EL PARTIDO POPULAR NO PERMITE REVISAR LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINA DE URANIO DE RETORTILLO.

Rechazan revisar la Declaración de Impacto ambiental de la mina de uranio de Retortillo, Salamanca

• La oposición reclamaba una nueva evaluación al entender que se habían obviado cuestiones como la radioactividad de algunos residuos, el almacenaje de uranio y el tratamiento de producto

Aspecto del Salón de Plenos del Parlamento Regional al comenzar a debatir sobre la declaración de impacto ambiental concedida a la mina de uranio de Retortillo.

El Pleno de las Cortes ha rechazado la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de uranio de Retortillo, Salamanca, que impulsa la empresa Berkeley, después de que la oposición reclamara que se volviera a analizar al entender que se habían obviado determinadas cuestiones como la radioactividad de algunos residuos, el almacenaje de uranio y el tratamiento de producto procedente de otras instalaciones.

José Sarrión, IU-EQUO, presentándo la proposición. 

La Proposición No de Ley (PNL), presentada por el procurador de IU-EQUO, José Sarrión, ha llegado al Pleno tras un empate en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, y ha sido rechazada por los únicos votos del PP tras un triple empate, al haber recibido el apoyo de los grupos del PSOE, Ciudadanos, Podemos y Mixto.

 Sarrión, quien ha destacado la labor de EQUO en esta iniciativa y todo lo relacionado con la mina, ha justificado la petición de revisión de la Declaración, de octubre de 2013, en el hecho de que no analice cuestiones fundamentales de la planta como que los residuos van a ser radioactivos, debido a que además de la extracción de mineral, va a haber una zona de concentración de uranio, pero además, ha incidido en que tampoco se tiene en cuenta la centralidad que tiene, ya que se podrá tratar allí materiales llegados de otros lugares.

El procurador del Grupo Mixto ha recordado que el proyecto supondrá una instalación sobre 2.500 hectáreas y un vallado de 27.000 metros lineales, pero además se abre después del cierre paulatino de estas instalaciones en toda Europa. "Llega una empresa extranjera, trasnacional, a poner un proyecto que en ninguna otra parte de Europa, con una evaluación de impacto ambiental realizada con enorme prisa y defectos", ha señalado Sarrión.

Además, ha recordado que la mina se asienta sobre una zona protegida incluida en la Red Natura 2000 y el río Yeltes se considera zona Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves y, aunque en la DIA se dice que no hay coincidencia geográfica entre el proyecto de la mina y los espacios naturales protegidos, sí territorial con los incluidos en la Red Natura.

David Castaño, CIUDADANOS, defendiendo la propuesta.

El procurador de Ciudadanos David Castaño, quien ha aclarado que no se pretende entrar en el debate sobre "uranio sí o uranio no", ha apoyado la iniciativa y ha exigido la corrección en los trámites técnicos, administrativos y burocráticos.

Castaño ha recordado algunos párrafos de informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la instalación y ha señalado que mientras en éstos si se contempla el almacenaje o el tratamiento del mineral procedente de otras minas, en la DIA no es así. Además, ha explicado que el propio Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes había conocido por el comunicado de CSN que Berkeley iba a tener este almacenamiento, algo que no dio a conocer al Ayuntamiento como "interesado".

"El proyecto era para unos once años, pero como abierto posibilidad de almacenamiento para otras minas puede durar eternamente", ha añadido el procurador de Ciudadanos, quien ha recordado que si se almacena uranio que llega de otras comunidades, la competencia de la evaluación ambiental es del Ministerio. "Hay elementos nuevos que aconsejan una revisión, ha añadido.

Fernando Pablos, PSOE, argumentando el apoyo de su grupo

En una línea similar se ha expresado el procurador socialista Pablo Romo, quien ha incidido en que lo primero que hay que determinar es qué tipo de instalación es, si extractiva o industrial, a su juicio esta última, según el informe del CSN, que ha comparado con la Declaración de Impacto Ambiental, y ha preguntado al PP en cuál de las instalaciones que se citan -laboratorio, comedor, etcétera-- se iba a hacer actividad industrial con material de otras minas.

Además ha pedido a la Junta que no se "lave las manos" y diga a los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes que informen esta cuestión cuando, con estas características de terreno y actividad, es competencia autonómica. "No se puede mirar para otro lado, es mucho más importante mirar el futuro de esta zona que el interés de unos pocos", ha señalado.

Carlos Eduardo Chaves, PODEMOS, pidió a la Junta que se "apeen del burro"

Por su parte, el procurador de Podemos Carlos Eduardo Chávez ha pedido a la Junta que se "apee del burro", porque "no pasa nada" si se han confundido y ven ahora que es una "barbaridad" lo que se hace con este proyecto. "No pasa nada, se puede asumir la responsabilidad, para eso en el hemiciclo y las instituciones públicas", ha insistido.

Además, ha calificado de "peregrinas" las razones por las que no se quieren "apear del burro", que en la zona "no pasa nada", cuando hasta la empresa ha recibido una multa del Ayuntamiento de Retortillo por realizar catas sin permiso, en las que además trabajaba un concejal y el acalde inspeccionaba. "Espero que esto no vaya ampliándose y al final haya algún consejero imputado", ha agregado.

