BERKELEY ENERGIA Y EL PP, IMPUGNAN EL NOMBRAMIENTO DEL CSN.

Por qué el PP y BERKELEY impugnan a los nuevos Consejeros de Seguridad Nuclear.

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Tenemos que volver sobre el asunto de la polvareda que han levantado algunos miembros del Partido Popular y la empresa BERKELEY con el tema del nombramiento de D. Francisco Castejón como nuevo miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, porque esta actitud pone de relieve la verdadera naturaleza del PROYECTO SALAMANCA…

Al parecer, impugnan dicho nombramiento, alegando que hay un claro conflicto de intereses, porque D. Francisco Castejón es un ecologista convencido de la necesidad de poner rumbo hacia un nuevo modelo energético.

Pero resulta curioso que moleste la presencia de un ecologista en un órgano como el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo cometido fundamental, como reza en su propia página web es el siguiente:

“La misión del CSN es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen”

Precisamente, la presencia de D. Francisco Castejón, doctor en física nuclear y con demostrada sensibilidad ecológica, asegurará que en ese organismo existan las fuerzas necesarias para alcanzar el equilibrio en un organismo con este objetivo fundamental.

Porque si la verdadera misión del Consejo de Seguridad Nuclear es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes el señor D. Francisco Castejón, reúne con creces los requisitos adecuados.

Por eso, y a todas luces, una protesta por la incorporación al Consejo de Seguridad Nuclear de una persona con estas cualidades, solo se puede explicar si los verdaderos intereses de los demandantes que lo impugnan es conseguir que el Órgano de control se desvíe de su misión fundamental, para dedicarse a promover y a facilitar el desarrollo de otros intereses.

Para ilustrar esta afirmación bastaría señalar que, posiblemente, si al frente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la JCyL, hubiera estado una persona con más sensibilidad medioambiental y prudencia que el señor Suárez Quiñones, no se hubiera permitido la inútil y absurda devastación medioambiental que permitió esta Consejería, hace dos años.

Se cortaron, más de 1800 encinas, contra todo sentido común y sin ninguna necesidad ni urgencia, pues no había entonces, ni la hay ahora, certeza alguna de que este proyecto vaya a salir adelante, sino más bien, todo lo contrario.
 

Estas cosas ocurren cuando el órgano que debe velar por el Medio Ambiente está capitaneado por alguien que no cree en él. Haber evitado ese atentado medioambiental era tan fácil como haber exigido en la Declaración de Impacto, una restricción vinculada al nivel de desarrollo del proyecto, por ejemplo una que rezase así: “La corta de la masa forestal y la retirada de la capa vegetal no dará comienzo, en ningún caso, antes de que se autoricen definitivamente la construcción de la planta y la puesta en marcha de la explotación”

Seguramente, Si el Consejero Suárez Quiñones hubiera tenido en su equipo a D. Francisco Castejón, éste le hubiera hecho alguna indicación en este sentido: “no hay ninguna prisa, Juan Carlos, si un día el proyecto sale adelante, tiempo habrá de sacrificar 1.800 encinas, pero de momento… vamos a estar quietos hasta ver qué pasa”

Por otro lado, el hecho de que BERKELEY vea amenazado su proyecto por la presencia de Francisco Castejón, no viene más que a poner de manifiesto que los altos estándares en seguridad y protección de la salud y el medio ambiente, de los que hace gala permanentemente la empresa, no deben ser tan altos.

Don Francisco Castejón podrá hacer que se exija la normativa estrictamente, pero no podrá sacarse de la manga ninguna exigencia caprichosa. A no ser que hasta la fecha, haya imperado en ese organismo un criterio subjetivo que beneficiase los intereses de la empresa y ahora con este cambio, se tema un criterio subjetivo en el sentido contrario.

Si realmente una empresa cumple con los requisitos y los parámetros de seguridad que estén establecidos, qué más le da, quién la vigile o quién la fiscalice.

Protestar por una determinada persona, altamente cualificada en el sector, cuando han pasado por ese cargo auténticos profanos en la materia, colocados por intereses políticos, no es más que admitir y reconocer explícitamente que existe esa subjetividad y ahora se teme que los vientos soplen en sentido contrario a ciertos intereses empresariales.

Lo cual, no viene más que a demostrar que los objetivos del CSN, hoy más que nunca, deben ser puestos en entredicho. Vuestra actitud lo pone de manifiesto. Esperemos que el TRIBUNAL SUPREMO obre con sentido común.