NOTA DE PRENSA DE:

 

El actual precio del uranio y sus perspectivas para los próximos años hacen que el proyecto de la minera Berkeley en Salamanca no sea rentable a nivel económico

En agosto, el precio del mineral cayo por debajo de los 35 dólares por libra (454 gramos), alcanzando el valor más bajo de los últimos años y muy lejos de los 70 dólares que llegó a alcanzar su cotización en el año 2011, justo antes del desastre nuclear de Fukushima.

 

De hecho, lo ocurrido en Japón ha derivado en un cambio de perspectiva por parte de muchos países. Alemania decidía en el mes de mayo adelantar su apagón nuclear y cerrar todas sus centrales antes del 2022 y los ciudadanos de Italia han rechazado mayoritariamente en referéndum la construcción de nuevas instalaciones nucleares. Incluso un país como Francia se está planteando su futuro a largo plazo y los proyectos de China e India de aumentar su dependencia de la energía nuclear han quedado suspendidos, contribuyendo al hundimiento el precio del mineral procesado.

En España, la situación es equiparable tras el cierre de la explotación salmantina de Saelices el Chico, cerrada en el 2000 por su falta de rentabilidad y el parón de la central nuclear de Garoña tras 42 años de actividad en medio de la polémica permanente por su seguridad.

En la actual coyuntura, y dado que según indican los expertos, el umbral de rentabilidad a nivel español en la minería del uranio ronda los 100 dólares por libra, para Stop Uranio el proyecto de Berkeley en Salamanca no es rentable bajo ninguna circunstancia y tiene a nivel financiero, un carácter puramente especulativo cuyo objetivo final apunta a la obtención de los permisos administrativos pertinentes para elevar la cotización de la empresa matriz en bolsa y, en su momento, proceder a la venta de sus derechos a otras empresas generando un margen de beneficio.

Por un lado, la filial de Berkeley Resources Ltd. en España utiliza una postura claramente ventajista debido a la situación de profunda crisis que atraviesa el país y la desesperación de las personas en busca de empleo. Por otro, la Junta de Castilla y León permite de manera abierta los manejos de una empresa que no serían tolerados en ningún otro país de la Unión Europea obviando mayoritaria oposición social al proyecto.

 

Desde la Plataforma contra la mina de uranio en Salamanca consideramos oportuno recordar que la obligación de la Administración autonómica y en especial de su Presidente es, ante todo, la protección de la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos de Castilla y León antes que los intereses particulares de una empresa privada cuyas promesas no se sostienen ni ambiental ni socialmente y cuyos efectos, de llevarse a cabo, tendrá que afrontar la población de las comarcas afectadas ante la pasividad de sus representantes públicos.