Stop Uranio apela a la responsabilidad institucional de la Junta ante el
proyecto de Berkeley
La Plataforma contra la mina de uranio de Salamanca considera que ante el
proyecto de la minera australiana, la Administración autonómica debería tomar
en consideración el conocido como el Principio de Cautela o de Precaución,
recogido en el artículo 174 del Tratado de la Unión Europea y que actualmente
forma parte indispensable de todas las políticas rectoras que se desarrollan a
nivel continental.
Este texto básico, que actualmente rige las políticas que se desarrollan a
nivel continental estipula claramente que "la política de la Comunidad en
el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de
protección elevado" y que "se basará en los principios de cautela y
acción preventiva, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en
las distintas regiones".
Es por ello, que el Principio de Cautela es un concepto de respalda la
adopción de medidas protectoras incluso antes de contar con una prueba
científica completa de un riesgo. y la posibilidad de elegir la "Opción
Cero" o de no realización. Este enfoque, además, se ha incorporado en
numerosos acuerdos internacionales y actualmente está reconocido como un
principio general del derecho internacional en materia de medio ambiente.
Aplicado al proyecto de Berkeley, y ante las más que fundamentadas
evidencias científicas de la problemática asociada a la minería del uranio para
el medio ambiente y la salud de las personas, esto supone que la Administración
castellano-leonesa debería, ante todo, examinar el coste-beneficio del proyecto
sin basarse exclusivamente consideraciones económicas o los teóricos beneficios
prometidos por la empresa, y por encima de todo tener en cuenta a las
poblaciones afectadas, y como un proyecto a tan corto plazo puede repercutir en
el futuro de las comarcas salmantinas, lo que en ningún momento parece haber
tenido en consideración.
LA "RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA" DE LA MINERA JAMÁS PODRÁ
COMPENSAR UN DÉFICIT EN LA SALUD DE LA CIUDADANÍA O EL DESEQUILIBRIO
MEDIOAMBIENTAL
Pese a los intentos de la empresa por vender sus "significativos
beneficios" para la economía de la provincia cabe preguntarse qué es lo
que quedará después de los 11 años previstos para la explotación, quién habrá
de hacerse cargo de los costes derivados de por vida del mantenimiento de las
zonas de residuos calificados como radioactivos y por encima de todo a quién
habrá que pedirle cuentas cuando los daños medioambientales sobre la dehesa y
los recursos hídricos sean irreparables o se deriven problemas de salud para la
población.
Stop Uranio luchará por todos los medios legales y civiles a su alcance
para la paralización del proyecto y que los responsables políticos de su
aprobación tengan que rendir cuentas ante la ciudadanía, que es en definitiva
quien da y otorga poderes para cualquier acción de gobierno que debería tener,
ante todo, un carácter preventivo y protector.
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