2 de diciembre de 2013

LA MINA DE URANIO JAMÁS COMPENSARÁ EL DÉFICIT EN LA SALUD HUMANA Y LA MUERTE MEDIOAMBIENTAL.


Stop Uranio apela a la responsabilidad institucional de la Junta ante el proyecto de Berkeley

 

La Plataforma contra la mina de uranio de Salamanca considera que ante el proyecto de la minera australiana, la Administración autonómica debería tomar en consideración el conocido como el Principio de Cautela o de Precaución, recogido en el artículo 174 del Tratado de la Unión Europea y que actualmente forma parte indispensable de todas las políticas rectoras que se desarrollan a nivel continental.

 

Este texto básico, que actualmente rige las políticas que se desarrollan a nivel continental estipula claramente que "la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado" y que "se basará en los principios de cautela y acción preventiva, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones".

 

Es por ello, que el Principio de Cautela es un concepto de respalda la adopción de medidas protectoras incluso antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo. y la posibilidad de elegir la "Opción Cero" o de no realización. Este enfoque, además, se ha incorporado en numerosos acuerdos internacionales y actualmente está reconocido como un principio general del derecho internacional en materia de medio ambiente.

 

Aplicado al proyecto de Berkeley, y ante las más que fundamentadas evidencias científicas de la problemática asociada a la minería del uranio para el medio ambiente y la salud de las personas, esto supone que la Administración castellano-leonesa debería, ante todo, examinar el coste-beneficio del proyecto sin basarse exclusivamente consideraciones económicas o los teóricos beneficios prometidos por la empresa, y por encima de todo tener en cuenta a las poblaciones afectadas, y como un proyecto a tan corto plazo puede repercutir en el futuro de las comarcas salmantinas, lo que en ningún momento parece haber tenido en consideración.

 

LA "RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA" DE LA MINERA JAMÁS PODRÁ COMPENSAR UN DÉFICIT EN LA SALUD DE LA CIUDADANÍA O EL DESEQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL

 

Pese a los intentos de la empresa por vender sus "significativos beneficios" para la economía de la provincia cabe preguntarse qué es lo que quedará después de los 11 años previstos para la explotación, quién habrá de hacerse cargo de los costes derivados de por vida del mantenimiento de las zonas de residuos calificados como radioactivos y por encima de todo a quién habrá que pedirle cuentas cuando los daños medioambientales sobre la dehesa y los recursos hídricos sean irreparables o se deriven problemas de salud para la población.

 

Stop Uranio luchará por todos los medios legales y civiles a su alcance para la paralización del proyecto y que los responsables políticos de su aprobación tengan que rendir cuentas ante la ciudadanía, que es en definitiva quien da y otorga poderes para cualquier acción de gobierno que debería tener, ante todo, un carácter preventivo y protector.

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