Declaraciones de Jorge Rodríguez Martín, Alcalde de Villavieja de Yeltes, sobre el proyecto de Mina de Uranio y Planta de Concentrados Radiactivos que Berkeley pretende construir en los municipios de Villavieja de Yeltes y Retortillo (Salamanca).
Jorge Rodríguez Martín, Alcalde de Villavieja de Yeltes.
Entonces, según usted,
la clave de todo el proyecto es esa Autorización de Construcción de la planta
de concentrados…
A nivel de autorizaciones, sin duda. Sin la Autorización de
Construcción, Berkeley no podrá construir su planta radiactiva de concentrados
de uranio y será imposible llevar a cabo su proyecto. Aunque Berkeley ya cuente
con otros permisos necesarios, no podrá sacar adelante ni la mina, ni la planta
radiactiva de concentrados de uranio, sin la autorización de construcción.
¿Y usted cree que el
Ministerio para la Transición Ecológica concederá finalmente la Autorización de
Construcción?
Pues la verdad es que día de hoy no puedo ocultar que albergo
esperanza y desconfianza, a partes iguales. Nosotros seguiremos mostrando absoluta oposición
en todos los frentes, tanto en la vía administrativa, como en la vía judicial, en
la movilización ciudadana, cuando podamos recuperarla y desde luego en el
ámbito político, en la medida de nuestras posibilidades. Lo que sí espero es
que el Ministerio actúe de forma responsable y coherente, y acabe denegando la
Autorización de construcción, por varios motivos:
El primero y fundamental lo constituyen las graves e irreversibles consecuencias que este proyecto generaría en nuestra salud, en nuestro entorno medioambiental y en nuestro tejido económico. Está total y absolutamente comprobado y contrastado que las explotaciones mineras de estas características generan de forma inevitable todas estas graves consecuencias. En cualquier caso que nadie olvide que Berkeley no está en posición de dar lecciones sobre minería ni siquiera a una pequeña empresa de explotación de áridos, porque Berkeley ni tiene, ni ha tenido jamás una explotación minera abierta en ningún lugar del mundo… Para Berkeley estas tierras forman parte del tercer mundo, en el que se pueden comprar voluntades políticas, en el que se puede comprar la opinión pública a través de la manipulación mediática y en el que se puede extorsionar la voluntad social sometida a las necesidades y carencias económicas que han generado los mismos políticos que ahora defienden este proyecto.
Pero existe una Declaración de Impacto Ambiental que aparentemente recoge todas las medidas necesarias para minimizar esas consecuencias. ¿No confía usted en esa declaración?
Por supuesto que no. No solo no confío, sino que desconfío
total y absolutamente. De hecho a día de hoy, he perdido toda la confianza en
nuestra Administración Autonómica, que ha apoyado sistemáticamente este
proyecto desde las más altas esferas, allanando su camino y relajando los
requisitos cuanto ha podido, hasta el punto de eliminar buena parte de las
exigencias recogidas en el marco legislativo que estaban encaminadas a la
protección de los ciudadanos, a la protección del medio ambiente y al
ordenamiento territorial.
Precisamente las graves carencias de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL son otro buen motivo para que no se conceda la Autorización de Construcción. El Ministerio para la Transición Ecológica es absolutamente consciente de dichas carencias y a su vez responsable de algunas de ellas. No solo sería imprudente, sino que parece realmente temerario autorizar un proyecto de este calado con las graves deficiencias que presenta dicha Declaración de Impacto Ambiental. No podemos olvidar además en este sentido que la actual ministra Teresa Ribera que será en última instancia la máxima y única responsable de la resolución final, ya firmó la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Castor, que a la postre resultó un verdadero fiasco que ha costado a las arcas públicas, que abastecemos todos los contribuyentes, la friolera de 1.300 millones de euros. En el aquel caso se desoyeron los argumentos de los que se oponían al famoso fracking que alertaban a priori de lo que desgraciadamente acabó convirtiéndose en realidad… Y quizá sea una mera casualidad, pero el mismo ingeniero que firmó el proyecto Castor, fue uno de los socios fundadores que pusieron en marcha el Proyecto Salamanca de Berkeley. A la luz de los acontecimientos, toda prudencia parece poca…
Usted también ha incluido entre las alegaciones la falta de VIABILIDAD ECONÓMICA. ¿Qué le hace pensar que este proyecto no es viable económicamente?
