LA MINA DE URANIO DE BERKELEY MINERA ESPAÑA, EN EL TRIBUNAL SUPREMO

La batalla legal se recrudece

La demanda contra la mina de uranio de Berkeley en Salamanca llega al Supremo

El Proyecto Salamanca cuenta desde hace seis años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León.

 

 

 

La batalla legal contra el Proyecto Salamanca de la compañía minera australiana Berkeley llega al Supremo. En octubre, la Audiencia Nacional rechazó el recurso contencioso administrativo interpuesto por ecologistas y verdes de Salamanca contra la autorización concedida en 2015 por la Secretaria de Estado de Energía para iniciar el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Los ecologistas recurrieron la decisión y la propia Audiencia ha decidido plantear el caso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que valorará en 30 días si tramita el recurso de casación.

 

El auto admite que el recurso interpuesto por ADECO-Ecologistas en Acción y el Foro de Izquierda-Los Verdes cumple con los requisitos exigidos para llegar al Tribunal Supremo, que decidirá sobre la anulación de la sentencia emitida en octubre por la sala de lo contencioso de la Audiencia, con la magistrada María Asunción Salvo como ponente.

 

En la sentencia que rechazó el recurso ecologista, la Audiencia reprochó a los recurrentes que se limitaran "a cuestionar la idoneidad del emplazamiento (de la mina de uranio) mediante meros juicios de valor, pero sin aportar una mínima justificación técnica" en el proceso. Además, la sala cuestionó la personación de una formación de cariz político como el Foro de Izquierdas en la causa. Los abogados de los demandantes han planteado ambas cuestiones en el recurso que tiene que valorar el Supremo.

 

Una maraña de trámites

 

La decisión de la Audiencia Nacional alimenta la batalla legal en torno a  los planes de la compañía minera, que cotiza en Bolsa desde hace un año y medio. Es una guerra de demandas y de recursos, en medio de una maraña de trámites administrativos que afectan a distintos niveles de la Administración, estatal, autonómica y local. En el que puede ser el penúltimo capítulo de la historia, Berkeley se enfrentan a otra polémica porque la evaluación de impacto ambiental obtenida de la Junta de Castilla y León en el año 2013 ha cumplido seis años sin que el grupo haya iniciado la extracción de mineral.

 

Las organizaciones ecologistas que pleitean en los tribunales contra el proyecto sostienen que las normas estatales y de la propia Junta estipulan que el permiso ambiental decae de forma automática si el solicitante no ha iniciado los trabajos para los que pidió el permiso. Berkeley sostiene, por su parte, que todos los trabajos realizados en Salamanca desde que aterrizó en Retortillo están relacionados con la minería.

 

El Proyecto Salamanca de Berkeley cuenta desde hace seis años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y desde 2015 dispone, además, de una autorización previa como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear. Pero el permiso de construcción está pendiente y no es fácil que lo obtenga.

 

El de Berkeley es un asunto espinoso. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización del proyecto y así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Pero el grupo Berkeley, que cotiza en las Bolsas de Londres, de Sidney (Australia) y desde hace un año y medio en el mercado continuo de España, ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado en los últimos años.

 

Un tirón electoral

 

El grupo sabe que lo tiene complicado. Berkeley registró un tirón impresionante en Bolsa tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo. El PP ganó en los municipios salmantinos afectados por el proyecto y el mercado se disparó. El día después, la empresa minera lideró las subidas en el Mercado Continuo con un repunte del 35,8%, hasta los 0,235 euros, y recuperó una capitalización bursátil por encima de los 60 millones de euros. El espasmo bursátil dio la razón a quienes han cuestionado durante años la vertiente especulativa del proyecto.

 

Hasta la CNMV advirtió en julio de 2018 sobre la elevada cotización de Berkeley en España -por encima de las Bolsas de Londres y de Sidney-. Un hecho que calificó de "anómalo" y que atribuyó a la posible desinformación de los inversores. El recelo de la Comisión estaba justificado porque en la primera sesión en Bolsa, las acciones de Berkeley subieron un 52%.

 

La cuenta atrás para los planes de Berkeley en España coincide con un periodo de agitación en la cúpula de la empresa. El consejero delegado desde 2015, Paul Atherley, dimitió y el grupo está buscando un sustituto, español, para sustituir a Atherley. El elegido tendrá que afrontar la decisión del CSN y posteriormente la del Ministerio de Transición Ecológica sobre el futuro de la mina. Y gestionar la pelea legal entablada contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la renovación del CSN.

 

Berkeley recurrió los nombramientos aprobados por el Gobierno que daban entrada, entre otros, a Francisco Castejón, propuesto por Podemos y contrario a la energía nuclear como negocio. Berkeley, como también el PP, cuestionaron la renovación del CSN. Berkeley solicitó al Supremo medidas cautelarísimas que fueron rechazadas. La empresa está a la espera de que el tribunal dicte resolución.

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