Sospecha de irregularidades en
la minería del uranio en Salamanca
En el siguiente artículo se aborda la problemática surgida en Salamanca, en
pleno corazón de la dehesa, en la que ha fijado sus intereses una empresa de
origen australiano que pretende explotar una mina de uranio. Para conseguir
su objetivo ha forjado una red clientelar entre los municipios afectados, comprando
voluntades entre la población y políticos locales a la vez que se ha
beneficiado del apoyo de altos cargos de las distintas administraciones.
La empresa Berkeley Minera España S. L. tiene intención de abrir una mina
de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca cerca de la frontera con
Portugal, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. En
Europa solo hay minas de uranio en la República Checa y Rumanía, pues se
han clausurado todas las minas de este tipo en Europa occidental. Países
como Francia, Portugal o España habían abandonado esta actividad minera
por su alto impacto ambiental y escasa rentabilidad.
El proyecto
Para abrir la mina se necesitan una serie de permisos de las distintas administraciones
públicas. Así, la Junta de Castilla y León ha otorgado la concesión
de explotación según anuncio del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Salamanca publicado en el Boletín Oficial de Castilla
y León (BOCYL) a fecha 4 de junio de 2014. El Ministerio de Industria ha dado
la autorización previa (BOE de 25/09/2015) para la planta de concentrado de
mineral de uranio que Berkeley quiere ubicar en la zona de Retortillo, autorización
que está recurrida en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional por parte del partido EQUO y por Ecologistas en Acción.
La Confederación Hidrográfica del Duero también le ha concedido el uso del
agua para la mina, a la vez que ha autorizado los vertidos al río Yeltes. Esta
última autorización también la tiene recurrida el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, pues tiene la toma de aguas para el pueblo pocos kilómetros más abajo de donde
está previsto realizar los vertidos.
Donde más dificultades ha encontrado la empresa minera es a nivel local. Para la
apertura de la mina es necesaria la autorización del cambio de uso del suelo por parte de
la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, en virtud de un
expediente promovido por los municipios afectados, los dos con alcaldes del PSOE (la
Junta de Castilla y León es del PP). En este sentido el Ayuntamiento de Retortillo se
muestra más favorable a los intereses mineros, pero el de Villavieja de Yeltes se ha posicionado
claramente en contra de la apertura de la mina por lo que en la actualidad esta
autorización no ha sido posible. El Ayuntamiento de Villavieja pone pegas al proyecto en
base a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) considera radiactivos los residuos de
la planta de mineral de primera categoría; sin embargo, la empresa ocultó este dato a los
ayuntamientos.
Las consecuencias
Los habitantes de esta zona se oponen a la mina por los efectos negativos que esta actividad
va a suponer para la comarca, así la existencia de una mina a cielo abierto a pocos kilómetros de algunos pueblos (2,5 km en el caso de Retortillo) supondrá molestias y peligros
para las personas que vivimos en esta tierra: explosiones con expulsión de polvo para la
atmósfera (efecto negativo del gas radón), continuo trasiego de camiones y maquinaria
pesada. También hay que contar con los efectos negativos que para el medioambiente tienen
este tipo de explotaciones: se formará un cráter de varias hectáreas de extensión y más
de un centenar de metros de profundidad, con la consiguiente pérdida de la masa forestal,
desviaciones de los cursos de agua, etc.
En este sentido también hay que señalar que el río Yeltes y sus márgenes, aledaños a
la explotación, y atravesados, según el proyecto, por una cinta transportadora de mineral,
están incluidos en la Red Natura 2000, con la consideración de Zona de Protección para las
Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). Si finalmente se abre la mina cabe la
posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya ha fallado en contra
de proyectos que puedan afectar negativamente a zonas protegidas (caso de una autopista
entre Den Bosch y Eindhoven que afectaba a unas plantas de molinias en mayo de 2014).
Por otro lado no hay que olvidar que se trata de una mina de uranio, y así, el CSN exige
que los residuos que se producen sean considerados como radiactivos. Estos residuos
serán almacenados en la mina de por vida, estimándose que tardarán miles de años en
degradarse.
