9 de octubre de 2013

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN AJENA A LOS INTERESES DE LOS HABITANTES DEL OESTE DE SALAMANCA Y EN CONTRA DE LA CALIDAD DE VIDA.


Stop Uranio califica de auténtica pesadilla ambiental la Declaración de Impacto aprobada por la Junta a la minera Berkeley

La Plataforma Ciudadana contra la mina de uranio en Salamanca valora muy negativamente el informe favorable al proyecto "Retortillo-Santidad" publicado en el BOCYL de ayer y considera que las actuales autoridades castellano-leonesas están cambiando el bien común y la salud de la ciudadanía por los intereses particulares de una empresa privada en un proyecto de corta temporalidad cuyo perjuicio para las comarcas afectadas supera con mucho a los teóricos beneficios.
Stop Uranio considera  de auténtica "aberración", la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el día de ayer, al asumir erróneamente que una explotación que generará más de 40 millones de metros cúbicos de residuos (parte importante de los cuales serán de alta peligrosidad) puede ser "ambientalmente sostenible".
De un lado, está la extensa superficie de las escombreras, que superará las 62 hectáreas, en especial las de material sulfuroso (ARD) y NORM, que almacenarán desechos de alta toxicidad que pueden provocar graves problemas ambientales. Es necesario recordar que las filtraciones por fisura en las geomembranas son un problema consustancial a la minería a cielo abierto. Además la propia DIA alerta de la peligrosidad de los residuos al hacer referencia al sistema de protección, cuyo criterio "es lograr una vida útil de la cobertura" comprendida "entre los 200 y 1000 años o superior", para "el control de la radioactividad gamma, control del polvo y emanaciones de radón".
Por otra parte está el procedimiento elegido para la recuperación del mineral (lixiviación por pilas), que es el más barato y rentable para la empresa pero el que mayores riesgos entraña para el medio ambiente y en el que se dispondrá una superficie "de entre 10 y 15 hectáreas" para efectuar riegos de una solución de ácido sulfúrico durante un período de 110 y 130 días al año, con la misma problemática de las filtraciones que las escombreras, pues pese a la "triple capa de protección" que se menciona en el documento, es imposible garantizar la no alteración de las geomembranas protectoras al cabo del tiempo con el consiguiente peligro de filtración al terreno y, por ende, a los acuíferos de la zona. Un problema también compartido por cinco de las ocho balsas mineras, que con una capacidad de 25.000 metros cúbicos servirán del almacenaje al denominado "licor de lixiviación" en sus diferentes fases.
Sin embargo, es en el consumo de reactivos y en el recurso hídrico empleado donde se puede observar la desmesura y sinrazón de la iniciativa de Berkeley, pues tan sólo el proyecto "Retortillo-Santidad" empleará 42.000 toneladas de ácido sulfúrico, 16.000 litros de sosa cáustica o 10.000 litros de ácido clorhídrico anualmente, con un volumen de agua potable a emplear en el mismo período de 300 millones de litros para la planta de tratamiento y 270 millones de litros para el regado contra el polvo.
Finalmente está la absoluta falta de consideración del gobierno de Juan Vicente Herrera con el medio natural y la salud de la población al no atender las alegaciones presentadas y al asumir una serie de daños que deberán ser "mitigados", que no eliminados, a través las medidas "correctoras" llevadas a cabo por la empresa, tales como la contaminación atmosférica, edafológica, hídrica, acústica y otras afecciones sobre el territorio y el patrimonio arqueológico.
A la vista de los hechos, la Plataforma contra la mina de uranio de Salamanca considera claramente insostenible el proyecto, y se reafirma en su intención de luchar activamente contra el mismo a través de todos los cauces legales nacionales e internacionales a su alcance para conseguir la paralización definitiva de esta iniciativa, que supone un verdadero acto de "entreguismo" y "saqueo" para la provincia de Salamanca y que sitúa a la comunidad castellano-leonesa a la cola de Europa a nivel de protección del entorno  y responsabilidad medioambiental.

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