EL PROYECTO "FRAGMENTADO" DE BERKELEY CONDUCE A INEFICACIA REGULADORA Y A CONFUSIÓN ADMINISTRATIVA INACEPTABLE.

Ante el próximo informe del CSN sobre las instalaciones radiactivas del ciclo de combustible nuclear que Berkeley pretende construir en Retortillo para su proyecto minero.

Conclusiones de un Consejero que dejan bien claro y justificada la NO AUTORIZACIÓN de las mismas. 

De acuerdo con el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas la Planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo y el almacenamiento de sus residuos radiactivos en huecos de mina, se considera una instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear y, por tanto, ha de obtener las autorizaciones previas, de construcción, de explotación, y de desmantelamiento, cuya concesión corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, previo informe preceptivo y vinculante si es negativo, o si no lo fuera, vinculante con las condiciones que pudiera imponer el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

El 17 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Energía, del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE 25- 09-15}, se concedió a Berkeley Minera España la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear para la  Planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo, tras haber obtenido informe favorable del CSN, sin unanimidad, el 8 de julio de 2015. Su obtención facultó al titular para solicitar la autorización de construcción de la instalación, que solicitó al ministerio el 4 de diciembre de 2015, con serias deficiencias en la documentación presentada. Al no ser subsanadas estas deficiencias, el ministerio procedió al archivo del expediente mediante Orden de 27 de junio de 2016.

Que, posteriormente, Berkeley presentó una nueva solicitud de construcción de la instalación, el 7 de septiembre de 2016.

Mediante Orden de 18 de enero de 2017, el MINETAD suspendió el procedimiento de autorización de construcción de la Planta, con carácter indefinido, hasta la emisión del informe del CSN.

Que el 7 de mayo de 2018, el CSN recibió por parte del MINETAD solicitud de informe sobre la justificación radiológica de una práctica que pretende llevar a cabo BME,  consistente en el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en el hueco minero de una nueva explotación minera denominada Zona 7 (situada a 9 kilómetros de la explotación minera de Retortillo), en el colindante municipio de Villavieja de Yeltes. De acuerdo al informe aprobado por unanimidad por el Pleno del CSN en julio de 2018, la modificación que conlleva la Zona 7 " ... tendrá unos resultados diferentes y no deseables al crear un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos con obligaciones de vigilancia perpetua, a 9 kilómetros de otro [almacenamiento definitivo en Retortillo] en proceso de licenciamiento, lo que representa una carga adicional para las generaciones futuras que debe ser tenida en cuenta conforme a lo establecido en la legislación vigente".

La Declaración de Impacto ambiental (DIA) concedida por parte de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 9 de enero de 2014) tenía una validez de cinco años, lo cual podría cuestionar, a fecha de hoy, su actual vigencia.

El Ayuntamiento de Retortillo emitió una resolución con fecha 19 de diciembre de 2018 por la que deniega la Licencia Urbanística a la empresa minera Berkeley para comenzar las obras de la mina y planta de concentrado de uranio.

Todos estos antecedentes revelan que el proyecto minero y metalúrgico de Berkeley se desarrolla en distintas vertientes: las explotaciones mineras, la planta de tratamiento del mineral y el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos que, por compartir un mismo emplazamiento, son, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, interdependientes entre sí. Y esta interdependencia convierte, desde el punto de vista técnico, en un único proyecto lo que está siendo tratado como si fueran proyectos distintos. Por consiguiente, este consejero considera que, a efectos de los análisis del CSN, los expedientes en curso deberían ser refundidos en uno solo con objeto de que las afectaciones en materia de seguridad puedan ser analizadas de manera conjunta desde lo que interesa a la protección radiológica y a la seguridad nuclear.

La vía seguida por Berkeley, presentando de forma separada proyectos que están íntimamente interrelacionados desde el punto de vista técnico y medioambiental, conduce a ineficacia reguladora y a confusión administrativa, inaceptable desde el punto de vista de la regulación, por lo que sería necesario disponer de información completa, detallada, global y precisa del proyecto minero, para poder ser analizado y, en su caso, licenciado en su conjunto de manera coherente y consistente, no como piezas separadas unas de otras entre mina y planta, explotación en zona 7 y almacenamientos en huecos mineros, en relación con las cuales se presentan programas o se realizan solicitudes cuya apreciación favorable de unas u otras por el CSN podrían llevar a confusión reguladora en relación con la resolución final de este proyecto. 

 Por consiguiente, este consejero considera que no debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes (para la obtención del informe relativo a la autorización de construcción) hasta que el Pleno no haya deliberado y tomado una decisión sobre cómo unificar, armonizar y homogenizar todos los expedientes relacionados tanto con las explotaciones mineras de Retortillo y Zona 7, como con la planta de tratamiento del mineral extraído y el almacenamiento definitivo de sus residuos radiactivos. Y esto con objeto de evitar cualquier presunción, en un sentido o en otro, de que el proceso de licenciamiento progresa irremediablemente hacia una decisión final, que, a día de hoy, carece de todo fundamento.

Aparte estas consideraciones, sería muy conveniente aclarar en qué situación se encuentran los diferentes expedientes administrativos instruidos por las diferentes administraciones públicas involucradas en este proyecto, así como si las competencias ejercidas por unas u otras han sido adecuadas a derecho a la vista de la complejidad que ha ido adquiriendo el proyecto. Todo ello con el fin de obtener un conocimiento completo y cabal del estado administrativo en el que se encuentra el proyecto.

 Jorge Fabra Utray. Consejero del CSN. Madrid, 9 de enero de 2019