Quienes están a favor de la mina argumentan que creará empleo en la zona, pero la
misma empresa minera reconoce que de los 200 trabajadores con los que contará la mina
solo el 10% será personal no cualificado que puede proceder de los habitantes de los municipios
cercanos. Además la vida útil de la mina es muy limitada en el tiempo.
Los habitantes de esta zona se oponen a la mina por los efectos
negativos que esta actividad va a suponer para la comarca
Lo que no dice la empresa son los empleos que destruirá. Hay 65 personas trabajando
en el balneario de Retortillo, situado a menos de 1 km de la mina, que ven peligrar su puesto
de trabajo, puesto que una actividad minera tan cercana es incompatible con los valores que
promueven los balnearios. La actividad agrícola-ganadera también va a quedar dañada. Hay
serios riesgos de que la ganadería se contamine con una radiactividad excesiva y que los
productos cárnicos derivados no puedan superar los controles sanitarios pertinentes. El turismo
también es una fuente de ingresos que quedará condicionada por la actividad minera.
Las empresas mineras realizan sus inversiones con vistas a recuperarlas a largo plazo.
El momento actual no es bueno para la actividad minera en general y menos para la de uranio
en particular. La crisis económica global ha hundido los precios de las materias primas,
así el uranio en junio de 2007 tenía un precio de 136,22 dólares la libra de peso, pero en
junio de 2016 su precio en mercado es de 27,15 dólares por libra.1 Aparte de la crisis económica,
en el caso del uranio ha influido decisivamente el desastre nuclear de Fukushima
en marzo de 2011. Muchos países se han replanteado el uso de esta energía que puede
ocasionar muerte y destrucción como ocurrió en Chernóbil (abril de 1986).
Un aspecto importante a considerar es la posibilidad de que se abra la mina y finalmente
tenga que cerrar por la inviabilidad económica del proyecto. Hay que tener en cuenta que la
riqueza de mineral de la mina de Retortillo-Santidad (0,02%, 200 partes por millón) es bastante
inferior a otras minas de uranio abiertas en países como Canadá o Kazajstán (donde se llega
hasta un 15% de riqueza de mineral). ¿Quién asumiría el coste de restauración de la zona
donde se hayan realizado las labores mineras si la empresa abandona a mitad de camino?
Prácticas clientelares y sombra de corrupción
La empresa Berkeley Minera de España S. L. surgió como filial de la empresa australiana
Berkeley Resources, pero en la web de la primera no figura esa vinculación con la segunda, que centra toda su actividad únicamente en el proyecto de Salamanca. Al no explotar ninguna
mina de ningún tipo en el mundo, los grupos ecologistas y las personas que se oponen a la
mina siempre han creído que se trata de un movimiento especulativo. Berkeley persigue
obtener todos los permisos y crear la mínima infraestructura necesaria para posteriormente
vender la explotación a alguna gran empresa que tenga como objetivo la explotación minera.
Resulta de dudosa legalidad que se pague un canon con antelación
a la apertura de un negocio con el compromiso de facilitarlo
La empresa minera ha repartido dádivas entre los municipios afectados mediante la
firma de unos convenios de colaboración que textualmente recogen la obligación de los
ayuntamientos de “emitir informes favorables por parte de los servicios jurídicos y técnicos
municipales y la tramitación de los expedientes relativos a recalificaciones o autorizaciones
urbanísticas con carácter general…”.2 Resulta sorprendente, de dudosa legalidad y nula
moralidad, que se pague un canon con antelación a la apertura de un negocio con el compromiso
de facilitarlo. Así el Ayuntamiento de Retortillo podría haber recibido 200.000 euros
en virtud del convenio referido.
Por otro lado, la Plataforma Stop Uranio que lucha contra la apertura de la mina ha presentado
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Rodrigo una querella
contra los regidores municipales del PP en el Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) durante
la pasada legislatura (2011-2015), la cual ha sido admitida. Se les investiga por presuntas
irregularidades en su gestión al haberse podido lucrar personalmente o sus familias en relación
al establecimiento de la mina de uranio en ese municipio.