Desde luego, la falta de VIABILIDAD ECONÓMICA es otro buen
motivo para denegar la Autorización definitiva de este Proyecto. Por un lado, Berkeley
lleva más de 10 años haciendo estimaciones a futuro sobre el precio del uranio
muy por encima de la realidad. Con el paso del tiempo se ha podido constatar,
que tanto las estimaciones que realizaron en los estudios de Viabilidad, allá por
el 2010 y 2011 para tratar de reiniciar la explotación de las reservas nacionales
de uranio en Ciudad Rodrigo, formando un consorcio con ENUSA, como las estimaciones que presentaron en 2012 para
que la Junta de Castilla y León les aprobase la Concesión de Explotación de
Retortillo y las estimaciones que presentaron posteriormente para que se les
concediese en 2015 la Autorización Previa que se acaba de prorrogar ahora, han estado
siempre muy encima de la realidad, doblando o triplicando incluso los precios
reales del mercado, año tras año.
Y por si eso fuera poco, los recursos de Uranio en el
yacimiento de Retortillo son escasos y de baja riqueza… no podemos olvidar que
ese yacimiento ya fue reserva Nacional desde los años 50 hasta el año 2000 en
el que ENUSA, que hasta entonces tenía los derechos de investigación y
explotación sobre ese yacimiento, renunció a esa reserva y solicitó al Estado
que declarase su levantamiento, después de haber realizado numerosos sondeos de
investigación… Es decir, ENUSA investigó el yacimiento de Retortillo, con esos
datos decidió renunciar a la reserva y solicitar que se declarasen terrenos
libres para otras empresas. Cinco años después, aparece Berkeley que no es más
que una empresa junior de especuladores bursátiles (lo decían ellos mismos en
sus memorias del 2008) y tratan de hacernos creer que hay un negocio rentable y
sostenible en un yacimiento desestimado por nuestra empresa nacional pública.
Una de las dos partes no se ciñe a la realidad, porque no pueden ser verdad una
cosa y la contraria.
Pero si finalmente no
hay rentabilidad o viabilidad económica será un problema de la empresa y no del
Estado, ¿No es así?
No, no es así, ni mucho menos. Si el Estado español autoriza
a poner en marcha un proyecto radiactivo de estas características, estará asumiendo
unas cargas de responsabilidad, de vigilancia y de mantenimiento a muy largo
plazo. Las estimaciones que hace Berkeley para la restauración, la
responsabilidad medioambiental, los posibles daños a terceros, la protección de
las instalaciones o la vigilancia del almacenamiento a largo plazo de los
residuos radiactivos, son realmente ridículas, si las comparamos con los costes
que ENUSA declara en las instalaciones que está restaurando y cerrando en
Ciudad Rodrigo. Por lo que si finalmente se autorizase el proyecto de Berkeley
sería una temeridad que acabaríamos pagando los contribuyentes. Confío en que
en esta ocasión, la ministra Teresa Ribera encuentre la fórmula óptima para
desactivarlo definitivamente.
Berkeley insiste una y otra vez en la gran cantidad de puestos de
trabajo, directos e indirectos, que se crearían con su proyecto minero y su
fábrica de concentrados de uranio. ¿No le parece importante este motivo para
defender el proyecto?