 Por eso, ha reclamado utilizar el concepto de "prevención" para garantizar lo mejor para las personas y aunque dicen que no pasa nada, ha recordado los "hilillos" a los que se refería el Gobierno del PP cuando la catástrofe del Prestige.  "Igual va por el mismo sentido, que no pasa nada, y algún día nos encontramos con un problema", ha dicho, tras lo que ha criticado que el PP lleve 28 años sin hacer nada en despoblación y al final se agarra "a un clavo ardiendo, en este caso radioactivo".

Julián Ramos, PP y alcalde de Guijuelo, defendió lo indefendible.

Frente a estos argumentos, el procurador 'popular' Francisco Julián Ramos ha acusado a Sarrión de utilizar una argumentación "que no se ajusta a la realidad" y ha añadido que "cuando se presentan premisas falsas, se extraen conclusiones falsas".

Tras criticar "falta de rigor" y argumentos "demagógicos hasta decir basta", Ramos considera que se pide la revisión de la Declaración, "hecha, elaborada, estudiada y aprobada" por técnicos de la Consejería "por capricho, simple y llanamente porque no se ajusta a lo que sus grupos políticos proponen o lo que les gustaría".

Ramos, quien ha criticado que se ponga en duda la profesionalidad de los técnicos y a las administraciones que intervienen en el proceso, ha animado a que si lo que pretenden es que se paralice el proyecto, utilicen "otras vías".

El procurador 'popular' ha calificado de "falso" que alguno de los argumentos de José Sarrión y ha defendido la que el CSN ha reconocido que el estudio de impacto ambiental incluye toda la información que se requirió, "que es suficiente y adecuada" e incluso la Dirección General del Medio Natural no ven impacto para la Red Natura. Por ello, considera que "no procede revisión, dado que en su formulación se identifican todos los factores, se describen y evalúan los efectos".

Protesta ante las Cortes

Coincidiendo con el debate de esta Proposición, cerca de 15 personas se han manifestado ante las Cortes en rechazo al proyecto por razones similares a las esgrimidas por el procurador de IU-EQUO José Sarrión.

Integrantes de, GREENPEACE, STOP-URANIO, IZQUIERDA UNIDA y EQUO, mostraron su repulsa a la mina de Retortillo.

Así, el secretario de la Plataforma Stop Uranio, José Ramón Barrueco, ha explicado que es importante revisar la DIA porque hay "muchas incoherencias", entre otras que no se toma en consideración que habrá residuos radioactivos, algo que "tendrá consecuencias negativas" para la salud para los que viven en la zona, como se ha demostrado y ha ocurrido con unas minas que había en Andújar.

De la misma forma, ha incidido en que además de ser una mina, será un punto de concentración del mineral, lo que ha asegurado que "eleva" los riesgos que puede haber para la salud.

En cuanto a la riqueza que generará, ha rechazado que vayan a crear 200 puestos de trabajo, dado que sólo 20 serán de la zona y, mientras tanto, se van a destruir al menos los 65 que hay en un balneario a 300 metros de la mina, a lo que se sumará que va a afectar a los agricultores y ganaderos y las empresas de turismo que viven del potencial de la zona y no de la mina.

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Aclaración del porqué, a pesar de contar con mayoría de parlamentarios la oposición a la mina, se mantuvo el empate en las tres  votaciones.

Los empates en cinco de las siete votaciones realizadas hoy en las Cortes de Castilla y León han servido para rechazar, como prevé el Reglamento, proposiciones no de ley del PSOE y de IU -Grupo Mixto-, mientras que otra planteada por el PP sobre internacionalización de empresas ha sido aprobada.

Por las posiciones manifestadas por los portavoces de los grupos en las intervenciones era previsible que estas cinco votaciones acabaran en empate, al igual que otra propuesta que provenía de un debate previo en Comisión y que había registrado un empate, sobre un acelerador lineal para el Hospital de Segovia, aunque en este caso Ciudadanos finalmente se ha abstenido y ha supuesto el rechazo de la iniciativa por la mayoría de votos del PP, que se oponía.

No han sido empates a 42 votos, como era previsible, sino a 41 porque la hospitalización por un infarto del marido de una procuradora del PP, la abulense María Victoria Moreno, ha complicado el proceso, aunque finalmente el Grupo Popular ha informado de la situación al resto de grupos y el PSOE ha aceptado que uno de sus procuradores, el leonés Álvaro Lora, se ausentara en la votación.

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha informado al Pleno de la circunstancia "de fuerza mayor" justo antes de la votación, aunque en ese momento los grupos ya conocían que los empates se iban a mantener por el acuerdo alcanzado.

El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha justificado el acuerdo por una "regla de cortesía parlamentaria" y como una forma más de "cambiar la política" hacia una actividad "más humana". "No quiero que el resultado dependa de una circunstancia trágica, sea del partido que sea", ha resumido.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, quien ha aceptado que era una circunstancia "de fuerza mayor" y que por "cortesía parlamentaria" había que mantener el empate que se hubiera producido si no se hubiera tenido que ausentar.