MEDIO AMBIENTE
La 'fiebre' del uranio en Salamanca, en manos del juez
Los vecinos denuncian la tala de encinas centenarias para acometer el proyecto
La empresa minera asegura que cumplen con todas las normas y que el impacto ambiental será mínimo
Las encinas centenarias de las dehesas de Retortillo han soportado el frío de la Castilla profunda durante décadas y han visto crecer a varias generaciones de vecinos a lo largo de su vida. Ahora, muchas están siendo arrancadas, y otras lo serán en los próximos meses, para dejar espacio a la excavación de una mina de uranio. "Las encinas están siendo taladas sin ningún escrúpulo", lamenta Lorenzo Calderón, vecino y ex alcalde del pueblo.
La tala se debe al interés mostrado por la empresa Berkeley Minera España S.A., filial de la compañía australiana Berkeley Resources, por una de las dehesas situada entre este pueblo y su vecino, Villavieja de Yeltes, bajo la cual se encuentra un yacimiento de uranio, un mineral radiactivo, que la empresa quiere explotar.
Precisamente esta semana, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Salamanca ha ordenado de forma cautelar "la paralización inmediata de la tala, corta, arrancamiento y/o desmonte de encinas que la empresa Berkeley Minera de España S.L. está realizando en el término municipal de Retortillo", según señala el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Desde Stop Uranio alegan que la obra para la creación de la mina "está acabando con un bosque de encinas centenarias" a un ritmo de unas "20 o 25 encinas diarias, con el consiguiente daño irreversible que ello conlleva de no ser autorizado el proyecto minero", continúa el auto.
La mina que planean construir, superficial y a cielo abierto, estaría situada a menos de tres kilómetros de distancia del pueblo y sería la mayor de Europa. La superficie autorizada para el proyecto es de unas 2.500 hectáreas, aunque la mina ocuparía 230, similar a unos 230 campos de fútbol. En concreto, este proyecto minero consta de dos partes, por un lado la excavación de la mina en sí y, por otro, la creación de una planta de concentrado de uranio, para enriquecerlo y que pueda ser empleado como combustible para centrales nucleares.
Pero más allá del daño que la minería de uranio implica en la fauna o la flora, también tiene impacto en la salud pública puesto que genera residuos radiactivos. Eduardo Rodríguez Farré, médico, profesor de investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y miembro del comité científico sobre los nuevos riesgos para la salud de la Comisión Europea, aclara que cuando el uranio se trata "siempre queda una diseminación de radioactividad tanto para los trabajadores como para el ambiente y la gente que vive cerca o que está expuesta." De forma que la cercanía del pueblo (a tan sólo tres kilómetros) influye. "Las partículas pequeñas de uranio en contacto con el aire forman un aerosol que al ser inhalado se acumula en el pulmón y puede determinar problemas graves a largo plazo", señala.
Preocupación ambiental
Los vecinos de la zona y ecologistas, agrupados en la Plataforma Stop Uranio, se opusieron al proyecto desde sus inicios, ya que aseguran que la construcción de esta mina destruiría un entorno natural, con una parte incluida en la Red Natura 2000 , un título que le otorga protección a nivel europeo.
Así, las actividades alterarían el hogar de especies en peligro de extinción como la cigüeña negra o la sarda salmantina. Éste último es un pez endémico que sólo habita algunos ríos de esta comarca, está protegido a nivel europeo y su recuperación podría verse amenazada por la toma y el vertido de agua por parte de la empresa.
Las consecuencias medioambientales fueron analizadas por la Junta de Castilla y León en un informe de impacto medioambiental, que finalizó con la formulación de una "declaración de impacto ambiental en términos favorables con medidas protectoras", aclaran fuentes de la Junta.
Sin embargo, el informe ha sido calificado de "somero y superficial" por la ONG WWF España. A pesar de que la declaración de impacto se realizó para la la excavación de la mina en sí, ha sido utilizado por la empresa para la planta de concentrado. Esta parte del proyecto está calificada como instalación radiactiva de primera categoría, "similar a una planta nuclear", aclara Gema Rodríguez de WWF España, por lo que necesita la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear y es el Ministerio de Industria quien debe estudiar su impacto, algo que aún no se ha acometido.
