SOLICITAMOS A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN "NO" CONCEDA LA UTILIZACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA POR LA VÍA DE URGENCIA PARA LA OCUPACIÓN DE LA FINCAS DE RETORTILLO QUE SUS PROPIETARIOS NO QUIEREN VENDER A BERKELEY MINERA.
Terrenos de Retortillo que Berkeley solicita expropiar por vía de urgencia para ocuparlos en un proyecto que aún no tiene autorizado.
Se ha publicado el anuncio del inicio
de un expediente de expropiación forzosa por la vía de urgencia de las fincas
afectadas por la mina de Retortillo. Para que sea efectivo este procedimiento
la Junta de Castilla y León debe aprobar ese carácter de urgente en la
expropiación a realizar.
Declarar la urgencia en un
procedimiento de expropiación forzosa está previsto para situaciones
excepcionales que no se dan en el presente caso. Los intereses de una empresa
minera no pueden urgir a la Junta de Castilla y León a resolver sus
pretensiones.
Desde STOP URANIO solicitamos a la
Junta que no apruebe la utilización de la expropiación por la vía de urgencia
para la ocupación de las fincas que Berkeley Minera necesita para su proyecto
de Retortillo, porque no hay ninguna urgencia en expropiar unos terrenos en los
que no se puede construir nada por carecer de los permisos necesarios para ello
y porque la mayoría de los alcaldes de la zona afectada, muchos del Partido
Popular, se oponen al proyecto minero.
López Uralde en Retortillo |
Hay que recordar que recientemente el
Gobierno español ha contestado en sede parlamentaria a una pregunta del
Diputado Juantxo López de Uralde que “no
es previsible, a la vista del estado actual del procedimiento de autorización
de esta planta, que a corto plazo se vaya a autorizar a Berkeley evacuación
alguna”.
¿Si el procedimiento de autorización de
construcción de la Planta de beneficio está suspendido “indefinidamente” por el
Ministerio de Energía cómo se va a apreciar urgencia en la expropiación de los
terrenos necesarios para construirla?
El Partido Popular debe dejar de jugar
al doble juego de aprobar mociones en contra de los intereses de la empresa
minera en la Diputación o Ayuntamiento de Salamanca y a la vez dar todas las
facilidades a Berkeley para instalarse en nuestra provincia.
Por otro lado es inconcebible que en
España nos sigamos rigiendo por leyes heredadas del franquismo que provocan
situaciones de auténtico expolio a los intereses legítimos de la ciudadanía.
Hay que recordar que la ley de minas es de 1973 y la de expropiación de 1954.
Ahora que se está hablando de reformar la constitución para adaptarla a los
nuevos tiempos del siglo XXI, resulta que una empresa de
origen australiano se acoge a una ley de mediados del siglo pasado para ocupar
unas fincas dedicadas a la actividad agrícola-ganadera para construir una
instalación que tendrá funestas consecuencias en la comarca salmantina del
Campo Charro.
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