Ya pasó con la prórroga de la central nuclear de Garoña y ahora se repite la misma historia en Salamanca. El CSN accede sin reparos a los intereses del lobby nuclear español. Berkeley ha conseguido la aprobación del organismo a través de un informe necesario desde el punto de vista de la protección radiológica para poder otorgar la concesión de explotación del proyecto Retortillo-Santidad, aunque eso no significa en ningún caso la luz verde definitiva a la propuesta, pues todavía está pendiente de aprobarse la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Junta de Castilla y León.
A pesar de las reformas por las que ya ha pasado el CSN, esta organización sigue actuando teledirigida desde el ámbito pronuclear y el poder de turno, habiéndose convertido en un mero apéndice de la industria más peligrosa y contaminante.
GAROÑA, EL MEJOR EJEMPLO
Ya en su momento, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denunció que el Ministerio de Industria se “había plegado” a las presiones del lobby nuclear “poniendo en un brete a sus propios técnicos, obligados a emitir un informe en 5 días laborables” cuando el pasado el Ministerio de Industria solicitó al CSN un informe sobre la petición de Nuclenor (propietaria de Garoña) de un nuevo plazo para poder evaluar si alargaba el funcionamiento de la planta, que expiraba el 6 de julio.
Castejón afirmó en aquel momento que: “la imagen que proyecta el CSN a nivel nacional e internacional no puede ser más nefasta; teníamos a media Europa mirando a nuestro regulador y nos lo hemos cargado”.
Greenpeace también lamentó entonces la pérdida de credibilidad del CSN, “obligado a una decisión política en materia de seguridad nuclear”, afectando negativamente “al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones, y a la evaluación de las modificaciones tanto del plan de cese de la explotación; como del nuevo proceso inédito abierto; como del plan de acción relativo a las pruebas de resistencia que tienen aprobado y en ejecución”. Para el grupo, prevalecieron los intereses económicos de Nuclenor sobre la protección de la población y el medio ambiente.
El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, también explicó que la decisión adoptada tenía una lectura muy negativa, en el sentido de que “el CSN no ha tomado una decisión basada en criterios técnicos sino ideológicos”.
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