En cuanto al impacto en la flora y la fauna, una de las principales polémicas se centra en la cifra de encinas que serán taladas. Desde la Plataforma Stop Uranio y la ONG WWF estiman la tala en unas 30.000 encinas. Mientras, desde la empresa minera, Paul Atherley, director gerente de Berkeley Energia, declara a EL MUNDO que "el número de árboles que serán clareados es de cerca de 250 hasta la fecha". Asegura también que muchos de ellos son viejos o están enfermos y que, además, plantarán 30.000 nuevas encinas. Sin embargo, no han facilitado los datos totales de los árboles que habrán talado al final del proyecto.
Los vecinos de la zona aseguran, además, que ya se han llevado a cabo trabajos de cata, construcción de dependencias, tala de encinas y movimientos de tierra para abrir una balsa en las hectáreas destinadas a extraer el mineral atómico. "La balsa ni siquiera estaba en el proyecto inicial, lo hacen para dar la sensación de que ya se está abriendo la mina", cuentan desde Stop Uranio. Según señalan, varias de estas obras preparatorias se habrían acometido sin permiso y los ayuntamientos en cuyo suelo opera Berkeley sancionaron por ello a la empresa en febrero: Villavieja de Yeltes le multó con 10.000 euros y Retortillo con 8.000. Desde la empresa minera, Atherley asegura que cuentan con todas las autorizaciones necesarias.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España ha señalado en un comunicado que considera que el proyecto minero ''dejará el territorio tal y como estaba o incluso en mejores condiciones." Además, asegura que la mina produciría un 10% de la demanda total de uranio de la Unión Europea y aliviaría el déficit energético de España.
Permisos necesarios
El conflicto por la mina comenzó hace años, cuando se iniciaron los sondeos en 2007, y ha llegado incluso al ámbito político. Javier Santamartina, miembro del Partido Popular y entonces alcalde del pueblo, fue acusado por vecinos y ecologistas de incrementar "su patrimonio personal" a cambio de facilitar y acelerar las gestiones de la minera, señalan desde Stop Uranio. En las elecciones de 2011, los vecinos votaron por mayoría absoluta a Lorenzo Calderón (PSOE), que desde el inicio luchó en contra del proyecto.
Sin embargo, Calderón dimitió de su cargo en 2016 al ser el único en votar en contra de mina y de la opinión de sus compañeros de partido, que rompieron la disciplina de voto y se posicionaron, junto al PP, a favor de la construcción. "Me hubiera gustado seguir luchando para mantener la belleza de Retortillo", cuenta a EL MUNDO, "es una gran tristeza para mi pensar que mi pueblo, tal y como lo conozco, va a cambiar, y que las zonas en las que me crié van a desaparecer." El actual alcalde del pueblo, Manuel Francisco Hernández, también del PSOE, no ha querido hacer declaraciones a este diario sobre el tema. Calderón señala que su relación actual con la persona a quien él mismo nombró su teniente de alcalde es, en la actualidad, "nula".
El permiso de la construcción de la mina fue otorgado por la Junta de Castilla y León, pero la construcción de la planta de residuos radiactivos debe contar con cuatro autorizaciones (previa, de construcción, de funcionamiento y de desmantelamiento) que son otorgadas por el Ministerio. Por el momento, la empresa ha conseguido la primera de ellas, otorgada en 2015 y que se encuentra en la actualidad recurrida en la Audiencia Nacional por dos razones: porque el informe de impacto ambiental debería haber sido hecho por el Ministerio en vez de por la Junta; y porque en él no se tuvieron en cuenta los residuos radiactivos, cuentan desde WWF España.
La situación de la segunda autorización era desconocida hasta hace unas semanas cuando, tras una reclamación de Equo, el Ministerio reveló que ha suspendido el proceso de concesión hasta que obtengan el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, "decisión que no ha sido comunicada oficialmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca ni a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, por lo que se desconoce el alcance y las consecuencias de dicha decisión", apuntan desde la Junta.
Por su parte, la empresa Berkeley asegura que están comprometidos con los estándares de excelencia medioambiental y que cuentan con todos los permisos necesarios. Además, señala que están encantados con el apoyo institucional recibido y, "en particular, con el fuerte apoyo local del proyecto, creado para rejuvenecer a una comunidad en busca de trabajo e inversión que evite futura despoblación", creando cerca de 2.500 empleos. Desde Stop Uranio aseguran que sólo un 10% de los puestos de trabajo serían para personal no cualificado, por lo que los habitantes del pueblo no podrían, en su mayoría, beneficiarse del empleo generado.
Esperemos que la justicia actue en consecuencia y nos de la razon y se pare esta injusticia y paren de especular con nuestra tierra.
ResponderEliminarQue esta pasando que no cantais algo a salido muy mal y peor que sepondra
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