El procurador de IU-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha hecho prioritaria la lucha para parar en las Cortes la ejecución de esta obra
La mina de uranio de Retortillo un proyecto especulativo y envenenado contra las gentes del campo charro
IU lleva desde el inició de la legislatura apoyando la movilización contra la mina de uranio y realizando iniciativas para dar una solución de empleo y desarrollo a la comarca.
La multinacional australiana Berkeley quiere abrir en Salamanca, entre las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes, una mina de extracción de material de uranio a cielo abierto. La zona cuenta con parajes naturales protegidos (ribera del río Yeltes) y el pequeño municipio de Retortillo tiene un balneario. Además, esta comarca está próxima a la frontera portuguesa, con la que comparte el Parque Natural de Arribes del Duero.
La mina que pretende explotar Berkeley irá acompañada de una planta para el tratamiento del mineral de uranio. La gestión de la misma conlleva peligros para los acuíferos por la proximidad del río Yeltes que es afluente del Duero, lo que implica también la posible contaminación de las zonas portuguesas regadas por este río. Los efectos negativos de la expulsión de polvo a la atmósfera (gas radón), el trasiego de vehículos y maquinaria pesada, la lixiviación (tratamiento de material solido para extraer de él elementos separados) en balsas con peligro de rotura, el cráter que dejará la explotación a cielo abierto y el impacto en los cursos de agua, son muchos de los peligros e inconvenientes de este tipo de proyecto y todo para garantizar un máximo de explotación de la mina de diez años, tras los cuales quedará un territorio rural marcado por una explotación altamente toxica.
El periplo de Berkeley es muy extenso durante estos dos últimos años. Las irregularidades en los permisos obtenidos, las acciones como el inicio de la excavación de terreno con el fin de construir un tramo de carretera para unir la explotación con la carretera SA -322, además esta excavación, camuflada por la empresa como una cata del terreno, por sus dimensiones (125X200X3) encubriría el inicio de construcción de la balsa en la que tratar el material extraído de la mina.
La necesaria Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se exige siempre a cualquier obra que se realice en un medio natural, ha sido otro elemento de controversia. Esta DIA ha sido contestada por las irregularidades que contiene así como por los olvidos y descuidos que hay en ella para ajustarla, con calzador, a la normativa y, por lo tanto, para con esta declaración dar vía libre a la explotación de la mina.
El Procurador del Común de Castilla y León (nombre del Defensor del Pueblo en esta comunidad) ya redactó una resolución que solicitaba a la Junta de Castilla y León, volver a realizar esta declaración al observar en ella deficiencias que la hacían inapropiada para valorar el impacto real de ese proyecto en la zona. La Junta obvió tal petición y continuó, a veces con un silencio connivente, apoyando y defendiendo ese modelo de explotación minera.
Otro episodio que pone de manifiesto la impunidad con la que la multinacional actúa, ha sido la tala de más de un millar de encinas, una tala que fue, incluso, denunciada por la Guardia Civil al personarse y abrir expediente por dicha actividad. Como en casi todas las iniciativas que ha realizado Berkeley, en esta, tampoco contaba con los permisos pertinentes. Hubo incluso una campaña de justificación aludiendo a que alguno de los árboles estaban enfermos y, por lo cual, su tala obedecía a una necesidad. Todo resultó ser falso.
Durante todo este periodo de tiempo, la población se ha organizado con el fin de parar, a través de la movilización, este proyecto. Desde el primer día de la legislatura, por su parte, el procurador de IU-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha hecho prioritaria la lucha para parar en las Cortes la ejecución de esta obra. Proposiciones No de Ley, preguntas tanto al presidente de la Junta como a los Consejeros, se han ido desarrollando durante estos dos años y medio últimos. Uno de los momentos más críticos fue cuando se produjo, en uno de los debates sobre esta explotación peligrosa, la expulsión del Salón de Plenos de las Cortes de las personas invitadas por IU a uno de estos debates. Todas estas acciones han servido, no obstante, para mantener la atención sobre este problema. La coordinación de la movilización, que ha sido constante por parte de las personas que viven en la comarca, y las iniciativas institucionales han sido vitales para este “no dejar morir el conflicto y mantenerlo en la agenda política”.
La mina que pretende explotar Berkeley irá acompañada de una planta para el tratamiento del mineral de uranio. La gestión de la misma conlleva peligros para los acuíferos por la proximidad del río Yeltes que es afluente del Duero, lo que implica también la posible contaminación de las zonas portuguesas regadas por este río. Los efectos negativos de la expulsión de polvo a la atmósfera (gas radón), el trasiego de vehículos y maquinaria pesada, la lixiviación (tratamiento de material solido para extraer de él elementos separados) en balsas con peligro de rotura, el cráter que dejará la explotación a cielo abierto y el impacto en los cursos de agua, son muchos de los peligros e inconvenientes de este tipo de proyecto y todo para garantizar un máximo de explotación de la mina de diez años, tras los cuales quedará un territorio rural marcado por una explotación altamente toxica.
