Almaraz "100 kilómetros de Portugal y río Tajo"
Retortillo "38 kilómetros de Portugal y río Duero"
Portugal denuncia a España por el almacén nuclear de Almaraz.
El Gobierno español se niega a realizar el estudio medioambiental y propone que sea el país vecino quien lo ejecute y financie. El Ejecutivo luso ha elevado una queja a la Comisión Europea, la primera entre ambos países en 30 años
De poco han servido las reuniones interministeriales, las quejas oficiales y extraoficiales, las manifestaciones ciudadanas frente al consulado de España en Lisboa, las amenazas diplomáticas y el frágil espíritu ibérico: España se ha negado a atender las protestas de Portugal en relación al futuro Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Almaraz (Cáceres). Al ministro de Medio Ambiente portugués, João Matos Fernandes, reunido el pasado 12 de enero en Madrid con su homóloga española, Isabel García Tejerina, le faltó tiempo para confirmar su peor amenaza: dos minutos después de terminar la reunión, con García Tejerina aún en el edificio, anunció a los medios que Portugal presentaría una queja ante la Comisión Europea.
Y cuatro días después ahí fue, la primera queja formal ante Europa presentada entre hermanos peninsulares en 30 años. La última, allá por 1986, fue presentada por Portugal ante la Unión Europea y obligó a España a recular en su intento de crear un cementerio nuclear en la salmantina localidad de Aldeadávila de La Ribera, en el río Duero.
La reclamación esta vez se refiere a la negativa por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de realizar el estudio de impacto medioambiental que Portugal estima necesario antes de la ejecución de las obras para el almacén. Según Portugal, este tipo de complejos debe contar con un estudio previo sobre posibles impactos medioambientales transfronterizos, lo que se recoge en el artículo 7 de la directiva 2011/92/UE del 13 de diciembre de 2011. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy no sólo se niega a realizar el estudio, sino que propone que sea el país luso quien se encargue de ejecutarlo y financiarlo.
En Portugal cunde la sensación de que a Mariano Rajoy le ha entrado el síndrome Donald Trump, y no están por la labor de financiar ningún estudio sobre una central de almacenamiento española para los residuos de una central nuclear española. En este escenario, o los portugueses pagan por el estudio, o el ATI sale sin él.
El Gobierno de España puede sentirse orgulloso de dos gloriosas proezas en su primer mes de 2017: la primera es haber puesto a todos los partidos del Parlamento portugués de acuerdo, sin fisura alguna, sobre un tema en particular –el desmantelamiento de Almaraz y su oposición al futuro ATI–. El país entero casi lo ha celebrado, tan poco acostumbrado a semejante homogeneidad dentro de la Assembleia; y la segunda, haber conseguido que los portugueses se sientan como mexicanos haciendo frontera con unos Estados Unidos cegados de megalomanía.
La batalla ahora no es “nuclear sí, nuclear no”, que, como en una guerra mundial, se mueve dividida fuera del campo científico en dos trincheras estancas, casi incomunicables salvo en escasas y navideñas ocasiones. En la mayoría de los casos todo depende de qué alto mando nos informe de las ordenanzas, ya es difícil tener una idea precisa sobre un tema tan científico y delicado. Pero más difícil aún es no tener una opinión partidaria sobre un debate tan urgente para esta generación y las que vendrán.
La batalla ahora es, por el contrario, casi exclusivamente diplomática, aunque con ramificaciones bien profundas: políticas, energéticas, económicas, financieras, sociales, medioambientales. España ha cerrado puertas y oídos y lanza la patata caliente a los despachos de Bruselas. De hecho, el secretario de Estado español para la Unión Europea, Jorge Toledo, anunció el mismo 16 de enero a su homóloga portuguesa, Margarida Marques, que ya se están colocando las primeras piedras del complejo de almacenaje. Toledo asegura que la obra tiene aún categoría de obra civil, a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear español emita, presuntamente, el informe que autorice el uso futuro como almacenamiento de residuos de combustible nuclear.
