22 de marzo de 2012

POR FIN UN PARTIDO POLÍTICO REALIZARÁ ACCIONES PARA EVITAR LA MINA DE URANIO EN RETORTILLO

Equo llevará a los tribunales la explotación de uranio en la provincia de Salamanca
salamanca24horas.com
Equo Salamanca, también avisa que la formación pedirá la intervención de la Inspección de Trabajo por irregularidades en la “pantomima” de las ofertas de empleo realiza por una ETT contratada por Berkely, ya que, a su entender “el empleo minero está vetado a las Empresas Temporales de Empleo”.

En cuanto a los yacimientos de Villavieja y Retortillo, Equo asegura que “son sumamente malos, ya que solo aportan el 20%, y fueron excluidos, por este motivo, del Plan Minero Estratégico del Estado”. Además, dijo, son zonas declaradas ZEPA, Zonas de Especial Protección de las Aves. Las explicaciones de Equo también arremeten contra la empresa australiana Berkeley que “no es una empresa minera, sino una especuladora sobre valores mineros que compra y vende derechos de explotación minera”.

Tal es así, que, según Carolina Martín, al “vender humo con estas explotaciones en la provincia de Salamanca, sus acciones subieron y ganaron más de 40 millones de euros, sin que tengan permisos ni acuerdos para su explotación, porque ahora el uranio ha subido, pero cuando llegue el momento de bajar, ocurriría lo que en Saelices, que no sería rentable su extracción”. Finalmente, Equo denunció la entrega de 140.000 euros a los ayuntamientos de Villavieja y Retortillo para “tenerlos a su favor”.


Vista general de Retortillo
EQUO-Salamanca ejercitará acciones legales contra las maniobras especulativas de Berkeley

massalamanca.es
Según indican desde el partido, la empresa australiana "viene manipulando a la opinión pública de la comarca y chantajeando con los puestos de trabajo en torno al uranio".

Para esta formación política la empresa Berkeley Minera España (filial de la australiana Berkeley Resources) tiene como único objetivo especular con los derechos mineros adquiridos de Minera del Río Alagón y nunca abrirá una explotación minera en la comarca pues no tiene actividad minera conocida. Estas consideraciones serán trasladadas al Congreso de los Diputados por EQUO Salamanca.

El Diputado de EQUO Joan Valdoví hará una pregunta parlamentaria en el Congreso al ministro de Industria para que explique por qué ENUSA firmó ese contrato con Berkley, "porqué ahora ha decidido no cumplirlo y porqué no hubo el proceso de licitación pública a que obliga la ley por ser ENUSA una empresa pública", explican los representantes de EQUO Salamanca.

Durante la comparecencia ante los medios, EQUO Salamanca ha denunciado las maniobras interesadas para presionar al Gobierno a que obligue a ENUSA a entregar las instalaciones de Sahelices a Berkeley entre las que se encuentran los millonarios pagos a los Ayuntamientos de Villavieja y Retortillo, la creación de la Plataforma de apoyo y la oferta de puestos de trabajo.

Por todo ello, la formación Verde de Salamanca denunciará a la Inspección de Trabajo el engaño manifiesto de esas ofertas de empleo pues Berkely ni siquiera tiene permiso de explotación minera (para el que se precisa pasar por una compleja Evaluación del Impacto Ambiental que tampoco se ha hecho) y la Empresa de Trabajo Temporal que gestiona esa oferta sabe que la ley prohíbe que las actividades mineras y radiológicas les están vetadas a las ETT.
Monte de Retortillo en terreno previsto para mina de uranio

2 comentarios:

  1. Vitigudinense23 marzo, 2012

    Si con todo esto, la gente de Retortillo - Villavieja - Boada - Villares de Yeltes - Pedro Alvaro y mas pueblos afectados, no reacciona y manda la mina de uranio y a Berkeley a tomar por c..., es para pensar que los tienen hipnotizados, y agradecer a Equo lo que está haciendo para impedir que funcione la mina de uranio.

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  2. Por si a alguien le cabe alguna duda de las intenciones de Berkeley, invito a poner en el buscador de google lo siguiente "capital lauvergeon" y verá un artículo sobre una operación similar en Francia (capitalizada por el que luego fue consejero de Berkeley) que supuso un fraude a la hacienda pública de Francia de 2 millones de euros.

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