Cargos públicos españoles apoyan que la evaluación de impacto medioambiental de la mina de uranio se abra a consulta pública en Portugal
El Protocolo de actuación firmado en 2008 entre España y Portugal establece consultas públicas para la aplicación de las evaluaciones ambientales de proyectos con efectos transfronterizos, tal como ha reclamado una delegación portuguesa de cargos públicos que ha visitado los terrenos de la mina.
Los representantes y cargos públicos españoles apoyan a la población de la zona en su oposición a la mina y demandan proyectos sostenibles con oportunidades de futuro.
Excmos. Sres. D. Pedro Soares (Diputado de la Asamblea de la República Portuguesa y Presidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio) y D. Ricardo Sixto (Diputado Español y Presidente de la Comisión de Enegía del Congreso de los Diputados). En su visita de hoy a la zona de la mina de uranio.
Hoy ha tenido lugar en Retortillo (Salamanca) un encuentro de representantes y cargos públicos de Portugal y España con el fin de comprobar sobre el terreno e intercambiar información sobre los proyectos que la empresa australiana BERKELEY quiere instalar en Retortillo y Villavieja de Yeltes, y a escasos kilómetros de la frontera portuguesa: una mina de uranio a cielo abierto, con una planta de tratamiento del uranio y depósito de residuos radiactivos; unas instalaciones consideradas de primera categoría dentro del ciclo del combustible nuclear español.
La Junta de Castilla y León determinó que las instalaciones previstas en Retortillo no tendrían efectos medioambientales en Portugal, por lo que no se sometió a información pública la Evaluación de Impacto Ambiental en el país vecino. La Declaración de Impacto Ambiental aprobada no hace ninguna referencia a las consecuencias que para el territorio portugués va a tener la apertura de la mina; pero la Agencia Portuguesa de Ambiente considera que sí las va tener en el territorio luso por el régimen de vientos y la posible contaminación de las aguas del río Yeltes, afluente del “Douro vinhaterio”, del que se nutren dos millones de portugueses.
Los representantes públicos españoles (Diputados nacionales, Procuradores de Castilla y León, Diputados provinciales y Alcaldes y concejales) han mostrado su apoyo a los representantes políticos portugueses en su solicitud de que se tenga en cuenta el Protocolo de actuación firmado en 2008 entre el Reino de España y la República Portuguesa para la aplicación de las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos. Esto supondría la apertura de un plazo de información pública en Portugal para que se puedan presentar alegaciones por “el público interesado y todas las entidades a quienes el proyecto pueda interesar”. Como la misma Junta de Castilla y León ha reconocido, cabe la posibilidad de realizar ese trámite de información pública en Portugal para la Autorización de construcción de la Planta de Tratamiento de Retortillo, por lo que el Gobierno español debe realizarlo antes de otorgar dicho permiso.
Los representantes políticos también han querido transmitir a la ciudadanía la oposición a la autorización y puesta en funcionamiento del proyecto actual que contempla la empresa Berkeley, y que consideran muy negativo para los pueblos del Campo Charro y las personas que los habitan, apoyando la oposición de la población y considerando que no tiene futuro en una sociedad europea que promueve valores de conservación del medio ambiente y de seguridad frente a los riesgos para la salud que ese proyecto conlleva, no solo de la zona sino también del país vecino.
Al mismo tiempo todos estos representantes públicos españoles han querido hacer patente su demanda a los gobiernos central, autonómico de Castilla y León y provincial de Salamanca para que apoyen la puesta de marcha de proyectos de futuro para la zona, basados en la agricultura, la ganadería y el turismo sostenibles, que impliquen la creación de oportunidades y de empleo a largo plazo. Así mismo, también han reivindicado el apoyo de los servicios públicos en el mundo rural.
Señores de Berkley, que seguridad tienen a la hora de hablar, o cobrar buenas cantidades para decir que su proyecto es tan estupendo, ustedes creen de somos tan tontos para rechazar semejante oportunidad si fuera asi, rechazar puestos de trabajo, venga no se rian de todos mosotros. Esto es undir la pronvincia, ustedes despues de los 9 años previstos se van y los charros
ResponderEliminarNos quedamos con los restos, una zona dañada, empobrecida y dañina para la salud. Donde esta la ventaja
y lo mismo para el pais Portugues.
Pensemos!!!!
Los de Berkeley piensan que nuestro CI está por debajo del de ellos, cuando realmente tenemos gente aquí que son hasta miembros de Mensa, mucho más dotados intelectualmente que los desgraciados que dirigen Berkeley.
ResponderEliminarQue no engañen más a sus inversores y sean sinceros con ellos. Cuanto más pase el tiempo, peor será para ellos y para los inversores, que al final acabarán demandando a Berkeley.
Los que también tienen que hacerse una revisión psicológica completa son los dirigentes de Castilla y León. Tienen que hacerse mirar en un buen diván por qué prefieren 9 años de 4 trabajos mediocres mileuristas a cambio de destrozar, envenenar, mutilar, empobrecer, y poner en riesgo la vida durante más de mil años en una zona tan rica.