4 de abril de 2017

LA AMENAZA FRONTERIZA DEL URANIO PARA PORTUGAL

La amenaza fronteriza del uranio
 
Portugal reconoce "preocupación" por la mina a cielo abierto que una empresa australiana quiere explotar en una comarca de Salamanca
 
 
 
Hace sol, y el río Yeltes resplandece encajado entre enormes rocas graníticas y el verdor de una vegetación frondosa. Solo se oye el murmullo de la corriente. A unos metros emerge la toma de agua del manantial del balneario salmantino de Retortillo (Salamanca), inaugurado en 1903 pero cuyas aguas termales ya se conocían en época romana. “Imagina que estás aquí relajado. Y empiezas a oír voladuras, camiones pasando, máquinas…”. Raquel Romo, que regenta una tienda de recuerdos frente a la entrada del establecimiento, lanza una de esas preguntas que no parecen necesitar respuesta: “¿Es compatible un balneario con una mina de uranio a cielo abierto?”
 
Los planes de la minera australiana Berkeley para esta comarca remota y despoblada, a menos de 40 kilómetros de la frontera portuguesa, pasan por albergar la que sería la única explotación de uranio a cielo abierto de la Europa occidental. Asegura que se pueden extraer 2,2 millones de toneladas anuales de este mineral radiactivo durante 10 años; incluso ha vendido ya parte de la futura producción pese a carecer de algunos permisos. Pero la poderosa multinacional se ha topado con un grupo de vecinos, ganaderos en su mayoría, que quieren que sus pueblos sigan viviendo de las dehesas y del agua. Temen que desaparezca su modo de vida.
 
No están solos en su inquietud por los efectos negativos de la mina. El Gobierno portugués afirma estar preocupado y ha reclamado a España información detallada sobre el proyecto, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Su agencia medioambiental ha elaborado un informe en el que afirma que la mina es susceptible de tener “efectos ambientales significativos en Portugal”, tanto por la proximidad a la frontera y la dirección de los vientos, como por lo que pueda suceder con el río Yeltes, afluente del Huebra que a su vez desemboca en el río Duero. La preocupación se centra en “la contaminación radiológica y por metales pesados”.

Miembros de la plataforma Stop Uranio, que trata de evitar que se siga construyendo la mina.LUIS SEVILLANO
 
La minera, mientras tanto, promete más de 400 puestos de trabajo (aunque en 2011 decía que eran 150-200) en una comarca envejecida y con una elevada tasa de paro. Y tranquiliza a los vecinos: los terrenos se restaurarán y se plantarán aún más árboles de los que se están destruyendo. Porque esa es de momento la cara visible del proyecto: hectáreas enteras de encinas centenarias arrancadas de cuajo y reducidas a madera apilada en dehesas donde hasta hace unas semanas pastaban las vacas.

Tala de encinas

Los vecinos hablan de entre 1.000 y 1.500 encinas muertas. Berkeley, en respuesta escrita a este diario, dice que son 250. No es fácil comprobar la magnitud de la tala a simple vista. Los ejemplares que se ven desde la carretera están intactos, como si allí no hubiera pasado nada. Solo si uno se adentra en las fincas ve el paisaje pelado y aún encuentra restos de las encinas desmochadas. Un breve desvío por un camino de tierra permite apreciar otra enorme superficie baldía: se han deforestado unos 25.000 metros cuadrados para excavar lo que parece una balsa. Berkeley lo niega. De serlo, la habría construido sin permiso.
 
Obras de lo que parece una balsa cerca del pueblo de Retortillo. Antes era un encinar.
 
El proyecto es polémico desde el inicio. La empresa contrató como lobista en Bruselas a Manuel Lamela, exalto cargo del comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que fue quien firmó la autorización comunitaria para la mina. La Audiencia Nacional estudia desde el año pasado la legalidad del permiso que le dio el Ministerio de Industria al proyecto tras una denuncia de Equo y Ecologistas en Acción. Y recientemente dos fiscalías han abierto diligencias, una para estudiar la demanda de Stop Uranio según la cual la construcción de la balsa no tiene el permiso necesario, y otra después de que WWF denunciara la tala masiva de encinas centenarias en una zona protegida Natura 2000.
 
Mientras los tribunales trabajan, los vecinos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, los dos municipios más cercanos a la futura mina, asisten desolados a la destrucción del entorno. “Nos están echando de aquí. Esta es nuestra forma de vida”, asegura Fernando Rodríguez, que denuncia haber sido obligado a vender sus tierras bajo la amenaza de la expropiación forzosa y de un “justiprecio ridículo”. Vendió 215 hectáreas a Berkeley, lo que le obligó a trasladar a parte del ganado que pastaba allí y a desviejar (sacrificar) varios ejemplares. “Berkeley promete empleo, pero de momento aquí están viniendo operarios de fuera. Esta es zona ganadera. Yo tengo cinco empleados, y alguno lleva 30 años aquí. Nadie se acuerda de ellos”.

