Ecologistas en Acción presentará "Recurso de Casación" ante el Tribunal Supremo para anular lo acordado por la Audiencia Nacional sobre la autorización previa que el Ministro Soria (PP) diera en el año 2015 al proyecto minero de Berkeley en Retortillo - Villavieja de Yeltes.
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Equo y Ecologistas en Acción contra la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el polémico proyecto para construir una mina de uranio a cielo abierto en Salamanca.
Los argumentos de los recurrentes, aseguraban que la autorización se basa en una evaluación ambiental de Castilla y León, cuando tendría que haberla hecho el Ministerio de Transición Ecológica, y que era necesario consultar a Portugal porque la futura mina, instalación radiactiva, está muy cerca de la frontera.
La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo estudiaba desde abril de 2016 el recurso que presentaron estos colectivos ecologistas meses después de que el Ministerio de Industria, entonces en manos de José Manuel Soria (PP), diera al proyecto de la minera australiana Berkeley la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría. La instalación sería, de aprobarse definitivamente, la única explotación a cielo abierto de uranio de Europa occidental. Los trabajos previos, que incluyeron la tala de encinas centenarias, se están realizando desde hace años en Retortillo (Salamanca).
Los recurrentes pedían que se anulara la autorización y que el procedimiento se retrotrayera hasta el momento anterior a la declaración de impacto ambiental (DIA), que según argumentaban debía elaborar la Administración General del Estado y no una comunidad autónoma. Señalaban también que esta DIA no evaluó el impacto del almacén de residuos radiactivos que está contemplado en el proyecto ni la aportación de mineral de otras plantas satélites cercanas.
"Recurriremos en casación", anunció Manuel Serrano, abogado de los recurrentes. Hace meses Equo y Ecologistas plantearon al Ministerio de Transición Ecológica la posibilidad de retirar el recurso a cambio de que el Gobierno se comprometiera a devolver el procedimiento administrativo al inicio, de forma que volviera a hacerse la declaración de impacto ambiental. Según explica Serrano, pretendían con ello no perjudicar al Estado en caso de que la Audiencia Nacional les diera la razón porque Berkeley podría entonces reclamar daños y perjuicios, en un caso similar al del almacén de gas Castor.
En una comparecencia en el Congreso de septiembre pasado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a que el Estado asumiera la evaluación ambiental del proyecto de Salamanca al tratarse de un asunto que puede afectar a la seguridad nuclear y tras los reparos mostrados por Portugal al proyecto.
La mayor parte de la sentencia se dedica a justificar que un partido político (Equo, aunque cuando se presentó el recurso se hizo bajo las siglas de Foro de Izquierdas-Los Verdes) no tiene legitimidad para recurrir temas ambientales, como argumentaban la Abogacía del Estado, la Junta de Castilla y León y Berkeley Minera.
PERMISOS PENDIENTES
La compañía aún necesita varios permisos: licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y finalmente la autorización definitiva del Gobierno.
El CSN lleva casi tres años evaluando la solicitud de Berkeley para construir la planta de procesado de uranio, desde que el entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital le solicitara en octubre de 2016 el informe preceptivo. El CSN sigue estudiando el plan de vigilancia radiológica, el de vigilancia de aguas subterráneas y la caracterización del emplazamiento minero que ha le ha presentado Berkeley.
El proyecto es controvertido también por la participación en él de Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura del PP Miguel Arias Cañete. Lamela asesoró como lobbysta a Berkeley ante la Comisión Europea, que en mayo de 2015 emitió un dictamen o "parecer" favorable al proyecto. El documento, firmado por Arias Cañete, no es vinculante.
Diga quien diga lo contrario, la apertura de la mina de uranio, en el oeste de Salamanca, es un proyecto ABERRANTE, y, que por sus efectos destructivos, cabe calificarlo de INSENSATO.
ResponderEliminarLÁSTIMA GRANDE que las Instituciones encargadas de la Administración de Justicia no ponga orden en este despropósito real con la aplicación de una justicia real, fundada ciertamente en la legitimidad jurídica, pero sin hacer dejación de esa sabiduría capaz de comprender por naturaleza qué es lícito y qué no lo es y que está al alcance de tod@s: EL SENTIDO COMÚN.
Mas de lo mismo, la justicia sólo tiene razón cuando os la da a vosotros
ResponderEliminarLa mina se abrirá sí o sí....no hay nada que hacer!
ResponderEliminarLa Administración de Justicia tiene razón CUANDO LA TIENE: es decir cuando además de respetar la norma dada,respeta la realidad tal cual es; dicho con más precisíon: cuando respeta el"de suyo de la ralidad", no cuando me la dé a mí o al vecino.
ResponderEliminarYa, bueno eso que se abrira habra que esperar, la justicia es lenta, pero en el camino espero que reine la sensated, las centrales nucleares no son la panacea, luchemos por las energias limpias y no destruyamos el medioambiente y mientras tanto el que quiere la mina y se pronuncia en este bolg a favor que se apunte a los cursos que ofrece el ayuntamiento de Villavieja, que es lo que hacemos muchos en esta vida, buscando otras alternativas y buscandonos la vida, que nadie a dicho que sea facil, ya lo demostraron nuestros padres, abuelos, etc.
ResponderEliminarNO A LA MINA Y POR UNA SOLUCION INMEDIATA, A ESTA LUCHA INTERMINABLE, AH! Y MAS SERVICIOS EN LOS PUEBLOS, PARA QUE LA GENTE NO SE VAYA.