El motivo de la querella en el caso del antiguo alcalde (Francisco Javier Santamartina)
es el supuesto beneficio por la venta de unos terrenos, por un valor superior al precio del
mercado, a la empresa Berkeley Minera de España S. L. para posibilitar la construcción de
las instalaciones mineras. Para ello se tuvo que autorizar el uso excepcional de suelo rústico
y conceder la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento que regentaba.
En el caso de los señores Andrés Matías, Eustaquio Martín y Feliciano Sánchez (los dos
primeros concejales actuales por el PP en el Ayuntamiento de Retortillo) podrían haber
cometido cohecho al haberse beneficiado, personalmente o a personas de su entorno familiar,
de la realización de trabajos, directos o por empresas interpuestas, a la vez que tenían que tomar decisiones en relación a la apertura de la mina de uranio a cielo abierto en esa
localidad.
El proyecto minero saltó a los medios de comunicación en diciembre de 2015 cuando
una información recogió la noticia de que el Sr. Manuel Lamela (antiguo consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid) medió como lobista ante la Comisión Europea para
conseguir una opinión favorable de Europa a este proyecto minero. Lo llamativo del caso fue
que el señor Lamela nunca ha tenido nada que ver con la actividad minera, siendo respecto
a este hecho su único mérito conocido ser amigo del comisario Arias Cañete, que firmó el
parecer favorable de la Comisión Europea. En este documento de la Comisión se duda de
la rentabilidad del mismo, lo que acrecienta las dudas sobre el proyecto.
La reacción de la empresa minera ante estas supuestas irregularidades ha sido plantear
un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias a
dos destacados miembros de la plataforma ciudadana que lucha contra la apertura de la
mina. Con esta acción Berkeley pretende amedrentar y acallar las críticas al proyecto. Una
vez realizado el acto de conciliación en el juzgado de Ciudad Rodrigo, el pasado 22 de junio,
la empresa tiene vía libre para interponer la querella. Otra cosa será si es admitida a trámite
o no, pues en el acto de conciliación lo único que resultó evidente es la distinta opinión que
tienen unos y otros sobre los efectos de la mina para la comarca salmantina del Campo
Charro.
Otro aspecto importante a señalar en la compra de voluntades por la empresa minera es
su relación con los medios de comunicación. El único periódico que se edita enteramente
en la provincia de Salamanca no da ninguna noticia que pueda afectar negativamente al proyecto
minero y, por el contrario, continuamente ofrece información favorable a los intereses
de Berkeley. Así se puede observar que esta empresa patrocina diversas campañas del
periódico local. Este comportamiento es habitual en este tipo de empresas, como el caso de
la Voz de Galicia y la mina de oro que la empresa canadiense Edgewater pretendía abrir en
Corcoesto (A Coruña).
La población de la comarca está mayoritariamente en contra del proyecto, aunque han
cambiado de posicionamiento tras las múltiples actividades y movilizaciones que ha planteado
la plataforma antimina, informando a la población de los riesgos que conlleva este tipo
de minería.
Por otro lado, la empresa Berkeley mantiene una pequeña actividad de investigación de
nuevos yacimientos, contratando personas de la zona, lo que evidentemente conlleva ciertas
afiliaciones personales. También se ha atraído a parte de la población local con diversas subvenciones a grupos deportivos, fiestas locales, mejora de instalaciones, etc. Además de Periscopio
la realización de cursos de formación en prácticas de explosivos o agentes de seguridad con
vistas a tener pendientes de la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo a los desempleados
si finalmente se abren las instalaciones mineras.
En definitiva, nos encontramos ante un ejemplo de la actuación de empresas con grandes
intereses económicos, que priman más que la salud de las personas o el medioambiente
de nuestro territorio. Y los intereses políticos confluyen con los de los poderosos en contraposición
con los de la sociedad civil, que intenta luchar para que los efectos negativos de
esas actuaciones no afecten a las zonas donde habitan.
JOSÉ RAMÓN BARRUECO SÁNCHEZ
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