministerio para denegar la prórroga, también emana del propio texto de la Autorización Previa, y cito textualmente:

 

“Esta autorización podrá dejarse sin efecto, en cualquier momento, si se comprobase la existencia de factores desfavorables desde el punto de vista de seguridad nuclear y de protección radiológica que no se conozcan en el momento presente.”

 

En Septiembre de 2015, fecha en la que se concedía la Autorización Previa que pretende prorrogarse, no se conocían los factores desfavorables de protección radiológica que aportaría el nuevo yacimiento y la nueva instalación radiactiva de primera categoría, correspondientes a la denominada Zona 7, en el término municipal de Villavieja de Yeltes, que la propia empresa decidió incorporar al proyecto inicial contemplado en la Autorización Previa, cuya prórroga nos ocupa. Así lo reconocía con su voto particular el consejero D. Jorge Fabra Utray en su voto particular del pleno del CSN nº 1464 del 19 de diciembre de 2018:

 

Que el 7 de mayo de 2018, el CSN recibió por parte del MINETAD solicitud de informe sobre la justificación radiológica de una práctica que pretende llevar a cabo BME, consistente en el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en el hueco minero de una nueva explotación minera denominada Zona 7.

 

De acuerdo al informe aprobado por unanimidad por el Pleno del CSN en julio de 2018, la modificación que conlleva la Zona 7 " ... tendrá unos resultados diferentes y no deseables al crear un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos con obligaciones de vigilancia perpetua, a 9 kilómetros de otro [almacenamiento definitivo en Retortillo] en proceso de licenciamiento, lo que representa una carga adicional para las generaciones futuras que debe ser tenida en cuenta conforme a lo establecido en la legislación vigente".

 

Incluso en el PARECER DE LA COMISIÓN EUROPEA, del 21 de mayo de 2015 conforme al artículo 43 del Tratado Euratom, se recogía el siguiente literal:

 

“El proyecto de Retortillo también procesará el uranio con contenido de resina procedente del emplazamiento de Alameda para la extracción y procesamiento finales.”

 

De este modo, queda claro que la fragmentación de este proyecto y la existencia de factores desfavorables desde el punto de vista de la protección radiológica son patentes y se desconocían en el momento de la Autorización previa, por lo que no solo serían suficientes para justificar la denegación de la prórroga de la Autorización Previa, sino que hubieran sido suficientes para haber dejado sin efecto la propia Autorización.

 

Como cuarto y último argumento, en este caso de carácter político, ideológico y ético… no podemos olvidar, señora ministra que este proyecto nació en realidad como un intento de privatización encubierta de los derechos de explotación de las reservas definitivas de uranio declaradas a favor del Estado.

 

En 2005, los fondos de inversión que hoy sustentan el proyecto de Berkeley enfocaron sus insaciables intereses sobre estas reservas estatales y sobre los recursos de uranio que las Administraciones públicas deberían haber protegido adecuadamente, tal y como recoge nuestra Constitución en el apartado 2 de su artículo 45: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.”

 

Sin embargo, A tenor de la documentación que obra en poder del Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, podemos afirmar de forma resumida, que la empresa BERKELEY RESOURCES, matriz de le empresa Berkeley Minera España orquestó una estrategia empresarial para tratar de explotar a título privado las RESERVAS DEFINITIVAS DE URANIO, cuyos derechos de explotación estaban en poder de ENUSA, o de conseguir al menos esos derechos de explotación, para especular en los mercados de valores con dichos activos.

 

La puesta en marcha, allá por el 2005, corrió a cargo de la empresa Minera del Río Alagón y los llamados “socios fundadores” cuyos primeros pasos consistieron en interponer un recurso contencioso Administrativo ante la Dirección General de Política Energética y Minas por rechazar su petición de que se declarasen levantadas nueve Reservas Definitivas del Estado de uranio en la provincia de Salamanca. Los acontecimientos trascurridos desde aquellos primeros pasos, hasta mediados del año 2012, arrojan no pocas dudas sobre la ética y la idoneidad de las decisiones que se fueron tomando y que acabaron de un modo u otro llevando a las manos privadas de Berkeley los derechos de explotación de las reservas “Salamanca 29” y “Salamanca 30”

 

Para no extenderme demasiado, voy a concluir solicitando, una vez más, que tenga a bien recibirme personalmente, para que pueda trasladarle los detalles de esta información tan sensible y recordarle a su vez que las decisiones que usted haya de tomar deberán ser coherentes con la declaración de intenciones que tan elegantemente emanan de la denominación concreta del ministerio que preside.

 

Jorge Rodríguez Martín

Alcalde de Villavieja de Yeltes.