LA MINA DE URANIO DE BERKELEY "ACORRALADA Y AGONIZANTE EN UN MAR DE OBSTÁCULOS"

La Justicia acorrala el proyecto para explotar una mina de uranio en Salamanca.

 

 

Un juzgado ordena paralizar la tala de encinas centenarias que la empresa había comenzado a echar abajo. La Fiscalía y la Audiencia Nacional también investigan el proyecto de una compañía minera australiana.

"La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investiga si se ha cometido un delito al medio ambiente"

La mina de uranio a cielo abierto que la empresa australiana Berkeley pretende abrir en pleno Campo del Yeltes, en la provincia de Salamanca, agoniza en un mar de obstáculos. El proyecto, el único de este tipo que de llegar a funcionar existiría en Europa, se encuentra suspendido en una enredadera burocrática en la que se entrelazan la falta de permisos, las sospechas de irregularidades y un panorama económico muy poco favorable para este elemento químico, imprescindible para la generación de energía nuclear.

 

El último escollo ha llegado este mismo miércoles por parte un juzgado de Salamanca que, tras la denuncia de un grupo de vecinos, ha ordenado la paralización cautelar de la tala de los centenares de encinas que las excavadoras de la minera se estaban llevado por delante para construir el proyecto. Aún así, la orden es cautelar, a la espera de una decisión definitiva el próximo 26 de abril.

 

 

 

El daño ambiental es importante, porque parte de la zona donde crecieron estos árboles, que pueblan desde hace siglos las dehesas de los municipios de Retortillo y Villanueva del Yeltes, forman parte de la Red europea de espacios protegidos Natura 2.000. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid investiga si se ha cometido un delito al medio ambiente tras una denuncia interpuesta por la organización WWF. Los grupos ecologistas y los vecinos aseguran que en total se han talado unas 1.500 encinas; la empresa habla de unas 250.

 

Los vecinos que se oponen a la mina, agrupados en la Plataforma Stop Uranio, acudieron a los tribunales porque veían incomprensible que la empresa destruyera todo aquel patrimonio natural cuando ni siquiera cuenta con los permisos que necesita para asegurar el funcionamiento del proyecto; y sin que la Junta de Castilla y León o alguna otra administración hayan hecho nada por impedirlo.

 

“¿Quién asumirá el coste de restauración de la zona si la empresa abandona a mitad de camino?”, se pregunta su portavoz, José Ramón Berrueco, en conversación con este diario.

 

Las dudas son razonables. El historial que esta empresa acumula en los tribunales es largo. Hace pocas semanas, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca suspendió la petición para construir en el suelo rústico en el que se ubicará la mina. Y unos días antes se conocía también, gracias a una pregunta parlamentaria del diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, que el proyecto tampoco cuenta con la autorización del Ministerio de Energía.

 

 

 

“Esta empresa, por diez años de trabajo, va a crear mil años de destrucción ecológica, ”, señala el diputado, que reclama la paralización definitiva de todas las obras.

 

Stop Uranio ha denunciado ante la Fiscalía de Salamanca, además, las obras de desvío de una carretera comarcal emprendidas por la empresa y la realización de un socavón “de enormes proporciones” para la construcción de una balsa, supuestamente sin autorización. Por si fuera poco, la Audiencia Nacional estudia desde hace un año el permiso que el Ministerio de Industria concedió a la mina y que fue recurrido por Equo y Ecologistas en Acción. La Comisión Europea evalúa por su parte la afectación del proyecto a los espacios protegidos de la zona y Portugal, cuya frontera se encuentra a pocos kilómetros, se ha mostrado preocupado por la posible contaminación de los ríos cercanos a la mina que siguen su trayectoria por el país luso, según informo El País.

 

¿Por qué seguir adelante con un proyecto con tantos obstáculos? “No la van a poner en marcha, la construirán y la venderán, imagino. Pero han hecho una inversión grande y ahora tienen que ir hasta el final o arruinarse”, asegura Manuel Serrano, abogado de Stop Uranio.

 

“Yo llevo diciendo desde el principio que esta mina no es rentable”, señala por su parte Paco Castejón, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear y miembro de Ecologistas en Acción, que considera que la operación de la australiana tiene más que ver con una actividad especulativa que con el interés real por el uranio.

Ambos recuerdan que Berkeley compró antes de 2011 los antiguos yacimientos por 49 millones de euros a la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), que no los quería por su escaso potencial. Tras el accidente en la central de Fukushima, el precio del uranio se desplomó.

 

La empresa, no obstante, sostiene en su último informe financiero de finales de 2016 que la de Salamanca es “una de las minas de uranio con menor coste de producción del mundo” y asegura que el yacimiento es capaz de producir un promedio de 4,4 millones de libras de uranio al año con un coste total de producción de 15,06 dólares por libra, en lugar de los 41 dólares habituales. Además, afirma que durante los diez años en los que se prevé que esté produciendo, la mina generará unos beneficios netos de 116 millones de dólares.

 

Hay, también, quien ve en el proyecto una oportunidad laboral para la zona. La empresa, que asegura que cuenta con un gran apoyo local, promete más de 400 puestos de trabajo y asegura que ha recibido más de 21.000 solicitudes de empelo.

 

Sus detractores temen que sea precisamente la mina la que acabe con los principales pilares económicos del lugar: el turismo rural y la ganadería.

http://www.publico.es/sociedad/uranio-justicia-acorrala-proyecto-explotar.html