Ciudadanos: “La gestión de la Junta de Castilla y León con la mina de uranio es de barra libre”
Moción de Ciudadanos de Salamanca sobre la mina de uranio para el pleno de mañana de La Salina
Ciudadanos de Salamanca, en la rueda de prensa celebrada en la jornada de hoy, ha dejado un contundente mensaje a la Administración regional por el papel que ha jugado en relación al desarrollo de la mina de uranio en el Campo Charro: “La gestión de la Junta de Castilla y León es de barra libre, sin control, sin precaución, ante la mayor mina a cielo abierto de Europa”.
El mensaje ha sido la principal conclusión que ha querido subrayar a los medios el portavoz de la formación naranja en la Diputación de Salamanca, Manuel Hernández, que ha estado acompañado por el diputado Jesús de San Antonio en un acto convocado con el objetivo de dar explicaciones sobre las mociones que llevarán al pleno que tendrá lugar mañana, entre ellas, la relacionada con el controvertido proyecto minero.
La rueda de prensa ha puesto en foco en la gestión al respecto protagonizada por la Junta, una gestión que no han dudado en calificar como “irregular” ya de entrada en la enumeración del primer motivo puesto sobre la mesa, vinculado con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA): “Para empezar no se ha tenido en cuenta que el proyecto minero a cielo abierto está en un espacio que pertenece a Red Natura 2000, esto es, el principal instrumento de conservación de la Unión Europea. Y en una zona de especial protección para las aves”, ha destacado Ciudadanos, que además ha criticado la no exigencia de “garantía financiera” que sirva de protección para el cumplimiento de lo previsto en la DIA. “Están diciendo que la garantía será la misma que el aval de restauración, pero son conceptos distintos, de forma que esta situación ha permitido que la empresa haya construido una carretera de cuatro kilómetros para acceso a la mina sin haber depositado ninguna fianza para labores de restauración del terreno, como pueden ser, por ejemplo, reforestar y la eliminación del firme, una vez finalizada la explotación”, han subrayado antes de desvelar el dato de que la empresa también ha realizado una “excavación de unos 200 por 200 metros y la tala de cerca de un millar de encinas sin haber depositado aval alguno“. Por último, han criticado que se haya aprobado la DIA así como el otorgamiento de la concesión minera “sin contar con el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre disponibilidad del agua, que se emite en marzo de 2016 aunque de forma favorable al promotor, una irregularidad prohibida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que podría derivar en la nulidad de tales resoluciones”.
La gestión “irregular” en relación al traspaso de las reservas de uranio del Estado a una empresa privada ha ido en el segundo lugar del acto, que ha sido ampliada por Ciudadanos señalando que “la exploración de uranio arranca con la solicitud de distintos permisos de investigación sobre terrenos francos y registrables en las provincias de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Guadalajara y Barcelona, concentrándose la mayoría de los esfuerzos en la provincia salmantina y Cáceres. No obstante, la conclusión de los expertos de ámbito internacional ha sido que estos yacimientos no son viables ni sostenibles“, una valoración, sin embargo, ha tenido como respuesta por parte de Berkeley la continuación de la exploración de los planes de reabrir la plantada de tratamiento de uranio en Retortillo que, siempre según Ciudadanos, “se alimentará con el mineral procedente de las Reservas del Estado que ya considera suyas y del pequeño yacimiento anexo de Retortillo para el que presenta el estudio de impacto ambiental y solicita concesión de explotación para el proyecto de Retortillo-Santidad”.
Tras concluir el punto anterior con el resumen de que se han traspasado Reservas del Estado a una empresa privada “sin concurso público“, en el comunicado de la intervención enviado por Ciudadanos a este medio, se añade, en tercer y último lugar, la vinculación señalada de la gestión irregular en relación al establecimiento de los avales de restauración.
“En el cálculo del aval de restauración, la DIA emitida por la Junta no ha fijado ningún aval para la protección del medio ambiente. Y estableciendo un sistema de avales por fases o diferido en el tiempo con una carencia temporal que permite a la empresa operar sin aval alguno hasta que inicie la producción de su planta de tratamiento. Todo ello constituye una irregularidad”, es la conclusión de Ciudadanos, que, por lo tanto, habla de, entre otras infracciones del ordenamiento jurídico, la de una directiva europea. “En la misma línea el importe del aval de restauración exigido por la Junta parece inusualmente bajo puesto que la propia Enusa anuncia en su web que el coste acumulado de restauración de la mina Fe de Salamanca e instalaciones anexas asciende a unos 150 millones de euros, esto es, aproximadamente 54 veces más que lo solicitado por la Junta a Berkeley“.
“Todo ello nos hace concluir que la gestión de la Junta de Castilla y León es de barra libre, sin control, sin precaución, ante la mayor mina de cielo abierto de Europa”, han señalado Manuel Hernández y Jesús de San Antonio.
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