Nadie puede negar la necesidad de generar y potenciar el desarrollo económico, no solo de esta comarca, sino de la inmensa mayoría de las comarcas de Castilla y León, pero esa necesidad no debe hacer que nos entreguemos a este tipo de proyectos sumamente destructivos. Los directivos españoles que llevan al frente del proyecto de Berkeley los últimos 8 años ya utilizaron esta misma estrategia en otros lugares de España: se venden en prensa las excelencias y las ventajas del proyecto: los puestos de trabajo, el desarrollo económico, la sostenibilidad a largo plazo, el inmejorable respeto por el medioambiente, etc etc… Pero a la postre, se acaba poniendo de manifiesto que tras un brevísimo periodo de tiempo en el que todo parece ir sobre ruedas, se impone la realidad sobre las graves consecuencias que acarrean y que se ocultaron o minimizaron desde un principio: las más habituales son que la rentabilidad no era la esperada, que la riqueza del mineral también es mucho peor que lo estimado, que los costes se han disparado, etc, etc. Entonces la empresa cierra, le vende los derechos a terceros y nadie asume las responsabilidades. Los trabajadores hacen manifestaciones porque las hipotecas a 20 años que les prometieron no se pagan en los 5 ó 6 que estuvieron contratados, los mismos sindicatos que defendían el proyecto se entregan después al postureo y se les llena la boca en la prensa prometiendo que van a exigir responsabilidades y que van a lograr la reapertura de las explotaciones y las mismas administraciones que les allanaron el camino echan balones fuera mientras hay que recurrir a las arcas públicas para restaurar los daños… Para entonces, el Balneario de Retortillo ya habrá cerrado sus puertas y la zona se habrá quedado marcada y contaminada impidiendo el desarrollo de cualquier iniciativa verdaderamente viable y sostenible. Las graves consecuencias en la salud de los trabajadores y de los vecinos de la comarca se detectarán a medio o largo plazo y seremos el tema de un par de reportajes de televisión en el que entonces sí, se contarán los perjuicios y los desastres que no fuimos capaces de evitar. Hay ejemplos de lo que estoy diciendo por todo el territorio Nacional. Cuando coinciden en un momento de crisis una empresa sin escrúpulos, a la que verdaderamente solo le importan los resultados de sus accionistas, con unos dirigentes políticos irresponsables y carentes de toda ética, con algún medio de comunicación dispuesto a prostituir la verdad, entonces, una gran parte de la sociedad puede creerse que mientras ENUSA, la empresa pública del uranio, de capital 100% público, cierra y desmantela las instalaciones de Ciudad Rodrigo, rodeada de las mejores reservas, una start-up australiana sin experiencia y sin activos de valor en ningún otro lugar del mundo, va a rescatar a toda la comarca, construyendo una nueva fábrica de concentrados de uranio para explotar un yacimiento residual que ya despreció ENUSA. Es más que evidente que esto no cuadra…
Y sobre todas esas
autorizaciones de las que ya dispone Berkeley, que la empresa declara tener una
y otra vez, ¿son firmes o están pendientes de algún trámite o de alguna
resolución judicial?
A nivel administrativo, esas autorizaciones o licencias ya
están concedidas, pero las administraciones no son infalibles, y mucho menos,
cuando no tienen interés en serlo, así que algunas de las más importantes están
recurridas en vía judicial a través de distintos contenciosos administrativos que
tenemos abiertos distintos organismos y grupos ecologistas.
Concretamente, desde el ayuntamiento de Villavieja, tenemos
abiertos cuatro contenciosos en vía judicial:
Uno de ellos, contra la
Autorización de vertidos de la CHD, porque en su trámite de concesión se
incumplieron algunos requisitos importantes que se exigen en el marco
regulatorio de estas concesiones.
El segundo contencioso que tenemos abierto
es contra la Autorización de Uso Excepcional de suelo rústico que
concedió al proyecto la CTMAyU de Salamanca. En realidad, nosotros ya
venimos esgrimiendo desde el 2014 los mismos argumentos urbanísticos en
los que se fundamenta nuestro contencioso. De hecho, esos
argumentos que defendemos desde el ayuntamiento de Villavieja provocaron dos
consecuencias fundamentales: la primera es que Berkeley renunciase a
tramitar la licencia urbanística y la autorización de Uso en el
yacimiento de Santidad, que forma parte del nuestro término municipal; y la segunda,
es que la Junta de Castilla y León modificase tanto la Ley de Urbanismo
de nuestra comunidad autónoma como su correspondiente reglamento, para tratar
que este proyecto concreto y otros similares tuvieran la cobertura legal
urbanística de la que carecían en su momento.
El tercer recurso contencioso-administrativo que tiene
abierto el Ayuntamiento de Villavieja es
contra la licencia urbanística parcial que el Ayuntamiento de Retortillo ha
concedido a Berkeley este mismo año. Para no extenderme mucho me limitaré a señalar que este contencioso está estrechamente relacionado con el contencioso que tenemos abierto contra la concesión de uso.
