Boada, Retortillo -donde cambia el color del Ayuntamiento- y Villavieja de Yeltes hacen frente común contra el proyecto minero -
El resultado electoral del pasado domingo en Boada, Retortillo y Villavieja de Yeltes, localidades sobre las que se asienta el yacimiento de uranio Retortillo-Santidad que pretende explotar la empresa minera Berkeley, trunca los planes de la empresa al toparse con una oposición todavía mayor que hasta la fecha. Tras el cambio en Retortillo, donde el PSOE ha dado un vuelco en las urnas al triplicar los resultados y lograr la mayoría absoluta, los regidores de los tres municipios son contrarios al proyecto minero.
En algunos casos, como el de Villavieja de Yeltes, su alcalde Jorge Rodríguez era en un principio cauto. A medida que ha ido recogiendo el sentir ciudadano ha hecho más ostensible su oposición al proyecto hasta el punto de verse obligado a acudir a la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para conocer los detalles del proyecto minero ante la negativa de la empresa a facilitar la información complementaria que se vio obligada a presentar al Consejo de Seguridad Nuclear en marzo del pasado año al advertir “carencias significativas que deberán ser subsanadas antes de reanudar el proceso de licenciamiento de la autorización previa de la planta”.
El pasado mes de febrero, la Junta de Castilla y León rechazó la solicitud presentada por Berkeley para tramitar como dos expedientes distintos el proyecto de explotación de la mina de uranio a cielo abierto de Retortillo-Santidad.
La empresa pretende separar, por un lado, el expediente de Retortillo y por otro el de Villavieja. La plataforma Stop Uranio aseguraba hace unos meses que en el primero de los casos contaba con el beneplácito del Ayuntamiento “pues varios concejales tienen relación laboral con la empresa minera”. Ahora, y pese a no lograr representación EQUO, que concurría a las elecciones, las reglas del juego pueden haber cambiado. En el caso de Villavieja de Yeltes, la oposición municipal es patente desde que descubrió que Berkeley les había ocultado información sobre el tratamiento de los residuos mineros resultantes “que deberían ser tratados como residuos radioactivos de primera categoría y no como residuos inocuos, como la empresa minera pretendía hacer creer”, recordaba Stop Uranio que habla de la compra de voluntades políticas en la zona.
Stop Uranio recuerda que el proyecto minero fue presentado en su día en la Junta de Castilla y León, en el Ministerio de Industria y en el Consejo de Seguridad Nuclear como único; es decir, como un solo proyecto. Dividirlo ahora en dos, entiende la plataforma ciudadana, “debería servir para obligar a la empresa minera a empezar otra vez de cero, máxime cuando las razones que da Berkeley no parecen ser otras que la defensa de intereses empresariales ocultos que tienen mucho que ver con la recalificación de terrenos”.
Asegura Stop Uranio que la minera australiana “ofende al sentido común, atenta contra el medio ambiente y la salud de las personas y vulnera la legislación europea”.
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