20 de marzo de 2019

EN BRUSELAS SE INVESTIGARÁ LOS "INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA COMUNITARIA" EN LOS PERMISOS CONCEDIDOS A BERKELEY MINERA ESPAÑA PARA SU MINA DE URANIO.

‘Stop Uranio’ y Sarrión pedirán en Bruselas sanciones por la mina de uranio de Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca)
 
 
 
El procurador lo enmarca en la lucha «por un mundo rural vivo» contra el proyecto Berkeley

El procurador de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, junto a cuatro miembros de la plataforma ciudadana ‘Stop Uranio’, viajarán mañana a Bruselas para pedir a la Comisión Europea la apertura de un procedimiento de infracción al Estado español por «incumplimiento de la normativa comunitaria» en relación a los permisos concedidos para la apertura de una mina de uranio y una planta de tratamiento de residuos en la localidad salmantina de Retortillo.
 
En palabras del portavoz de la plataforma ‘Stop Uranio’, José Ramón Barrueco, tanto la Declaración de Impacto Ambiental positiva otorgada por la Junta como la autorización previa de construcción de la mina concedida por el Gobierno central «incumple distintas normativas europeas», entre las que citó la de Evaluación de Impactos, la Directiva Hábitas, el Marco del Agua, el Reglamento sobre el uso de la madera «que se incumplió con la tala de 1.800 encinas», y el Tratado del Euratom «al no comunicar a Portugal la construcción de la planta de tratamiento de residuos».
 
Además, según Barrueco, la construcción de la mina y la planta de residuos «también incumple el tratado de funcionamiento de la Unión Europea» al no haberse aplicado, por parte del Gobierno regional y nacional, «el principio de precaución» de la UE al no estudiar «el impacto en la salud de las personas y el medio ambiente, así como la utilización prudente de los recursos naturales», que en su opinión se incumplió «con la tala de 1.800 encinas que no ha servido para nada», informa Ical.
 
Una tala que ya está recurrida por parte de la plataforma ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y donde esperan una resolución que les dé «la razón», puesto que para Barrueco «las encinas se talaron ilegalmente y el responsable es el Ayuntamiento de Retortillo por autorizar esa tala».
 
 
 
Por todo ello, Barrueco considera más que justificada la petición de la apertura de un procedimiento de infracción al Estado español por incumplimiento de normativa comunitaria, dentro de un proceso que se llevó por primera vez a la Unión Europea en marzo de 2014 y en el que desde ‘Stop Uranio’ consideran que «se ha investigado lo suficiente» para que desde los órganos de gobierno comunitarios «se dé una solución».
 
 
 
Por su parte, José Sarrión acompañará a la delegación de ‘Stop Uranio’ dentro de la veintena de iniciativas llevadas a cabo por IU-Equo en las Cortes de Castilla y León «en contra de este proyecto de mina de uranio que la multinacional australiana Berkeley quiere situar en pleno Campo Charro», finalizando la legislatura con el viaje a Bruselas para informar a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo tras varios meses desde la presentación de la solicitud.
 
«Es una oportunidad para expresar ante el Parlamento Europeo una preocupación de toda la zona ante un proyecto repleto de irregularidades, que cuenta con varios procesos judiciales abiertos», recordó Sarrión, que mencionó el recurso contra la DIA de la Junta, que se encuentra en la Audiencia Nacional «por sus insuficiencias y defectos técnicos».
 
Se trata así de un viaje para «presentar en Bruselas la voz en defensa del Campo Charro y de un mundo rural vivo» frente a «un proyecto de mina de uranio y planta de tratamiento de residuos que atenta contra los intereses de los ganaderos y ganaderas salmantinos».
 
PROCESOS JUDICIALES
 
En cuanto a la situación de los procesos judiciales llevados a cabo por la plataforma ‘Stop Uranio’ contra la minera australiana Berkeley, así como contra las autorizaciones otorgadas por las distintas administraciones local, regional y nacional, José Ramón Barrueco aseguró que en mayo se hará pública la sentencia del proceso llevado a cabo por Equo contra la autorización previa concedida por el Gobierno central en 2015 puesto que «ahora no se puede hacer pública por estar en periodo electoral».
 

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