El periplo de Berkeley es muy extenso durante estos dos últimos años. Las irregularidades en los permisos obtenidos, las acciones como el inicio de la excavación de terreno con el fin de construir un tramo de carretera para unir la explotación con la carretera SA -322, además esta excavación, camuflada por la empresa como una cata del terreno, por sus dimensiones (125X200X3) encubriría el inicio de construcción de la balsa en la que tratar el material extraído de la mina.
La necesaria Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se exige siempre a cualquier obra que se realice en un medio natural, ha sido otro elemento de controversia. Esta DIA ha sido contestada por las irregularidades que contiene así como por los olvidos y descuidos que hay en ella para ajustarla, con calzador, a la normativa y, por lo tanto, para con esta declaración dar vía libre a la explotación de la mina.
El Procurador del Común de Castilla y León (nombre del Defensor del Pueblo en esta comunidad) ya redactó una resolución que solicitaba a la Junta de Castilla y León, volver a realizar esta declaración al observar en ella deficiencias que la hacían inapropiada para valorar el impacto real de ese proyecto en la zona. La Junta obvió tal petición y continuó, a veces con un silencio connivente, apoyando y defendiendo ese modelo de explotación minera.
Otro episodio que pone de manifiesto la impunidad con la que la multinacional actúa, ha sido la tala de más de un millar de encinas, una tala que fue, incluso, denunciada por la Guardia Civil al personarse y abrir expediente por dicha actividad. Como en casi todas las iniciativas que ha realizado Berkeley, en esta, tampoco contaba con los permisos pertinentes. Hubo incluso una campaña de justificación aludiendo a que alguno de los árboles estaban enfermos y, por lo cual, su tala obedecía a una necesidad. Todo resultó ser falso.
Durante todo este periodo de tiempo, la población se ha organizado con el fin de parar, a través de la movilización, este proyecto. Desde el primer día de la legislatura, por su parte, el procurador de IU-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha hecho prioritaria la lucha para parar en las Cortes la ejecución de esta obra. Proposiciones No de Ley, preguntas tanto al presidente de la Junta como a los Consejeros, se han ido desarrollando durante estos dos años y medio últimos. Uno de los momentos más críticos fue cuando se produjo, en uno de los debates sobre esta explotación peligrosa, la expulsión del Salón de Plenos de las Cortes de las personas invitadas por IU a uno de estos debates. Todas estas acciones han servido, no obstante, para mantener la atención sobre este problema. La coordinación de la movilización, que ha sido constante por parte de las personas que viven en la comarca, y las iniciativas institucionales han sido vitales para este “no dejar morir el conflicto y mantenerlo en la agenda política”.
IU ha promovido que la mina de uranio de Retortillo llegue al Congreso de los Diputados. El grupo de Unidos Podemos consiguió colocar una iniciativa y llevar a un nivel superior, la administración central del Estado, el problema de la mina. También, a través de la eurodiputada Marina Albiol, este tema fue tratado en el Parlamento Europeo ya que, muchas de las normativas, que actualmente están en vigor en la UE sobre medio ambiente y minas de extracción de materiales peligrosos, se incumplían.
Pero el problema sigue abierto, la multinacional no ceja en su empeño de querer abrir la mina en Salamanca y la Junta de Castilla y León, sigue mirando hacia otro lado, intentando jugar al despiste, dejar que pase el tiempo y mediante la laxitud con la que abordan el seguimiento y el control de la actividad de las grandes empresas multinacionales en la comunidad, conseguir que se abra la explotación.
El último paso que se ha dado ha sido la iniciativa del grupo IU-Equo en las Cortes de llevar al pleno el debate de una PNL en la que se plantea la paralización de este tipo de iniciativas. Es una propuesta que incluye, ya no solo la mina de uranio en Salamanca, sino también otra extracción que se quiere llevar a cabo en la sierra de Ávila, esta vez para extraer material de feldespato.
Se pide, una y otra vez, en los distintos debates tenidos sobre el modelo económico que apoya la Junta y que rechaza IU-Equo, que no solamente se está solicitando el no desarrollo de una serie de iniciativas que se consideran perjudiciales a medio y largo plazo, sino que también existe un plan para el desarrollo de las zonas a las que supuestamente beneficiaría este tipo de explotación.
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=7675
Frente a la inactividad y favor a extraños interereses de los políticos, imperiosamente obligados a defender el territorio sobre cuyos ciudadanos gobiernan en Castilla y León, ES de JUSTICIA reconocer que ciudadanos que no os hemos votado a los que tan dignamente nos estaís defendiendo OS ESTAREMOS ETERNAMENTE AGRADECIDOS.
ResponderEliminarGRACIAS a IU-EQUO, UNIDOS PODEMOS, EURODIPUTADOS y a CUANTOS NOS DEFENDEÍS en INSTITUCIONES PÚBLICAS.
Frente a devastación, creatividad, economía de calidad viable y sostenible.