Y si en la JCyL no rectifican ya, tendremos una sentencia parecida contra el informe favorable de impacto ambiental que concedieron a Berkeley para la instalación de una mina de uranio a cielo abierto y planta de tratamiento de productos radioactivos en Retortillo, lugar protegido por normativas Comunitarias y Europeas.
La política de residuos de la Junta de Castilla y León ‘tocada y hundida’
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula las autorizaciones que la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta otorgó a la empresa Indureco S.L. para la ampliación de instalaciones con destino a la incineración de residuos.
En febrero de 2011 la Junta de Castilla y León aprobaba y publicaba en el Bocyl (4 marzo 2011) dos Resoluciones por las que se hacían públicas dos órdenes que autorizaban a la empresa Indureco S.L. sita en el polígono industrial de Venta de Baños a realizar cambios estructurales en sus instalaciones.
La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León interpuso recurso contencioso administrativo contra estas autorizaciones por:
- Considerar que se vulneraba completamente el procedimiento establecido para la autorización de las modificaciones sustanciales (información pública, informe urbanístico, informes sectoriales, audiencia a los interesados...).
- Omitir la preceptiva evaluación de Impacto Ambiental y no ajustarse a las previsiones del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, promulgado por Decreto 48/2006, de 13 de julio. (que no prevé la nueva instalación de eliminación de residuos peligrosos autorizada, como tampoco prevé las incluidas en la autorización ambiental original, también impugnada).
Esta nueva Sentencia (1618/2014) reconoce que la Junta de Castilla y León pasó por encima del procedimiento establecido a la hora de conceder la Autorización Ambiental y no se ajustó al ordenamiento jurídico, así como reconoce los aspectos demandados por Ecologistas en Acción, declarando nulas las dos Órdenes de febrero de 2011.
Esta sentencia es un nuevo varapalo a la política de residuos de la Junta de Castilla y León, por actuar contra su propia normativa y contra los dictados de la normativa Europea.
Fuente original: http://www.ecologistasenaccion.org/
Todavía nos queda un pez en la manga. ;)
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