La negativa de España a atender las peticiones de Portugal le puede costar cara no sólo en dinero, sino también en un tiempo que cada vez es más precioso. Y quizá pueda costarle el propio ATI, porque, además de la queja formal ante la Comisión Europea, el pasado 30 de enero una iniciativa ciudadana presentó un recurso de alzada ante el Ministerio de Energía contra el informe medioambiental positivo que permitió la autorización del almacén –ya que en este informe no se había consultado a Portugal–. Si a este recurso no se le da respuesta en el plazo reglamentario de un mes, desembocará en un proceso contencioso administrativo en los tribunales ordinarios, lo que presumiblemente paralizaría la obra automáticamente.
Como explica Nuno Sequeira, miembro de la Dirección Nacional de la asociación portuguesa Quercus, las asociaciones y particulares en contra del ATI –y del alargamiento de la vida útil de la Central de Almaraz– están dispuestos a seguir con los “mecanismos usados hasta ahora: movilización social, conferencias, manifestaciones, comunicados de prensa y llamamientos a los órganos de poder central y local. También a la participación pública en consultas, procesos de licencias (…), y las quejas y procesos judiciales siempre son un recurso posible”.
¿Un almacén temporal… para residuos nucleares?
Los problemas que rodean la ejecución del ATI ponen al descubierto dos de las cuestiones más polémicas en torno a las centrales nucleares. Más allá de los posibles riesgos que puedan acarrear los fallos en las instalaciones antiguas y otras reminiscencias a un hipotético Fukushima, dos cuestiones levantan ampollas: el tratamiento de los residuos y el proceso de desmantelamiento de las centrales cuando haya que cerrarlas.
El Almacén Temporal Individualizado de Almaraz está proyectado en los terrenos al norte de la Central Nuclear, y su presupuesto alcanzaría los 24 millones de euros. Podrá albergar hasta 20 contenedores de almacenaje para el combustible gastado, y los contenedores estarían fabricados en hormigón y enterrados a dos metros bajo el suelo. Algunos sectores advierten contra la herencia que las generaciones futuras recibirán por culpa de nuestras actuales necesidades energéticas –más bien por no poder satisfacerlas de forma limpia–. El físico y activista antinuclear Paco Castejón aseguraba, en un encuentro en Cáceres previo a las manifestaciones que se sucedieron el año pasado contra el ATI de Almaraz, que los residuos nucleares “son una verdadera pesadilla. No hay una solución para esto y no sabemos qué hacer con ellos”.
Problemas de financiación
La financiación de la gestión de los residuos lleva tiempo en entredicho. Como asegura el físico Lozano Leyva, las centrales españolas están “amortizadas hace muchísimo tiempo, igual que las hidroeléctricas, que son las que producen energía más barata. Unos 20€/megavatio frente al coste total que hace unos días alcanzó los 100”. Sin embargo, el sistema de tasas por el que Enresa comenzó, en 2010, a recibir financiación de las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares no se ha actualizado en 7 años –Iberdrola, Nuclenor, Endesa, Unión Fenosa y HC Energía–. Ya en 2015 el Tribunal de Cuentas cuestionó este sistema de financiación, advirtiendo de que debían revisarse las tasas cada año si la empresa pública no quería enfrentarse a un agujero de 1.800 millones de euros en un futuro próximo.
Así las cosas, el conflicto diplomático entre España y Portugal por la idoneidad del ATI de Almaraz lleva de fondo, de forma clara, el desacertado intento de construir el ATC de Villar de Cañas y, por supuesto, el futuro de la propia Central Nuclear de Almaraz. Lo que parece claro es que Portugal tiene mucho que decir en este asunto, dado que la central está situada a sólo 100 kilómetros de sus fronteras, río Tajo arriba. Algunas iniciativas populares incluso han movilizado recursos civiles para monitorizar la radiactividad atmosférica en Segura, la localidad portuguesa más próxima a la Central de Almaraz. Según Manuel Costa Alves, uno de los promotores del proyecto Tajo Seguro, “la red oficial de recogida de datos de radiactividad atmosférica no es accesible en tiempo real (…), y es el río, y su cuenca hidrográfica, el vehículo de transporte de contaminantes radiactivos para Portugal”.