Trabajo en el balneario

“Aquí la gente vive del ganado, de cerdos, vacas, y de la agricultura. Y hay otro negocio muy importante, que es el balneario de Retortillo, que da 60 empleos directos –la mayoría a mujeres, con lo difícil que es el empleo femenino en el mundo rural-- a los que hay que sumar los indirectos como mi tiendecita”, dice Raquel Romo, que se ha juntado con otros vecinos para crear la plataforma Stop Uranio y tratar de plantar cara a la minera. La casa de sus padres, anexa a la tienda, tendría a unos 500 metros la explotación minera. “Vamos a estar escuchando explosiones, viendo pasar camiones, sufriendo polvo en el ambiente”, relata. Su madre, Eugenia, de 68 años, la escucha y asiente.
 
Vista del balneario de Retortillo y del río Yeltes.
 
En el balneario, que con 147 habitaciones es el mayor establecimiento hotelero de toda la provincia de Salamanca, empiezan a cancelar reservas. “La gente que llama ya no pregunta si va a hacer bueno; quieren saber si la mina ya está abierta”, dice un trabajador, que pide anonimato. La compañía asegura en sus comunicaciones a los inversores que cuenta con el apoyo de la comunidad y aduce el gran número de solicitudes de trabajo recibidas. Sin embargo, cuando se pregunta en la plaza de Retortillo, nadie quiere defender la mina. Por no querer, no quieren ni hablar de ella. ¿Por qué? “Hay mal rollo”, deja caer una mujer de unos 30 años mientras se aleja a toda prisa.
 
Quizá tenga algo que ver el papel que ha jugado este pequeño ayuntamiento (250 habitantes) durante los últimos años. El exalcalde Javier Santamartina (PP) vendió a Berkeley la finca familiar en la que ahora están las oficinas de la empresa. A dos de sus concejales les dio trabajo la minera, que también ha pagado el parque infantil de la localidad y unas obras en la piscina municipal. Un juzgado de Ciudad Rodrigo les investiga a los tres por un posible delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Santamartina ya no tiene cargo público, pero los dos concejales a sueldo de Berkeley siguen en su puesto.

Especies protegidas

La mina afectará a dos zonas protegidas por Natura 2000, la red medioambiental europea: un LIC (lugar de interés comunitario) y una ZEPA (zona de especial protección para las aves). Y a varias especies de fauna protegida, como la cigüeña negra, el milano real y el alimoche, en peligro de extinción o calificadas de “vulnerables”, según admite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva que dio al proyecto la Junta de Castilla y León.
 
Es la hora del café y en el bar Casa Blanca dos ganaderos jóvenes dicen que la mina acaba con su modo de vida. “No entiendo que la Junta haya permitido esto. Los agentes forestales de siempre nos han dicho que no pusiéramos ni campanillas a las vacas para no molestar a la cigüeña negra o que no nos metiéramos con el coche por ciertas zonas donde anidaba el milano. Ahora llega Berkeley y les dejan cortar los árboles donde están esos nidos... Parece que ya no importa nada”, se lamenta Marcos Garrido, trabajador de una finca ganadera cercana.
 
Pintada en un edificio abandonado junto a la carretera de entrada a Retortillo (Salamanca).
 
Tres segundos de silencio y un “aquí hay mucho paro”. Así responde uno de los trabajadores de Berkeley a la pregunta de si hay quien apoye la mina. Son pueblos pequeños, dice, “todo el mundo es familia o casi”, y nadie quiere enemistarse. Pero los miembros de la plataforma Stop Uranio han ido perdiendo el miedo a hablar, y cada vez alzan más la voz. Pese a las amenazas. Contra dos de ellos, Jesús Cruz y José Ramón Berrueco, se ha querellado la empresa, que les acusa de injurias y calumnias y les reclama en concepto de daños 500.000 euros, según documentación consultada por EL PAÍS.

A Portugal le preocupa el Duero

La preocupación por los efectos de la mina al otro lado de la frontera ha provocado que Portugal haya pedido formalmente a España, en virtud de un protocolo firmado en 1998 sobre evaluaciones ambientes de proyectos transfronterizos, el envío de la declaración de impacto ambiental de la mina. Según una respuesta parlamentaria a dos diputados de Os Verdes, al Ministerio de Medio Ambiente portugués le preocupa especialmente la calidad del agua, debido a “la importancia del río Duero para la disponibilidad de agua para el abastecimiento público de aproximadamente dos millones de personas y para el riego de todo el Duero Vinícola”.
 
Según el informe elaborado por la Agencia Ambiental Portuguesa, preocupa especialmente los problemas de contaminación radiológica y por metales pesados “bien de la calidad del agua, o de la del aire, resultantes de la presencia de partículas, en particular partículas con metales pesados y partículas radiactivas”. “Esto suscita preocupación, por la posibilidad de ocurrencia, por el funcionamiento regular de la explotación o en la eventualidad de que ocurra una situación de catástrofe”, señala el Ministerio portugués en su respuesta.
 
Este martes la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha acordado suspender durante dos meses el procedimiento de autorización de uso excepcional en suelo rústico de la mina. Además, una respuesta parlamentaria al diputado de Equo Juantxo López de Uralde permitió saber hace unos días que el Ministerio de Energía suspendió en enero "con carácter indefinido" la autorización de construcción hasta la emisión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Este trámite podría demorarse hasta dos años. Pese a ello, la empresa ha seguido talando encinas con el permiso de la Junta de Castilla y León.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/04/actualidad/1491317558_705445.html

1 comentario:

anonimo dijo...

Paralizacion de las obras de la mina, ya.