EL CSN NO DEBE AVALAR LA CONTINUIDAD DE LAS LICENCIAS DE LA MINA DE URANIO DE BERKELEY

ESTA MINA NO SALDRÁ ADELANTE

El tortuoso proceso pendiente por resolver para que salga adelante el proyecto de la minera australiana Berkeley, en el que figuran varias explotaciones en la zona así como una planta de tratamiento. Entre los más relevantes, Berkeley debe resolver el reciente rechazo a la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Retortillo, y aún está pendiente del informe del CSN sobre el almacenamiento de los desechos. El último paso sería la autorización por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. No obstante, según indicó un portavoz de la Coordinadora No a la mina de uranio citado por la agencia Ical, Teresa Ribera les aseguró de forma extraoficial que la mina no saldrá adelante.

Ahora, según se desprende del voto particular que ha hecho llegar el consejero del CSN Jorge Fabra, uno de los miembros del Pleno, el 19 de diciembre de 2018. 

Unificar el proceso

El voto particular no cuestiona esta evaluación técnica, pero pide que los expedientes en curso (sobre las explotaciones, la planta de tratamiento y el almacenamiento) sean refundidos en uno solo. «Este consejero considera que no debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes hasta que el Pleno no haya deliberado y tomado una decisión sobre cómo unificar, armonizar y homogenizar todos los expedientes relacionados tanto con las explotaciones mineras de Retortillo y Zona 7, como con la planta de tratamiento del mineral extraído y el almacenamiento definitivo de sus residuos radiactivos», dice el texto.

 

Una consideración que, a juicio del consejero, no implicaría la paralización de los trabajos del CSN sino «su acumulación en un informe final que apreciara y se pronunciara sobre las afectaciones radioactivas y radiológicas sobre las personas y el medioambiente del conjunto de las actuaciones implicadas. Y esto con objeto de evitar cualquier presunción, en un sentido o en otro, de que el proceso de licenciamiento progresa irremediablemente hacia una decisión final, que, a día de hoy, carece de todo fundamento».

 

Además, en el voto particular, Fabra concluye que «sería muy conveniente aclarar en qué situación se encuentran los diferentes expedientes administrativos instruidos por las diferentes administraciones públicas involucradas en este proyecto, así como si las competencias ejercidas por unas u otras han sido adecuadas a derecho a la vista de la complejidad que ha ido adquiriendo el proyecto». Entre los procesos administrativos se encuentra el rechazo de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Retortillo, la declaración de impacto ambiental concedida por la Junta de Castilla y León en 2014 (y con validez de cinco años), así como varios procesos judiciales abiertos.