¡Ay, los chanchullos del uranio!, podría decirse. El Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) se ha visto obligado a sancionar con 8.000 euros de multa a la empresa Berkeley Minera España SA tras la denuncia de la plataforma ciudadana Stop Uranio ante el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), y después de constatar este Servicio que la citada empresa estaba haciendo perforaciones del terreno, catas y sondeos en su término municipal sin los permisos preceptivos. Se da la circunstancia, “penosa y agravante”, según reza en el comunicado emitido por Stop Uranio tras conocerse la sanción, de que el teniente alcalde y un concejal de este ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, trabajaban para la empresa minera australiana, precisamente, en esas tareas de perforación. El mismo alcalde, Javier Santamartina, tiene su explotación ganadera, a la que acude a diario, en las inmediaciones de dónde se venían practicando estos sondeos al margen de la ley. Es más, el propio ayuntamiento había recibido en su día 110.000 € en compensación por facilitar las labores mineras a la empresa citada, según Santamartina. Y no sólo eso, sino que para que quedase constancia de que ayuntamiento y empresa minera eran “una piña”, Berkeley instaló en una placita del pueblo “un parque cardiosaludable, con placa y todo”, según muestra Jesús Cruz, en una de las entradas de su blog.
También en el pueblo colindante con Retortillo, Villavieja de Yeltes, que comparte la veta de uranio que Berkeley quiere explotar a cielo abierto, ocurrió algo similar hace unos meses. Esta corporación y su alcalde, Jorge Rodríguez, del PSOE, que comentó, en su día, a este periodista haber recibido el pueblo 86.528 € en concepto de compensación por parte de la empresa minera por los inconvenientes que pudiera ocasionarle a la población, o el “regalo ostentoso”, ¡oh, qué gracia!, consistente en un marcador electrónico para el polideportivo municipal con la palabra Berkeley en todo lo alto (véase el blog de Cruz), esta corporación, decía, ha rectificado la postura inicial que mantenía el ayuntamiento respecto a la apertura de la mina —“por sentirse engañados”, reza en el acta del pleno municipal de 13 de junio de 2014— y, por razones similares a las que ahora actúa Retortillo, acordó sancionar también a Berkeley con 10.000 €; s decir, por prácticas mineras sin los permisos preceptivos.
Estos hechos, que serían para hartarse de hacer chistes si no fuera porque el tema es sumamente grave y de gran trascendencia, en el que se está jugando con el futuro de una comarca, donde la vida de las personas, animales y plantas correrá riesgos muy serios si se lleva a cabo la extracción minera, el posterior tratamiento del uranio y el almacenamiento de residuos radiactivos, han sido el pan de cada día en los 9 años que hace ya que apareció por estas tierras salmantinas Berkeley, prometiendo el oro y el moro, comprando voluntades, embaucando a la gente y engañando a los ayuntamientos. En síntesis, Berkeley ha hecho y deshecho a su antojo en este tiempo con la aquiescencia de autoridades locales y autonómicas.
“Bienvenidas sean estas rectificaciones y sanciones”, se congratula José Luís Moreno, presidente de Stop Uranio, que el pasado 19 de diciembre entregó, en nombre de la plataforma, más de 117.000 firmas en contra de la mina al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y antes, el día 5 de ese mismo mes, ya había entregado 115.000 en el Ministerio de Industria, en Madrid.
Mientras tanto, la situación del proyecto minero, impulsado por la empresa australiana Berkeley —explotación a cielo abierto de una mina de uranio, la única de estas características que habría en Europa, al atravesar espacios protegidos por la legislación europea medioambiental y estar cercana a núcleos de población y a un balneario de probada capacidad medicinal— está en este momento a expensas de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) les permita avanzar, con nuevos permisos, en la construcción de las instalaciones que les posibiliten poner en marcha la explotación. Pero el CSN no se fía y lo último que les ha exigido ha sido un nuevo proyecto para el tratamiento de los residuos, dado que los escombros que resulten de la decantación del uranio son considerados “residuos radioactivos de primera categoría”, reza en una de las notas informativas del CSN, y por tanto altamente peligrosos; algo que Berkeley, hasta ahora, había ocultado. Es por esto que, según el CSN, los residuos han de ser tratados y almacenados con las mismas garantías que si de un cementerio nuclear se tratase.
“Un inconveniente muy serio y muy importante para la viabilidad del proyecto minero que le encarecerá notablemente a Berkeley su plan industrial”, apunta Moreno. El temor a que la mina sea, además, un cementerio nuclear —pues aquí se trataría y almacenaría también el mineral y los residuos de otros yacimientos, como los situados en La Alameda de Gardón (a 60 km de Retortillo), pueblo fronterizo con Portugal, y los de Villares de Yeltes (a 10 km) ha venido a “alarmar, definitivamente, a la población de la zona pues ahora ya nadie duda de que la empresa minera no está jugando limpio”, comenta Cruz, uno de los miembros más activos de Stop Uranio. “Esta mina es una barbaridad y si se abre, un día este país va a tener que arrepentirse”, concluye.
El proyecto minero Retortillo-Santidad —así se denomina— que pretende sacar adelante la minera australiana está ubicado en un paraje natural de gran valor ambiental y ecológico, con un bosque mediterráneo único, que supondría arrancar cerca de 30.000 encinas, alcornoques y robles, algunos ejemplares con más de quinientos años, surcado por un río, el Yeltes, protegido por la legislación europea, mediante las directivas ZEPA (Zona de especial protección para las aves) y la LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) que garantizan la conservación de la biodiversidad y el ecosistema. Ambas directivas forman parte de la Red Natura 2000.
“La engañifa del empleo ya no cuela tampoco”, asegura Moreno. Los 200 empleos que dice Berkeley que va a crear —que nunca serían para los de los pueblos afectados, pues, sobre todo, lo que necesita la empresa son ingenieros y personal cualificado— serán, siempre, muchos menos que los que van a destruir. No sólo porque el balneario de los Baños de Retortillo, centenario, con más de 6.000 clientes al año y 70 empleados fijos, tendría que cerrar, ya que está prácticamente pegado a la explotación minera, sino porque, con toda seguridad, la comarca se volvería improductiva. La ganadería extensiva de la zona: cerdo ibérico y ganado vacuno y lanar sobre todo, perderían el valor que ahora tienen al perder su hábitat natural y tener que vivir en un campo contaminado por el polvo radiactivo, pues, no se olvide que la explotación minera es a cielo abierto y abarca 5 kilómetros de largo por uno de ancho sin contar las decenas de hectáreas en las que se ubicarían las instalaciones industriales.
JOAQUíN MAYORDOMO
http://www.cuartopoder.es/atusalud/un-ayuntamiento-se-ve-obligado-sancionar-la-empresa-minera-en-la-que-trabajan-el-teniente-alcalde-y-un-concejal/2950?#comment-20318
Lo que pasa en Retortillo con la empresa minera Berkeley es para que ya hubiera actuado la Fiscalía. Será que como es un ayuntamiento de 260 habitantes y el alcalde del PP, no interese investigar.
ResponderEliminarTodo esto me recuerda a Bienvenido Mr Marshall. Ese alcalde es ejemplo de eso que se llama la España "profunda", mezcla de pillería, prepotencia e ignorancia
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