PARA: TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE, BERKELEY Y AYUNTAMIENTO DE RETORTILLO.

Arroyo "Caganchas" en el termíno municipal de Retortillo. Fotos 09-03-2013.

 

El proyecto que presenta BERKELEY para la apertura de la mina de uranio a cielo abierto en Retortillo, dice lo siguiente respecto al arroyo "Caganchas" que transcurre por el centro del los terrenos destinados a cortas, escombreras y balsas.

 

El arroyo Caganchas, que divide las cortas 3 y 4 deberá ser desviado y/o canalizado, a fin de garantizar la estabilidad de taludes de corta y el caudal normal del arroyo, pasando a través del proyecto minero. Sería necesario, además, el paso del arroyo por túnel debajo de escombrera de estériles y otras instalaciones, especialmente en caso de optar por no desviar el mismo, siguiendo lo que dictamine la Confederación Hidrográfica del Duero.

 

Arroyo en época invernal, a su paso por el casco urbano de Retortillo.



 

Estas fotos del arroyo, están todas tomadas en la zona que se verá afectada por la futura mina.

Que los técnicos que emiten los informes nos expliquen cómo pretenden desviar y/o canalizar mediante túnel este cauce y este caudal que lleva toda la vida formado.

 

Aquí podemos ver como un camino que tiene que ser transitado por la maquinaria de la mina, está totalmente cortado por la intensa corriente del arroyo.

Arroyo, aguas abajo, ya próximo a su desembocadura.

Esta y las dos siguientes fotos, corresponden a la llegada del arroyo al río Yeltes.

Bonita imagen del entorno del Balneario de Retortillo y del Río Yeltes. Este complejo termal y de salud, se encuentra a menos de un kilómetro de la futura mina.

Todo este proyecto minero  bestial e inútil, que supone la destrucción para la zona, sigue avanzando con el apoyo de todos los desalmados que cubren sus miserias con el sombrero recurrente de los "informes técnicos".

 

Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

La Constitución Española, Norma Fundamental de nuestro Ordenamiento Jurídico, reconoce en su artículo 45 el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Para ello, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, fórmula constitucional que puede equipararse a lo que, en fechas más recientes, se ha denominado desarrollo sostenible.

De este modo, la protección del medio ambiente constituye un derecho colectivo de los ciudadanos y, además, una necesidad y una responsabilidad social, y, en cuanto a las Administraciones Públicas, la tutela del medio ambiente se configura como un objetivo básico y fundamental de su acción pública, como un principio rector permanente de su actuación