El Ministerio de Industria ha concedido esta semana la “autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca)” [http://bit.ly/1MxYXiq]. Anteriormente, la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, había otorgado la Concesión de Explotación, así como había aprobado los Planes de Explotación y el de Restauración y Clausura para dicha explotación.
Quizás sea cierto que se inviertan 400 millones de euros, se creen 200 empleos, siempre en palabras de la propia empresa, y la zona oeste asista al milagro de ver manar leche en sus ríos y llover maná, como si de una travesía hacía la fe verdadera se tratase, pero, ¡oh, pero!, este proyecto minero no tiene ni pies ni cabeza y que, digan lo que digan, huele mal desde kilómetros de distancia por todas las irregularidades que se están cometiendo. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya dado el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, por parte de la Junta de Castilla y León, en una zona de una alta protección ambiental? Estamos hablando de un espacio protegido a nivel europeo mediante las figuras LIC, Lugar de Interés Comunitario; y ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves. Solo estos datos y la cantidad de especies animales y vegetales que se verán afectados, como muestra la DIA recién aprobada, debería haber paralizado el proyecto [http://bit.ly/1eZIFOp].
Un proyecto que, otro ejemplo, tiene concedida licencia para extraer 100 litros por segundo del río Yeltes, para la extracción y limpieza del mineral de uranio, con un máximo previsto de 344.563 metros cúbicos anuales, a los que hay que sumar 1.337.455 m3 más provenientes de pozos; es decir, 1.700 millones de m3 de agua van a ser detraídas de las reservas hídricas en una comarca que tiene un serio problema de déficit hídrico, y que afectaría seriamente a la agricultura y la ganadería, los sectores que mantienen con vida esta comarca. Como dato curioso, señalar que la cantidad de agua que tiene concedida el otro puntal económico de estos municipios, el Balneario de Retortillo, es ocho veces menor que en el proyecto minero. Por no hablar de los beneficios económicos que traen aparejadas las más de 6.000 personas anuales que tienen en las aguas termales una fuente de salud.
Obvio los posibles daños directos para la salud humana, que es, por lo que parece, lo que menos importa a los representantes políticos. Es evidente que nadie va a darse “baños radiactivos” para mejorar su salud. Los propios trabajadores del Balneario presentaron en su momento alegaciones, a la Confederación Hidrográfica del Duero, contra la captación de aguas que lleva aparejado el proyecto minero. Aducían, con toda la razón del mundo, que en ante el más mínimo accidente o vertido se “afectaría al manantial mineromedicinal del que obtiene los recursos el balneario para su tratamientos médicos”. Los trabajadores sostienen que “Berkeley no está dando información veraz de sus proyectos”, pues la mayoría de los procesos empleados, por la cercanía, pueden afectar “tarde o temprano” a “las zonas de recarga del manantial mineromedicinal del Balneario” [http://bit.ly/1cda77J].
Villavieja de Yeltes y Retortillo son los municipios donde se situarán las minas, pero no serán los únicos afectados. El agua, esa eterna anarquista, tiene la costumbre de hacerle caso a la ley de la gravedad, con lo que la posible radiactividad acuática se iría, con el río Yeltes, primero hacia el norte para virar posteriormente hacia el oeste, una vez llegados al Duero. Pero la circulación general atmosférica, soplando de oeste a este, hace que esa contaminación se desperdigue en muchas direcciones, y a muy largas distancias.
Ante el visto bueno dado al proyecto, no somos pocos los que estamos convencidos de que “el bien común y la salud de la ciudadanía han sido cambiados por los intereses particulares de una empresa privada”, a lo que hay que añadir que, viendo el precio actual del uranio en el mercado mundial, 70 dólares por kilo, frente a los 150 que se pagaban antes del desastre de Fukushima, los intereses son claramente especulativos.
http://salamancartvaldia.es/col/167/javier-gonzalez-alonso/
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