LA AUDIENCIA NACIONAL ADMITE A TRÁMITE UN RECURSO CONTRA LA AUTORIZACIÓN QUE DIO EL MINISTERIO DE INDUSTRIA A BERKELEY

La Audiencia Nacional estudiará la legalidad de la mina de uranio de Salamanca

El tribunal admite a trámite un recurso contra la autorización que dio el Ministerio de Industria

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el polémico proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Industria concedió hace unos meses el permiso previo de instalación radiactiva a la planta de fabricación y residuos, que dos colectivos ecologistas recurrieron. El proyecto de la minera Berkeley, en una zona despoblada cercana a Portugal, pretende abrir la que sería la única explotación a cielo abierto de uranio de toda Europa.

La Audiencia Nacional va a estudiar la legalidad de la autorización previa que el Ministerio de Industria concedió a Berkeley en septiembre pasado. El proyecto de la empresa australiana consiste en extraer el mineral de uranio y tratarlo (enriquecerlo) en una instalación que se construiría a pocos metros de la mina, entre los pequeños municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes. La última planta de fabricación de concentrados de uranio en España dejó de funcionar en 2003. 

El proyecto es controvertido no solo por su repercusión medioambiental sino también por la participación en él de Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Lamela ha asesorado a Berkeley ante la Comisión Europea, que en mayo de 2015 emitió un dictamen favorable al proyecto. Lo firmaba Cañete.

La Audiencia Nacional ya ha requerido al Ministerio de Industria que le envíe los expedientes administrativos del proyecto y que notifique a la empresa que se inicia el pleito para que se persone como demandada, según el decreto al que tuvo acceso EL PAÍS.

Como el proyecto de Berkeley se considera instalación radiactiva de primera categoría, la tramitación sigue los mismos pasos que con una nueva central nuclear. Por ahora tiene la autorización previa de Industria, que es lo que han recurrido Equo y Ecologistas en Acción. “Vamos a argumentar que la declaración de impacto ambiental que le dio la Junta de Castilla y León no vale porque la tiene que hacer el Estado”, explicó el abogado de ambos grupos, Manuel Serrano.

“También alegaremos que, como el proyecto se desarrolla a pocos metros de Portugal, era obligatorio consultarle”, añadió. “Con esta admisión a trámite conseguimos que Berkeley no adquiera derechos y esperar a que un nuevo Gobierno pueda rectificar”, señaló Serrano.

Varios eurodiputados españoles han preguntado a la Comisión Europea por este proyecto, tanto por su cercanía a espacios naturales protegidos como por el papel que ha jugado el ahora comisario europeo Arias Cañete. 

ELENA G. SEVILLANO. Periodista del equipo de investigación. elpais.com