Y por último, de momento, el cuarto contencioso en vía
judicial lo tenemos interpuesto contra la Junta de Castilla y León por no
anular la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental. La Declaración de
Impacto Ambiental, además de contar con importantes e indiscutibles carencias,
ha caducado ya, porque ya ha transcurrido el plazo de los cinco años para los
que fue concedida, sin que se hay puesto en marcha el proyecto minero. La Junta
de Castilla y León defiende que el proyecto ya se ha iniciado, con la
colocación de la valla perimetral y las obras totalmente ilegales del desvío de
la carretera; no podemos olvidar que incluso la Diputación de Salamanca, dueña
de la carretera, ha roto el convenio que tenía con Berkeley para ejecutar ese
desvío. Obviamente, nuestros argumentos se oponen frontalmente a los argumentos
que esgrime la Junta para considerar iniciado el proyecto y por eso hemos
llevado este cuarto expediente a la vía judicial.
Hemos leído en las
alegaciones que presentó al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes ante el Ministerio,
que ustedes argumentan la Fragmentación del proyecto de Berkeley como una de
las estrategias que utiliza la empresa al objeto de sortear importantes exigencias
administrativas definidas para proyectos de esta naturaleza. ¿Podría
explicarnos este argumento?
Sí es cierto, el argumento sobre la fragmentación del proyecto no solo lo hemos incluido en las
alegaciones que hemos presentado ante el ministerio, sino que es un argumento
que hemos utilizado reiteradamente en otras alegaciones y recursos. Como la
propia palabra indica, desde un punto de vista administrativo “fragmentar un proyecto” hace referencia
a la estrategia de presentar un proyecto global, en diferentes unidades con
aparente sustantividad propia, tratando de evitar que opere un marco jurídico
más exigente. En este caso Berkeley, en vez de presentar un proyecto global que
incluyese desde el principio todos y cada uno de los elementos fundamentales de
un único proyecto, ha ido incluyendo modificaciones sustanciales que alteran la
verdadera naturaleza del proyecto que pretende desarrollar. Uno de los ejemplos
más significativos es la inclusión extemporánea en el proyecto de Retortillo de
los yacimientos de la zona siete en Villavieja de Yeltes y las reservas
nacionales de Alameda y el Villar, que ENUSA le cedió a través de la Adenda que
pactaron en 2012.
La incorporación al proyecto de estos nuevos yacimientos,
altera sustancialmente la naturaleza de la actividad que se pretende
desarrollar, porque obviamente el proyecto deja de ser una actividad
extractiva, vinculada inexorablemente al yacimiento, para convertirse en una
actividad de carácter industrial, cuya autorización en los terrenos en los que
pretende llevarse a cabo quedaría notablemente comprometida. También se altera
sustancialmente la Evaluación del Impacto Ambiental porque no se están
considerando globalmente los impactos sobre la salud, o el riesgo radiológico o
las necesidades de agua o el volumen de vertidos, o el impacto socioeconómico…
Hay numerosa jurisprudencia referente a la fragmentación de
proyectos globales que pone de manifiesto lo inapropiado de esta estrategia.
Para terminar, ¿Qué le gustaría trasmitir a sus vecinos y vecinas?
Me gustaría trasmitirles tranquilidad, pero una tranquilidad moderada,
sin exceso de confianza y sin bajar la guardia. Desde el ayuntamiento seguimos
trabajando y luchando contra este proyecto, aunque gran parte de nuestras
acciones no sean visibles. Tampoco descartamos tener que recurrir de nuevo a
las movilizaciones ciudadanas masivas. Desde luego que este no es el momento,
pero si fuese necesario, volveríamos a convocar movilizaciones generales, para
reiterar la firme oposición de toda la comarca. Ya he señalado en distintas
ocasiones que la fuerza de un ayuntamiento es proporcional a los vecinos que lo
respaldan. Nosotros no cejaremos en nuestro empeño, pero llegado el caso
necesitaremos el apoyo de todos los ciudadanos. Estoy seguro de que esta unión
acabará dando los frutos que todos deseamos, porque acabará imponiéndose el
sentido común.
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